España, un éxito que no debe ser efímero
El embate que está sufriendo el orden constitucional surge por primera vez desde dentro del sistema: del Gobierno y de sus socios parlamentarios
Nunca en los últimos 45 años ha habido un temor tan extendido a que se desmonte el sistema constitucional de 1978. Es un temor transversal e indiciario de que se cierne una amenaza emboscada y sutil, y por ello más peligrosa, contra los pilares del único sistema que ha asegurado la convivencia política y la libertad en siglo y medio.
En 1978 los españoles decidieron dejar atrás un pasado de enfrentamientos cainitas y pusieron todo su empeño en quitarse de encima el amargo marchamo de José Lezama Lima cuando escribió: «En España la sangre siempre llega al río». Estos años no han hecho de nuestro país una Arcadia feliz, pero sí una Arcadia en paz. Hemos sido testigos de duros debates políticos, pero con la estabilidad de fondo de quienes respetan la letra y el y espíritu de la Constitución y los usos y prácticas no escritos, que son un pilar esencial en toda democracia consolidada.
El sistema de 1978 ha sufrido fuertes embates desde el momento de su instauración: las secuelas de las dos crisis del petróleo, de 1973 y 1978, el intento de golpe de Estado de 1981, las crisis financieras y de deuda de 2008 y 2010, la pandemia de la Covid y la guerra en Ucrania, que provocó una durísima subida de los precios. Estos embates, junto a la permanente amenaza asesina de ETA, han sido la prueba de resistencia del sistema. Pero todos ellos, menos el de 1981 que se abortó en horas, vinieron de fuera y el sistema les ha ganado el pulso. Aunque no sin dificultades, porque el malestar social provocado por las crisis económicas, la aparición de partidos radicales, algunos de ellos abiertamente contrarios a la Constitución, y una fragmentación de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados han generado gobiernos inestables y débiles.
Pero el embate que estamos sufriendo ahora es mucho más grave porque surge desde dentro del sistema: del Gobierno y de sus socios parlamentarios. Nunca en 40 años, hasta que llegó Pedro Sánchez, el Gobierno de la nación había estado en manos de los partidos separatistas que quieren destruirla. Nunca un partido político ha estado dispuesto a pagarles el precio que pidan con tal de mantenerse en el poder. Ni nunca se pudo sospechar que esa operación la fuera a liderar el Partido Socialista, poniendo en peligro el sistema que contribuyó a crear.
Esta afirmación no se basa en un alarmismo sin fundamento o en una paranoia catastrofista; es la percepción de una evidencia. Cuando se cumplen 45 años de que los españoles ratificaron la Constitución en referéndum, estamos asistiendo a una estrategia deliberada para eliminar la posibilidad de alternancia en el poder, controlando todos los poderes del Estado y levantando un muro frente a la oposición. El objetivo es perpetuar un gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez con todo lo que está a su izquierda, más los separatistas.
Los hechos lo están confirmando. Para contentar a Junts y a ERC se eliminó el delito de sedición, se rebajó el de malversación, y están en marcha la ley de amnistía y las negociaciones en Ginebra y en Cataluña. Y aún nos queda por saber qué esconde el pacto oculto con Bildu. Para eludir los controles legales y parlamentarios de una democracia se abusa de los decretos ley y de las proposiciones de ley, y se coloca a personas afines al frente de los servicios jurídicos del Congreso y al ex ministro de Justicia y una ex alto cargo de Moncloa en el Tribunal Constitucional. Se eluden los dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Y para estar aún más seguros de su incondicionalidad se nombra Fiscal General del Estado a quien el Tribunal Supremo considera como persona no idónea, y presidenta del Consejo de Estado a quien no es ‘jurista de reconocido prestigio’, como exige la ley, y es destituida por el Supremo. Se desprestigia a los jueces, y el gobierno les acusa de lawfare, que es la versión pedante de la palabra prevaricación. Se acuerda la creación de comisiones parlamentarias para investigar a los magistrados, y cuando se defienden de estas acusaciones hay medios que hablan de «conjuras de togas».
Si alguien tenía dudas, Pedro Sánchez se quitó la careta tras las elecciones del 23J. La amnistía y las negociaciones del PSOE con Junts en Ginebra, con verificador internacional incluido, como si se tratara de resolver un conflicto entre dos naciones soberanas, han levantado una ola de indignación en el país que va más allá de las adscripciones ideológicas.
Es la protesta airada de los que no quieren que el sistema del 78 sea la historia de un éxito efímero. Porque España solo será lo que quieran los españoles y no lo que quiera un gobierno apoyado por nueve partidos, que acabará teniendo su mármol y su día.
- Emilio Contreras es periodista
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