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17 de julio de 2024

En primera líneaFernando Gutiérrez Díaz de Otazu

Reacción liberticida

El presidente ha amenazado con un «paquete» de medidas que llevará al Congreso de manera inminente para actuar sobre lo que él llama los «tabloides ultraderechistas» a fin de promover la presunta libertad de información, que es, claro, la que le dé a él la razón y se la quite a los demás

Actualizada 09:16

Decía hace dos semanas, tras la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, por 177 votos a favor y 172 en contra (una de las diputadas no participó en la votación), que el Partido Socialista Obrero Español se había instalado en un caudillismo sin límites, en el que nadie (o casi nadie) se atrevía a llevar la contraria o exponer opinión discrepante alguna, a los criterios expuestos por el inapelable caudillo, que Pedro Sánchez mostraba ser, tras seis años en el poder, cruzando todo tipo de líneas rojas antiguamente asumidas por el Partido Socialista.

Nada hay que se pueda criticar de las actuaciones del presidente del Gobierno que no sea inmediatamente calificado como falso y producto de la «maldad» de los «ultraderechistas» por parte de sus incondicionales (sin importar condición alguna) seguidores. Estos incondicionales seguidores han dejado de ser, sin darse cuenta, militantes, propiamente dichos, de un partido, con una determinada ideología, para pasar a ser, acríticamente, defensores numantinos de no importa qué decisiones adoptadas por el «caudillo».

Sánchez

Lu Tolstova

Titulaba aquella colaboración como «caudillismo sin límites». No andaba muy equivocado. En esta España nuestra, en sólo dos semanas de tiempo, se han vuelto a desbordar los límites previamente existentes, cada vez más superables y por lo tanto más inexistentes. Nada se interpone entre el «caudillo» y sus objetivos personales.

En estas dos semanas, durante las que se ha desarrollado la campaña electoral para las elecciones al Parlamento europeo, que tuvieron lugar el pasado domingo día 9, hemos visto cosas difícilmente compatibles con el respeto que debería presidir las relaciones entre instituciones y entre distintos actores en una sociedad que pretendiera disponer de un perfil democrático, basado en el Estado de derecho, el respeto de la ley, las libertades individuales y los derechos humanos.

En este período se ha producido el segundo envío de una carta pública del presidente del Gobierno a los españoles. Muchas denominaciones ha recibido esta segunda misiva. Yo me quedo con la de «segunda carta de Pedro a sus incondicionales». Hay que ser muy incondicional para encontrar en esta segunda carta argumentos aceptables, como procedentes de la segunda autoridad del Estado (aunque a él le gustaría ser la primera), si se busca la convivencia y la tranquilidad de los españoles.

La carta, en esta ocasión, venía fuertemente motivada por las actuaciones judiciales que un determinado juez, en el desempeño de sus cometidos, viene realizando para el esclarecimiento de un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias en el que aparece, como principal investigada, la esposa del presidente del Gobierno. En concreto, por la citación de ésta, como investigada, para declarar, el próximo 5 de julio.

En su carta, el presidente del Gobierno deslizaba ciertas valoraciones sobre la oportunidad y la intencionalidad de la citación, en estas fechas, por parte del Juez instructor. Estas valoraciones han sido públicamente criticadas por los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de manera unánime (esta unanimidad es importante pues desactiva el falaz argumento de conservadores o progresistas utilizado con frecuencia por el propio ministro de Justicia, lo cual ya es grave por sí mismo), manifestando que los términos de la carta, remitida nada menos que por el presidente del Gobierno, contribuyen, también nada menos, que al deterioro de las instituciones.

Al margen de esta consideración expuesta por el Consejo General del Poder Judicial, no es desdeñable la abyecta técnica de poner el foco de la opinión pública sobre un servidor público concreto, el juez, para intentar hacerle sentir un presunto aislamiento individual que el Consejo ha venido a paliar acudiendo en su defensa.

Lo cierto es que, finalmente, las elecciones se produjeron y el Partido Socialista recibió 1,5 millones de votos menos que en las últimas elecciones europeas, al tiempo que el Partido Popular obtenía 2 millones de votos más que en las mismas elecciones. El hecho de ampliar el número de diputados a elegir de 54 a 61 ha difuminado esta escandalosa pérdida de respaldo de los ciudadanos haciendo posible que la candidatura del Partido Socialista perdiera «sólo» un diputado yendo todo el incremento de representación a parar a las candidaturas de los partidos de la oposición al Partido Socialista. El Partido Popular, una vez más, ganó, fehacientemente, las elecciones. A pesar de esta realidad, matemáticamente incuestionable, los incondicionales del «caudillo» no cesan de buscar argumentos que reviertan esta evidencia ante los ojos de la opinión pública.

La reacción de Pedro Sánchez ante este revés no ha podido ser más brusca. Se dispone a desactivar lo que él y sólo él (y sus incondicionales, claro) identifica como enemigos del presunto progreso y bienestar, que considera su mesiánica tarea y aportación histórica al devenir de nuestra nación. Progreso y bienestar que, por otra parte, no existe más que en su imaginario y en la información «gestionada» por el aparato mediático del Gobierno. Lo cierto es que los ciudadanos, cuando se les escucha, no perciben este progreso ni este bienestar del que el gobierno dice sentirse tan orgulloso. Por algo será, digo yo.

El presidente ha amenazado con un «paquete» de medidas que llevará al Congreso de manera inminente para actuar sobre lo que él llama los «tabloides ultraderechistas» a fin de promover la presunta libertad de información, que es, claro, la que le dé a él la razón y se la quite a los demás.

También ha lanzado un ultimátum al Partido Popular para que, si no renuncia a su derecho y obligación de promover la despolitización de la Justicia, él procederá por su cuenta con la mayoría «no cualificada» con la que «puede» contar en el Congreso, para atacar, aún más, las competencias del todavía existente Consejo General del Poder Judicial, que ha de ser renovado por mayoría cualificada de ambas cámaras. Mayoría cualificada de la que no dispone, ni siquiera con el apoyo de sus socios de investidura, como le gustaría, para imponer, sin acuerdo, la renovación que le favoreciese personalmente.

Todo ello reviste la preocupante apariencia de una manifiesta reacción liberticida.

  • Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu es senador por Melilla
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