En primera línea Emilio Contreras

No son unas elecciones más

Éstos serán los comicios más decisivos desde 1977. Ese año se celebraron para establecer la democracia; los de este año serán para defenderla

Desde que el 15 de junio de 1977 los españoles recuperamos el derecho a elegir a quienes nos gobiernan, hemos votado en casi cincuenta ocasiones entre elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas, además de varios referendos. En todas hemos tenido que elegir entre programas distintos para abordar la ordinaria gobernación del país, en ocasiones con duros enfrentamientos entre los partidos en liza, pero nunca, como haremos este año, para defender la continuidad de España como nación y la vigencia de la Constitución de 1978. Las elecciones de mayo y diciembre no serán unas elecciones más. Si las de 1977 se hicieron para establecer la democracia, las de 2023 serán para defenderla.

Las cosas empezaron a cambiar radicalmente en enero de 2020 con el Gobierno de coalición entre socialistas, populistas y comunistas, apoyados por separatistas y por los herederos de ETA. Ahora no se trata de elegir entre un programa u otro para afrontar los problemas políticos, económicos o sociales de España; se trata de hacer frente a los que quieren acabar con el orden constitucional y con la unidad de la nación. Nunca desde 1977 habían tenido la posibilidad de conseguirlo, pero la estrategia de supervivencia política del presidente del gobierno –o lo que sería más grave, un proyecto que aún no ha salido a la luz– está dando a los separatistas poder suficiente para lograr lo que nunca han ocultado.

En defensa de la Constitución — Lu Tolstova

Si alguna cualidad han tenido los independentistas desde hace casi un siglo ha sido la de decir con claridad lo que quieren. Ahora aprovechan la debilidad parlamentaria del Gobierno para conseguirlo. Pere Aragonés afirmó en diciembre de 2019: «Nunca tendremos un Gobierno más débil que éste» e insistió en su discurso de investidura el 21 de mayo de 2021 en que había que «hacer inevitable la autodeterminación y la amnistía». Junqueras dejó clara su estrategia el 21 de junio de ese año: «Los indultos demuestran la debilidad de los aparatos del Estado… son el preludio de la derrota que sufrirá España». Y en el congreso que Esquerra celebró el pasado 28 de enero se aprobó exigir el referéndum para la independencia, que sería vinculante si los votos favorables representaran solo el 27,5 por ciento del censo electoral.

Hay un problema añadido, y es que las cesiones del presidente a los separatistas han encontrado el terreno abonado en el Partido Socialista de Cataluña, que desde hace decenios protagoniza un acercamiento y una afinidad evidentes con ellos. En 2003 Pascual Maragall pactó un gobierno de coalición con Esquerra Republicana de Cataluña y nombró vicepresidente de la Generalitat a su secretario general, José Luis Carod Rovira. Cuando en 2012 se votó en el Parlament la declaración de soberanía al comienzo de la legislatura, una cuarta parte de los diputados del PSC se abstuvieron, desobedeciendo a la dirección del partido que ordenó el voto en contra. Tras las elecciones municipales de 2019, el PSC pactó con ERC y JxCat el gobierno de 34 ayuntamientos y de la Diputación de Barcelona. El pasado miércoles los socialistas catalanes dieron su apoyo a los presupuestos de la Generalitat y aseguraron la estabilidad del gobierno de Aragonés. A cambio, Esquerra apoyará a Pedro Sánchez hasta el final de la legislatura.

En junio de 2021 el presidente del Gobierno comenzó a escribir la historia de una cesión con los indultos a los dirigentes catalanes condenados por el intento separatista de 2017. Y en 2022 rompió la piñata. Se hizo una reforma del Código Penal a la medida de los delincuentes y se eliminó el delito de sedición, que abre el camino de la impunidad a quienes lo vuelvan a intentar. Se atenuaron las penas por el delito de malversación. Se cambiaron los quórums y se suprimieron las mayorías cualificadas en el Consejo General del Poder Judicial. Se intentaron reformar las leyes orgánicas del TC y del CGPJ valiéndose del atajo de las ‘proposiciones de ley’, que limitan los debates en el Congreso y excluyen los dictámenes jurídicos de los más altos órganos consultivos del Estado. Y el gobierno permanece inmóvil cuando la Generalitat incumple la sentencia que obliga a impartir el 25 por ciento de las clases en castellano.

Estas son las monedas con las que el presidente paga la factura que los separatistas le están pasando a cambio de su continuidad en la Moncloa. Solo les queda conseguir el referéndum de independencia que se celebraría acogiéndose al artículo 29.6 del Estatut, si Pedro Sánchez continuara como presidente del gobierno tras las próximas elecciones generales.

Cierra el círculo de cesiones el pacto con los herederos de ETA con el pretexto de que han abandonado el terrorismo, y en el gobierno se niegan a aceptar que tienen pendiente un recorrido ético que hacer.

El futuro de nuestro país está en manos de sus ciudadanos. Las elecciones de este año no serán unas elecciones más porque está en riesgo la supervivencia del orden constitucional y que España siga siendo una nación.

Lo que tardó siglos en forjarse acabarán demoliéndolo en un instante si no lo defendemos.