Explicaciones

El 22 de noviembre de 1975 significó no solo el inicio de un reinado, sino el adiós a un régimen –entonces autoritario– nacido de una guerra (in)civil y basado en el poder absoluto del imperium y la potestas como en sus tiempos tuvieron los cónsules y procónsules romanos. En su discurso de proclamación D. Juan Carlos declaró: «La Institución que personifico integra a todos los españoles, y hoy, en esta hora tan transcendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional». En apenas tres años, se sucedieron una serie de acontecimientos que conmocionaron no solo a los españoles, sino que provocaron la admiración de las cancillerías de medio mundo, que desembocaron en la Constitución de la Concordia, aprobada por las Cortes y ratificada en referéndum por el pueblo español por más del 90 por ciento de los sufragios. En palabras del historiador norteamericano Stanley Payne, jamás un gobernante se despojó en tan poco tiempo de sus poderes.

A partir de este momento, y más después del intento fracasado de golpe de Estado de 1981, la auctoritas, ese reconocimiento moral basado en el respeto la ascendencia y el prestigio, hicieron del reinado de D. Juan Carlos probablemente el más fructífero desde los tiempos de Carlos III.

El 2 de junio de 2014 el Rey trasladó a los españoles su mensaje de abdicación en el que dijo entre otras cosas: «Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías». Desde entonces, su caída en desgracia se ha debido a un conjunto de comportamientos en su vida privada –sin tacha en la pública– que han sido debidamente utilizados por una extorsionadora profesional y, sin el menor sentido de la lealtad institucional, por aquellos dispuestos a disolver cualquier mortero necesario para la pacífica convivencia de los españoles. Fue un reinado fecundo, pero cayó en la máxima de Gracián: «Atención a no errar una, más que acertar ciento». Accedió al trono con generosidad, pero no supo irse con grandeza, por lo que ante la repercusión pública de dichos acontecimientos, D. Juan Carlos consideró más apropiado fijar su residencia en el extranjero.

Han pasado ya casi dos años desde entonces, y Juan Carlos I ha estado en España 96 horas que han producido un gran revuelo entre los políticos antisistema así como en la opinión publicada, porque, a tenor de la encuesta de Metroscopia, este viaje solo ha provocado un gran interés al 10 por ciento de los españoles. Y es que unos se escandalizan y otros le aplauden, ese vivir «desviviéndose» que nos decía D. Américo. Los primeros pretenden que viaje a España en patera, juegue a la petanca o al tute, y se aloje en la pensión del peine, mientras los segundos le aplaudían en la localidad pontevedresa de Sangenjo. El afecto es una convicción, decía Victor Hugo.

Jamás la Corona tendrá la simpatía de los movimientos nacionalistas y populistas, motivo por el cual es inútil tratar de satisfacer ninguna de sus reclamaciones, siempre les parecerá insuficiente porque su verdadero objetivo es la derogación de la Constitución, previo paso por la caída de D. Felipe. Solo con el desplome de estas piezas de dominó una parte del Gobierno y sus socios pueden llegar a sus objetivos de república e independencia.

Sin embargo D. Juan Carlos ha despertado entre la ciudadanía una espontánea simpatía que ha obligado a sobreactuar a sus oponentes. La misma ciudadanía que considera que el Rey ya ha dado explicaciones, como las dan los hombres de Estado: una abdicación, dos años de extrañamiento a más de 7.500km de distancia y el desprestigio de un fin de reinado. ¿O acaso otras autoridades van a dar explicaciones sobre por qué se autorizó una manifestación al inicio de una pandemia, o por qué los estados de alarma han sido inconstitucionales o, por qué se prohibió a D. Felipe a asistir a la jura de jueces en Barcelona o, por qué se cesó al coronel Pérez de los Cobos cuando cumplía la ley, o por qué se indultó a los secesionistas, o el cambio de política respecto al Sáhara, o sobre la destitución de la directora del CNI, o por qué no se hacen cumplir las sentencias del Tribunal Supremo sobre el uso del español en Cataluña, o... ?, ¿cómo dan explicaciones los políticos cogidos en falta? Dimitiendo, porque eso es lo que se hace en política. Por lo que las responsabilidades políticas de nuestros dirigentes serán –o no– refrendadas cuando el presidente del Gobierno disuelva las Cortes y convoque elecciones generales, momento en que los españoles tendremos que decidir si esas explicaciones nos convencen o no.

Sin mencionar el Real Decreto sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, el trato recibido por D. Juan Carlos estos días ha dejado mucho que desear, porque si bien los españoles no nos merecemos ciertos comportamientos, un servidor público con su trayectoria tampoco se merece lo que hemos oído de algunos gobernantes, más si tenemos en cuenta los abrazos y arrumacos que dispensa este Gobierno a exterroristas, golpistas y separatistas, hasta el punto de que una exvicepresidenta del ídem se ha permitido decir que le produce «bochorno» que los españoles den la bienvenida a su Rey pero curiosamente no se conoce que le haya producido el mismo bochorno el desfalco de 680 millones de euros perpetrado por el Gobierno autonómico al que ella misma pertenecía.

Convertir a D. Juan Carlos en un proscrito y marginado equivaldría a impugnar el inmenso legado que nos pertenece a todos los españoles, amputándonos una parte de nuestra historia de la que debemos sentirnos especialmente orgullosos.

Políticamente vivimos una «metaanomalía» (Ignacio Camacho) nacida del alumbramiento de un Gobierno que se sostiene en aquellos cuyo objetivo final es mutilar todo lo bueno que nos ha dado el reinado de D. Juan Carlos. Cuanto más se alargue esta legislatura más difícil le será a la oposición dar esas «capas de dignidad a las instituciones del Estado» que se ha propuesto.