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24 de abril de 2024

En primera líneaEmilio Contreras

Habla, pueblo, habla

La concesión de la amnistía a los golpistas catalanes a cambio de sus votos es un asunto de tanta relevancia política y moral que no se debería acometer sin consultar antes a todos los españoles en referéndum, no solo a los militantes socialistas

Actualizada 01:30

España está viviendo la crisis institucional más grave desde que se restauró la democracia en junio de 1977. Amnistiar a quienes trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña está provocando una tensión sin precedentes en el seno de la sociedad española.
El debate ha girado hasta ahora sobre si la Constitución y las leyes permiten que se otorgue la amnistía. Pero el problema de fondo que plantea esa decisión de Pedro Sánchez va más allá porque no es jurídico; es de mucho más calado. La cuestión previa es política y ética, y los aspectos de técnica jurídica vienen después. ¿Debe Pedro Sánchez conceder la amnistía a los dirigentes separatistas a cambio de que sus partidos –ERC y Junts– le apoyen en su investidura? ¿Es éticamente aceptable que se amnistíe a quienes intentaron dar un golpe de Estado? ¿Es justo tomar esa decisión solo porque interese a un candidato? ¿Afecta o no a la dignidad del Estado tomar esa decisión cuando los condenados pregonan a los cuatro vientos que lo volverán a hacer? Una vez que se haya dado respuesta a estas preguntas es cuando hay que plantearse si la amnistía cabe en nuestro ordenamiento jurídico.
Y a estas preguntas solo debe responder el pueblo español en referéndum. Ha llegado el momento de que los ciudadanos hablen y se pronuncien a favor o en contra del plan de Pedro Sánchez. Que el pueblo soberano tome la palabra y decida con su voto. Todos los españoles, y no solo la militancia socialista y de Junts, como se nos ha anunciado. ¿Por qué el derecho a pronunciarse sobre algo tan grave va a quedar reducido al privilegio de una minoría exigua? Si tan seguro está el presidente de que el pueblo apoya su decisión, no debería temer someterla a su veredicto. El presidente tendría que comparecer ante la ciudadanía y pedirle que acepte su propuesta. Hay, además, un hecho que refuerza lo que digo, y es que la amnistía no estuvo en el programa electoral del PSOE, y se hurtó a los electores la oportunidad de pronunciarse el 23-J sobre un asunto de ese calibre. Si ahora el presidente lo considera indispensable, debería dirigirse a los ciudadanos para explicarles el porqué de un cambio de opinión tan radical.
El artículo 92 de la Constitución reconoce a los españoles el derecho a ser consultados: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Y la Ley Orgánica 2/1980 que regula el referéndum dice que «el referéndum consultivo requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados a solicitud del presidente del Gobierno». Que los españoles zanjen y diriman con su voto la polémica política que nos divide y nos enfrenta.
Ilustración: pueblo español

Lu Tolstova

La prudencia aconseja que el Gobierno debería esperar a que la ciudadanía se pronunciara. Una vez celebrado el referéndum tendría que valorar su resultado y, aunque no sería vinculante, decidir si lleva o no el proyecto o proposición de ley a las Cortes para tramitarlo y aprobarlo. Hacerlo al mismo tiempo provocaría una tensión aún mayor que la que se pretende evitar.
Hay un precedente. El 12 de marzo de 1986 los españoles fueron convocados para votar en referéndum sobre si España debía permanecer o no en la OTAN. El PSOE se había opuesto al ingreso y a la permanencia cuando estuvo en la oposición y en la campaña electoral que lo llevó al poder en 1982; «OTAN de entrada NO» decía su lema. Una vez en el Gobierno, Felipe González cambió radicalmente de opinión y, aunque no tenía la obligación legal de hacerlo, decidió explicar a los españoles las razones de ese cambio y pedirles su apoyo. Ganó el envite y España siguió en la Alianza Atlántica. El ejemplo a seguir está claro.
Se me dirá que este referéndum dividiría y enfrentaría a los ciudadanos. Y le respuesta es ¿no están ya divididos y enfrentados por este asunto? Desgraciadamente, lo están como no lo habían estado en muchos decenios. Hasta tal punto, que el enfrentamiento ha llegado incluso hasta las entrañas del PSOE, con la discrepancia de muchos de sus más destacados líderes, que consiguieron que un partido con solo 500 afiliados en 1973 ganara unas elecciones generales nueve años después con 202 diputados. Algo tendrán que decir y algún peso deberían tener sus opiniones frente a quienes pueden exhibir como único éxito un resultado máximo de 123 diputados en 2019.
Hay, sin embargo, un precedente cargado de riesgo, aunque lejano en el espacio y en el tiempo. Cuando De Gaulle perdió el referéndum en 1969, se consideró desautorizado por los franceses y, en un gesto cargado de dignidad, dimitió como presidente de la República y se fue a su casa de Colombey-les-Deux-Églises. Aquí no pedimos tanto. Solo que los ciudadanos podamos decir lo que pensamos sobre la amnistía como moneda de cambio para seguir en el poder. Solo eso.
En diciembre de 1976 Adolfo Suárez convocó un referéndum –éste sí fue vinculante– para que los españoles decidieran con su voto si querían abrir el camino de la libertad. La campaña electoral corrió de la mano de un lema que la gente tarareaba con esperanza: «Habla, pueblo, habla; habla, pueblo, sí; no dejes que nadie decida por ti». Porque como dice un cante de mi tierra: «Voz del pueblo, voz del cielo».
Escúchela, señor presidente.
  • Emilio Contreras es periodista
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