Acta de rendición
Las cesiones de Sánchez son una humillación sin precedentes, un acta de rendición del Estado ante quienes quieren destruirlo.
En los últimos 46 años nunca un gobierno ha generado un sentimiento de inquietud y preocupación tan hondo como el que estamos viviendo. En ese tiempo hemos sido testigos de fuertes enfrentamientos políticos, pero nunca corrió por el sistema venoso de la sociedad española la sensación de que asistimos a un embate de fondo para desmontar la unidad del país y el único sistema político que nos ha dado estabilidad y progreso en siglo y medio.
El orden constitucional que se estableció en 1978 se basó en un acuerdo tácito pero firme entre la derecha democrática y la izquierda socialdemócrata, marginando a radicales y separatistas, para asegurar la alternancia en el poder, según decidiera la voluntad de los españoles en unas elecciones libres.
Pero visto con la perspectiva de los años, ese pacto no escrito saltó por los aires el 14 de diciembre de 2003 cuando Pascual Maragall, por el PSC, firmó el Pacto del Tinell con los separatistas de ERC y los neocomunistas de IC-Los Verdes. En él se comprometieron «a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado y en el Govern» y a desmontar el orden constitucional con «el establecimiento de un marco legal nuevo donde se reconozca el carácter plurinacional del Estado».
Ese es el germen del proyecto que hoy comparten los dirigentes socialistas, separatistas y comunistas para acabar con el sistema constitucional y con los pactos que han dado la mayor estabilidad histórica a nuestro país. Ese «tripartito» gobernó Cataluña hasta 2010, pero el proyecto, antes subterráneo y larvado, está ahora más vivo que nunca. Siempre que han podido se han coaligado para gobernar en decenas de ayuntamientos catalanes e incluso en la Diputación de Barcelona. Este proyecto compartido encontró una nueva oportunidad cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y ha mostrado ahora su rostro más inquietante.
Los separatistas no engañan a nadie. Pero Pedro Sánchez sí lo ha hecho. El 4 de noviembre de 2019 dijo: «Me comprometo, hoy y aquí, a traer a Puigdemont a España y a que rinda cuentas ante la justicia». Dos días después: «Puigdemont es un prófugo de la justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo». Hace un año: «Este gobierno no va a aceptar ni el referéndum ni la amnistía porque no entran en la legislación ni en la Constitución». Y el 20 de julio: «No han tenido amnistía. No hay referéndum ni lo habrá». En vista de lo cual, PSOE y Junts firmaron el jueves un acuerdo que supone una bajada de pantalones hasta los tobillos, y un acta de rendición del Estado sin precedentes.
Para legitimar el engaño organizó una consulta a la militancia, cuyo resultado –95.000 votos favorables en un país con un censo electoral de 37,5 millones de españoles– no es un cheque en blanco a Pedro Sánchez, sino una alicorta coartada para encubrir lo que ocultó antes de las elecciones y hacer ahora lo contrario de lo que prometió. A este cambio radical lo llaman hacer de la necesidad virtud. No; es hacer de la conveniencia humillación.
Este panorama ha generado un sentimiento de preocupación que ha ido calando entre la ciudadanía. Son cada vez más los que ven el riesgo de que España se convierta en una nación rota y en una versión europea de la Venezuela chavista. Pero no está todo perdido.
Hace 2.300 años Pirro, Rey de Epiro, puso en jaque el poder de Roma. Fue el primero en utilizar elefantes como máquinas de guerra e infligió al ejército de la República dos derrotas en las que sus tropas tuvieron también enormes pérdidas. Hasta que en 274 a.C. él, que iba de triunfador por la vida con sus «victorias pírricas», fue derrotado en la batalla de Benavento cuando sus propios elefantes se volvieron contra sus hombres.
Y eso mismo acabará ocurriendo en España. Porque nunca un Gobierno se ha visto tan cuestionado como el de Pedro Sánchez. Nunca ha habido tantas manifestaciones en las calles, protestas en las redes sociales, denuncias en los juzgados, apelaciones ante la Unión Europea, críticas en la prensa, advertencias de jueces, fiscales, inspectores de Hacienda y otros servidores del Estado, manifiestos de instituciones y ciudadanos de la mayor relevancia.
El modelo chavista, que no queremos para los venezolanos, tampoco lo queremos para nosotros.
Por eso, cada día crece el clamor de los nuevos indignados, esa mayoría pacífica que está en contra de la violencia callejera de las minorías radicales que hacen el juego al gobierno y a sus socios.
Son los españoles que ven cómo se quiere tirar por la borda lo que tanto esfuerzo costó levantar. Y el mismo empeño que pusieron sus padres y abuelos en construirlo, lo están poniendo sus hijos y nietos en defenderlo.
- Emilio Contreras es periodista
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