¡España a punto de romperse!
¿Quién ha dicho que Cataluña esté infrafinanciada? Los mismos políticos que pretenden endosarnos su mala gestión, su despilfarro y sus delirios de grandeza. Por ello, es preciso acabar de una vez por todas con su victimismo y el mito de la infrafinanciación de Cataluña. La realidad es muy otra
No queda nada, ¡ya está a punto de consumarse la traición a la unidad de España de la mano de un Gobierno corrupto entregado a los separatistas! Era una muerte anunciada desde hace casi dos años que los escándalos de corrupción de los últimos días han precipitado, porque no era más que la moneda de cambio del apoyo a un candidato a Presidente en minoría: después de la amnistía, el concierto económico para Cataluña. ¡Y nadie ha hecho nada para evitarlo! El centro-derecha sólo reacciona frente a hechos consumados, cuando ya es demasiado tarde para evitarlo, ¡todavía se confía ingenuamente en el Tribunal Constitucional!
La mejor manera de explicar gráficamente lo que supone un «cupo» para Cataluña es analizar qué sucede en concreto con el Concierto Económico Vasco. Pues bien, de los 347.486 millones gastados por el Estado en la Comunidad Autónoma Vasca, ésta transfiere al Estado en concepto de «cupo»: 1.468 millones, el 0,4 del total del gasto del Estado en esa Comunidad. ¿Qué Comunidad no se apuntaría a un sistema así? Es una situación de flagrante injusticia permitida por la Disposición Adicional Primera de la Constitución y, en vez de acabar con ella, derogándola, este Gobierno sin mandato popular y sin contar con las mayorías necesarias para reformar la Constitución, porque se trata de una reforma encubierta del modelo de Estado (diga lo que diga en el futuro un Tribunal Constitucional que ha perdido su auctoritas), pretende extenderla a Cataluña ahondando aún más la injusticia y el agravio para con las demás Autonomías.
El que la Comunidad Autónoma de Cataluña recaude todos los impuestos y no contribuya al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) más que con una pequeña cantidad alzada o «cupo», supondrá que esa parte dejada de ingresar tenga que ser asumida ahora: bien, por las Comunidades Autónomas aportantes netas al SFA, en concreto Madrid y Baleares; bien, por todas las demás Autonomías de régimen común; o finalmente, por la Administración general del Estado (AGE) que la sufragaría vía impuestos con lo que terminaríamos por pagarla todos los españoles («cornudos y apaleados») que veríamos disminuido el gasto público en materia de sanidad y educación, entre otros.
Pero seamos claros, ¿quién ha dicho que Cataluña esté infrafinanciada? Los mismos políticos que pretenden endosarnos su mala gestión, su despilfarro y sus delirios de grandeza. Por ello, es preciso acabar de una vez por todas con su victimismo y el mito de la infrafinanciación de Cataluña. La realidad es muy otra. Según estudios recientes, hechos por entidades solventes, Cataluña está, más o menos, en la media de las Comunidades de régimen común en materia de financiación. Así y todo hay que matizar que en tales estudios no se tiene en cuenta la financiación indirecta derivada de la ingente inversión pública de miles de millones de euros en obras y servicios públicos (autopistas, puertos, aeropuerto del Prat, líneas de alta velocidad, cercanías-Rodalies, obras de regadío….), que si se quejan del déficit en infraestructuras, habría que preguntar a todos los demás: extremeños, andaluces, valencianos, asturianos, murcianos, castellanos de las dos Castillas…, ¿dónde están las infraestructuras construidas en ellas?
En resumidas cuentas un «cupo» para Cataluña, semejante al Concierto Económico Vasco o al Convenio Navarro rompe el principio de solidaridad interterritorial proclamado por la Constitución (art. 138), crearía un privilegio inasumible y generaría un agravio comparativo para las demás Comunidades de régimen común. Más aún, daría paso a un modelo de Estado de tipo confederal que no encaja en absoluto en nuestra Constitución y es, por otra parte, inexistente en el Derecho comparado, ya que la propia Suiza abandonó tal modelo. Sería consagrar, no ya las dos Españas, sino las tres: las de 1ª (las agraciadas con el Concierto), las de 2ª (las ricas, como Madrid y Baleares) y las de Regional (todas las demás)
Ante esto, la pregunta que cabalmente hay que hacerse es que rota la solidaridad entre las distintas partes de España: ¿quién querría en su sano juicio formar parte de un Estado tan sumamente injusto y arbitrario por asimétrico?
Hasta ahora, el Gobierno de la Nación, además de crear problemas donde no los había, intentar acabar con la división de poderes controlando al Poder Judicial, meter sus zarpas en las empresas o gestionar calamitosamente los servicios públicos, gastaba su tiempo y nuestro dinero en levantar muros de intolerancia pretendiendo condenar al ostracismo a más de la mitad de los españoles por la simple razón de no pensar como ellos ¡viva la tolerancia! Y mientras tanto, iban sacando poco a poco las azadas y las palas, para cavar con aquéllas una enorme zanja de separación entre el viejo y sufrido solar patrio y una de sus partes queridas, para con éstas disponerse a enterrar bajo la tierra de nuestros antepasados la antigua unidad lograda que tantos siglos de lucha de nuestra gloriosa Historia costó construir.
Juan Ignacio de los Mozos Touya es jurista
