13 de agosto de 2022

Las caras de la noticia (03/07/2022)

Alberto Garzón

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El ministro de Universidades, Joan Subirats, provocó una grieta en Podemos al señalar en una entrevista televisiva que asumir más costes militares está «justificado», dados los peligros que entraña Vladimir Putin. No tardaron en salir en tromba dos de sus propios compañeros en el Consejo de Ministros, Irene Montero y Alberto Garzón. Poco después se sumó la líder de En Comú Podem en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach. A las declaraciones de Montero y Garzón se unen las de Belarra del jueves, en idéntica línea. Estamos acostumbrados a las divisiones en el Ejecutivo, pero en este caso la brecha se agranda por horas. Ahora, todos pendientes del próximo conejo que Sánchez se sacará de la chistera.

Daniel Portero

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Ni Dignidad y Justicia, ni la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ni COVITE. Ninguna de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo acudirá al homenaje previsto el 12 de julio en Ermua (Vizcaya) por el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. El motivo es común: la presencia de Pedro Sánchez. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, lo resume así: «Supone una humillación para las víctimas del terrorismo». Este plante debería llevar a Pedro Sánchez a reflexionar sobre la deriva de sus pactos con Bildu. Y a zanjar de una vez sus cesiones a Arnaldo Otegi.

Laura Borràs

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El futuro político de la presidenta del Parlament pende de un hilo, después de que el TSJC la haya procesado por presuntas irregularidades cometidas cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. ERC y la CUP apuestan por dejarla caer. Junts per Catalunya cierra filas en torno a la figura Borràs. Hablan también de «represión» del Estado, de «persecución». El secesionismo enfrentado de nuevo, los escándalos otra vez en primera línea de la escena política… y la gestión olvidada. La Generalitat deja de invertir 1.198 millones mientras exige al Estado una inversión de 12.383. Madrid, con una fiscalidad mucho más baja, dedica a obra pública cinco euros por cada euro que invierte Cataluña. Un escenario cada vez más deteriorado en el que, como siempre, los ciudadanos pagan el pato.
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