Los españoles, sin lengua común

El PSOE ha votado en el Congreso a favor de la toma en consideración de la llamada «Proposición de Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado», registrada por la ultraizquierda y los separatistas.

El significado real del título es el siguiente: Proposición de Ley Orgánica para acabar con el español como lengua oficial y común de todos los españoles, y pisotear los derechos de los ciudadanos en toda España, así como lo llevamos haciendo desde hace décadas en las comunidades autónomas.

El Partido Socialista Obrero Español se alinea así con sus socios separatistas para acabar con el español como lengua común de todos los españoles.

Aquellos que llevan décadas pisoteando los derechos y las libertades de los hispanohablantes en los territorios bilingües, pretenden vender esta aberración legislativa como garantía para los derechos lingüísticos. Los agresores lingüísticos, los que multan a los comercios por no rotular en catalán, los que imponen requisitos lingüísticos excluyentes para acceder a la función pública, incluso a los médicos, los que discriminan a las familias que quieren escolarizar a sus hijos en español, dicen que lo hacen para garantizar los derechos lingüísticos. Cínicos.

Si finalmente, tras su tramitación, se aprueba esta ley, las lenguas cooficiales regionales tendrán, de facto, un estatus de oficialidad en todo el territorio nacional. Al respecto, el artículo 3 de la Constitución es clarísimamente contrario a esta posibilidad. Establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado, y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Deja claro que las lenguas regionales cooficiales solo lo serán en sus territorios.

El desprecio habitual de la izquierda por el orden constitucional y a la legalidad vigente alcanza aquí sus mayores cotas. No solo esta proposición choca frontalmente con el artículo 3, también con la doctrina del Tribunal Constitucional. Como la recogida en la sentencia 31/2010, que declaró inconstitucional la potestad de dirigirse en catalán, y por extensión, en cualquier lengua cooficial, a los órganos jurisdiccionales del Estado.

Supongo que, con el actual Tribunal controlado por el partido socialista, eso les importa poco, porque saben que este Tribunal, es, ahora, un órgano al servicio de los que quieren desmantelar España y su Constitución.

De ahí que propongan, nada más y nada menos, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, La Ley del Procedimiento Administrativo Común, la del Estatuto Básico del Empleado Público, la de Contratos del Sector Público, la Ley del Gobierno, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley para la Defensa de los Consumidores, la del Deporte, la de Tráfico, la Ley del Cine, la de Radio y Televisión, y, como no, la Ley de Educación, para que el español pase a ser, únicamente, lengua curricular. Es decir, que no sea lengua vehicular de enseñanza, sino una asignatura más, como historia o matemáticas. Que es lo que, en la práctica, ya sucede en Cataluña y en la mayoría de los centros públicos de Baleares. Ahora quieren blindarlo en una ley del Estado.

Si esta proposición de ley se aprueba, para poder trabajar se exigirán conocimientos lingüísticos de lengua cooficial regional al personal de la administración de justicia, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, del cine, la radio y televisión, de organismos reguladores, de portales digitales, de sistemas informáticos, de atención telefónica, etc… Por no hablar del coste millonario y la profunda reorganización administrativa sin precedentes que supondrá implementar un sistema quintilingüe.

No se libra nadie. También las empresas y los autónomos tendrán que adecuar su actividad al nuevo Estado plurinacional y plurilingüe.

Los separatistas llevan tiempo intentando conseguir que las lenguas regionales sean oficiales en todo el Estado, para argumentar que no existe lengua común de los españoles. Empezaron en el Senado, con el apoyo del PSOE y el visto bueno del PP, después en el Congreso, con sus millonarios pinganillos, cuando todos entienden y hablan español; y siguen intentándolo en la Unión Europea, con el PSOE como abanderado de la Torre de Babel.

Hemos llegado aquí por culpa de todos los gobiernos de la nación que han permitido la desaparición del español en los ámbitos públicos, sobre todo, en la educación, en las regiones bilingües. Los gobiernos autonómicos del PP y del PSOE han legislado en estos territorios como partidos separatistas. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Ahora nos enfrentamos al mayor ataque perpetrado contra la nación, desde dentro. Estamos a un paso de la eliminación del español como lengua común. Después vendrá la disolución de España en diferentes repúblicas. Una demolición del orden constitucional a través de una reforma encubierta de la Constitución, manifiestamente ilegal en todos los órdenes. Seguiremos combatiendo este proyecto de liquidación de España como nación y ámbito de libertad, en todos los frentes, y hasta sus últimas consecuencias. Es nuestro deber y el de todos los españoles.