¿Un crimen contra la humanidad?

¿Podrían los desmanes de Pedro Sánchez contra la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ser considerados «crimen de lesa humanidad»...? A primera vista, la pregunta puede parecer excesiva. Después de todo, en España no se han instalado ni campos de concentración, ni de exterminio, ni se perpetran asesinatos masivos, ni se exilian minorías étnicas a punta de fusil. Aunque el término se usó antes, fue en 1945, con el «Estatuto de Nuremberg», donde se definió legalmente el concepto de crimen contra la humanidad en el «derecho internacional». Pero el concepto de crimen de lesa humanidad -según el citado derecho internacional- no exige necesariamente sangre ni violencia física para activarse. Basta con que haya un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, con conocimiento de su ejecución, y con acciones que afecten gravemente a sus derechos fundamentales.

¿Está sucediendo eso en España...? Pedro Sánchez -desde su llegada al poder en 2018- ha dinamitado, piedra a piedra, los pilares sobre los que se sustenta una auténtica y moderna democracia: independencia judicial, igualdad ante la ley, libertad de expresión, pluralismo político y vertebración institucional. Todo ha sido subordinado a su única prioridad: mantenerse en el poder a toda costa. La Constitución ha dejado de ser la norma suprema para convertirse en un obstáculo incómodo. El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial han sido objeto de manifiestos y asaltos calculados. El Código Penal ha sido reformado para «amnistiar» delitos cometidos por los aliados del Gobierno —sedición, malversación, golpe de estado, etc. Las leyes se redactan al dictado de una minoría chantajista con sede en Waterloo o en la sede de Bildu. La separación de poderes es ya una ficción y la colonización institucional una auténtica realidad política.

No estamos, por tanto, ante simples errores de gestión, ni ante políticas ideológicas cuestionables. Estamos ante un patrón sistemático de una gravísima erosión democrática, ejecutado con premeditación y alevosía, y dirigido —no sólo contra los adversarios políticos del Gobierno— sino contra toda la ciudadanía que aspira a vivir en una nación libre, igual y segura.

¿Podría todo esto encajar en la noción de «crimen de lesa humanidad»?

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional enumera como tales crímenes no sólo los homicidios o las torturas, sino también la persecución contra cualquier grupo o colectividad por motivos políticos, siempre que forme parte de un sistemático y generalizado ataque contra la población civil. ¿No estamos viendo ya eso en España...? ¿No son persecuciones políticas los linchamientos mediáticos impulsados desde Moncloa...? ¿No es persecución permitir que el aparato del Estado caiga en manos de quienes justifican o incluso glorifican con gran vehemencia el terrorismo, el guerracivilismo y el golpe de estado? ¿No es persecución manipular a fiscales y jueces para forzar resoluciones favorables a los intereses del Gobierno, como denuncian incluso miembros del propio Ministerio Público?

No se trata de exagerar ni de abusar de términos jurídicos con el riesgo de trivializarlos. Pero sí de alertar de que lo que ocurre en España no es una anécdota, ni una «anomalía democrática», sino un proceso de degradación institucional que puede tener consecuencias irreversibles. Lo que en otros países se llamó «democracia iliberal» o «autoritarismo competitivo» se abre paso aquí sin apenas una resistencia seria. El Parlamento se ha convertido en una fábrica de blindaje personal del presidente. Los medios públicos han sido sometidos al más burdo adoctrinamiento. Las fuerzas de seguridad son instrumentalizadas según convenga, mientras los agentes son expulsados de hoteles por falta de dietas y los golpistas y delincuentes reciben trato de honor.

Este proceso no sólo es peligroso: es deliberado. Y esa voluntad consciente de subvertir el orden constitucional, de someter la justicia, de dividir a los españoles y convertirlos en ciudadanos de primera (los que apoyan al régimen) y de segunda (los que lo critican o lo sufren), sí puede, al menos moralmente, ser considerado como una especial forma de «crimen político» de alcance nacional.

No hace falta esperar a ver tanques en las calles ni censura explícita para reconocer que la democracia puede morir de forma silenciosa. Y en España ya oímos ese silencio, cada vez más denso, cada vez más ciego, mientras se insulta a los jueces, se negocia el IRPF con separatistas, se vacía el delito de malversación y se prepara una nueva tanda de especiales concesiones a quienes odian a España. Esta estrategia no es una deriva, es un proyecto conscientemente diseñado.

¿Dónde está el freno? ¿Dónde la reacción? ¿Qué más hace falta para que se entienda que lo que está en juego ya no es sólo un modelo político, sino la libertad misma? Puede que Sánchez no entre nunca en la historia como un criminal de guerra. Pero ya ha escrito su nombre en la historia como el mayor destructor institucional del orden politico desde la restauración democrática. Y, si no se detiene a tiempo, otros tendrán que reparar los daños de su ambición.

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado, licenciado en periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.