Estrategia contra la Corona

El PNV presentó el pasado martes una proposición de ley para limitar la inviolabilidad del Rey a solo sus actos institucionales, aunque la Constitución es clara y tajante en este asunto. El artículo 56.3 dice que «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». No prevé una distinción entre actos privados y públicos, que tienen que ser refrendados por el presidente o sus ministros, y si no lo están carecen de valor. La Constitución española no es una excepción. La inviolabilidad plena de los actos públicos y privados del Rey está presente en las Constituciones de todas las Monarquías europeas, que son un ejemplo de democracia. Tiene como objetivo impedir una estrategia de acoso personal al Rey con denuncias falsas y amenazas policiales o judiciales que le forzarían, aunque no prosperaran por infundadas, a comparecer en los juzgados un día sí y otro también, con el consiguiente desgaste de la imagen de la Corona.

El PNV pretende hacer la reforma valiéndose del atajo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando solo existe el camino del artículo 168 de la Constitución, que exige mayoría de dos tercios en las Cortes, referéndum, disolución de las Cortes y elecciones generales. Así lo reiteró en dos sentencias de 2019 el Tribunal Constitucional y también lo advirtieron los letrados de las Cortes cuando el año pasado el PNV intentó forzar la misma reforma por ese atajo. Entonces emitieron un dictamen en el que afirmaban que suponía «un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura del Estado». El objetivo de esa argucia legal es esquivar los requisitos y trámites del artículo 168, más exigentes que los de la Ley Orgánica.

Pero no nos engañemos, ésta es una estrategia diseñada por los separatistas confesos y por los que lo son pero lo disimulan con una cierta doblez, cuyo fin es debilitar la figura del Rey y desgastar a la Corona.

El motivo es evidente. El 3 de octubre de 2017 quedó claro que el Rey es el único dique que se interpone entre los independentistas y su objetivo último. Y ellos lo saben. Los hechos demuestran que cuando estuvo en riesgo la unidad de España, el Rey fue el único que se plantó ante Puigdemont y los suyos. Ni el gobierno de entonces ni el partido que lo apoyaba ni la oposición se enfrentaron al reto separatista.

Pondré algunos ejemplos. Cuando en agosto de 2017 Puigdemont amenazaba con las «leyes de desconexión» que llevó a la práctica el 8 de septiembre con el título de «ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república», Margarita Robles afirmó: «El PSOE entiende que no procede acudir al artículo 155 de la Constitución […] que nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos». Pocos días después, el portavoz socialista Óscar Puente dijo: «La aplicación del artículo 155 no es la alternativa (…) estamos convencidos de que no va a suceder (…) es una medida cruenta (sic)». Y Rafael Hernando, portavoz del PP entonces en el gobierno, declaró a El País el 15 de agosto: «El PP descarta aplicar el artículo 155 por razones temporales y jurídicas; hay medidas más oportunas y realistas». Este artículo faculta al Gobierno, con la aprobación del Senado, a suspender la autonomía de una Comunidad Autónoma.

Ése era el panorama cuajado de valientes para hacer frente al intento de secesión en Cataluña. Es lógico que ante semejante muestra de ceguera y cobardía, Puigdemont y los suyos se envalentonaran y celebraran un referéndum ilegal de independencia. Se lo pusieron en bandeja.

Pero el 3 de octubre el Rey Felipe VI se dirigió al país para dejar clara su oposición a que «sea proclamada, ilegalmente, la independencia de Cataluña» porque «las autoridades se han situado totalmente al margen del derecho y la democracia (...) y es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional (…) y la vigencia del Estado de Derecho». A partir de ese momento la situación dio la vuelta. Aunque el 27 de octubre Puigdemont declaró formalmente la independencia, la retiró ocho segundos después. Y los partidos cuyos portavoces se habían negado a aplicar el artículo 155, votaron en el Senado a favor.

Ese día quedó claro para todos los separatistas que el Rey es el único muro que se interpone entre ellos y la independencia. Porque con un discurso de seis minutos la paró en seco. Desde entonces le muestran su rechazo y tratan de buscar atajos para desgastar a la Corona. Saben que sin ese dique que defiende la legalidad, su camino sería una senda de rosas sin espinas.

Y eso es lo que pretende el PNV con cierto cinismo. Porque mientras apoya la amnistía para unos golpistas –golpe de Estado es la alteración o sustitución ilegal de un orden jurídico por otro, escribió Kelsen en 1934– alardea de exigencia y rigor jurídico con la inviolabilidad del Rey por sus actos privados. Y lo hizo el mismo día en que Puigdemont anunciaba la creación, en su ínsula Barataria de Waterloo, de una «legislación republicana» claramente ilegal. Como son colegas, seguro que eso caerá en saco roto o irá al saco de la amnistía.

Pedro Sánchez dijo hace dos años que no veía «necesario» que el Rey siguiera gozando de la inmunidad del artículo 56.3. Hay palabras que las carga el diablo.

• Emilio Contreras es periodista