¿Por qué votar a la izquierda en las próximas elecciones?
La herencia de la Transición era otra: un pueblo soberano, una ley igual para todos y el reconocimiento de que lo ganado con trabajo no es un delito. La izquierda ha decidido que esa herencia es el problema. Son programas irreconciliables
Porque ha comprendido, al fin, que la democracia de 1978 era un error. Aquella Constitución nació de un pacto que renunció a la revancha y estableció que todos los españoles eran iguales ante la ley. La izquierda de entonces todavía aceptaba ese marco. La de ahora no. Ha decidido que la igualdad es un obstáculo y que la soberanía nacional es un residuo franquista. Si desea que España deje de ser un sujeto político y pase a ser un espacio negociable entre identidades, ofrece el programa más coherente.
Promete plurinacionalidad. Ya no se trata de mejorar España, sino de reconocer que España no existe como nación. «Nación de naciones», «derecho a decidir», «memoria democrática»: las consignas son claras. El ciudadano deja de ser el sujeto de derechos y pasa a ser el habitante de un territorio con pretensiones. Quien crea que la ley debe ser la misma en todas partes encontrará en ella la garantía de que no lo será. Cada cesión competencial, cada pacto con quien niega el marco común, es un paso más hacia la fragmentación que se presenta como justicia.
Ha perfeccionado el clientelismo y la corrupción sistémica. No organiza ciudadanos; fabrica dependientes y redes. Subsidios autonómicos, subvenciones culturales, cargos públicos y transferencias condicionadas convierten al Estado en botín. No es un partido que compite por el voto nacional, sino una confederación de intereses territoriales e identitarios que solo se sostiene mientras el presupuesto se reparte. Los casos se acumulan y la tolerancia hacia los propios no es desviación: es el método. Si su aspiración es que el derecho deje de ser universal y pase a ser una negociación permanente entre quienes controlan el reparto, no hay opción más eficaz.
Ha decidido que la propiedad privada es un privilegio sospechoso y el esfuerzo, una desviación reaccionaria. Quien ha trabajado, ahorrado o heredado no merece la seguridad de lo suyo; merece que se le recuerde que todo es negociable. Controles de alquileres que expulsan la oferta, tolerancia a la ocupación, impuestos que castigan la acumulación y la transmisión, y la promesa de que lo privado puede ser intervenido «por el bien común». El mérito se presenta como coartada del privilegio. Mejor la cuota, la subvención o la identidad que el resultado del trabajo. Quien se esfuerza y prospera no es un ejemplo; es un problema a corregir.
Con ella tendrá el privilegio de despreocuparse de la educación de sus hijos y de sus futuras pensiones, siempre garantizadas. No será necesario vigilar qué se enseña ni cómo se enseña: el relato oficial se encargará de formar las conciencias. Tampoco hará falta ahorrar ni exigir cuentas sobre la sostenibilidad del sistema. La responsabilidad individual cede ante la promesa colectiva. Usted solo tiene que confiar y votar.
Es notablemente poco coherente con sus propias pretensiones. Predica la igualdad y practica el privilegio territorial. Exige austeridad moral a los demás mientras sus redes se alimentan del presupuesto. Invoca la «memoria democrática» para juzgar el pasado ajeno y olvida con rapidez el propio. Habla de profundizar la democracia mientras pacta con quienes niegan el marco constitucional que la hace posible. Denuncia la corrupción del adversario y administra la propia como coste inevitable de la transformación. El programa anunciado y la práctica cotidiana rara vez coinciden; la distancia se cubre con consignas.
Si no gana, es el único grupo al que se le reconoce el derecho de incendiar las calles y sembrar el miedo. La violencia deja de ser delito cuando la practica quien dice defender la democracia; se convierte en «presión legítima» o en «expresión de la calle». Quien hace lo mismo desde el otro lado es fascista. La impunidad selectiva también forma parte del programa.
Pase lo que pase, ya se encargará de cambiar el relato en su beneficio. Si algo sale mal, no fue error ni consecuencia de sus decisiones: fue sabotaje, herencia del pasado o culpa del adversario. Si algo sale bien, fue mérito exclusivo de su transformación. Quien controla el relato no necesita acertar; solo necesita no perder la capacidad de reinterpretar lo ocurrido.
Ha convertido el antifascismo en licencia. Quien discrepe del relato oficial no es un adversario democrático; es un residuo del pasado. La «memoria democrática» no busca verdad compartida; busca exclusión. El republicanismo no defiende la igualdad republicana; rechaza el pacto constitucional. Las pensiones, la sanidad o la educación dejan de ser derechos de los españoles y se convierten en monedas de cambio. Todo ello bajo la promesa de que desmontar el marco común es, en realidad, profundizar la democracia.
En resumen: vote a la izquierda si desea que la igualdad ante la ley ceda ante el privilegio territorial, que la soberanía nacional se fragmente, que la dependencia sustituya a la ciudadanía y que, ocurra lo que ocurra, el relato siempre quede del lado correcto.
La herencia de la Transición era otra: un pueblo soberano, una ley igual para todos y el reconocimiento de que lo ganado con trabajo no es un delito. La izquierda ha decidido que esa herencia es el problema. Son programas irreconciliables.
Elija con claridad y vota a la izquierda.
