Tribuna José Torné-Dombidau y Jiménez

Un tren llamado Gobierno

Los principios y valores y el modelo de Estado constitucional instaurado por la Transición, están sufriendo un serio deterioro y generando una profunda insatisfacción en el cuerpo electoral

Desde los primeros tanteos de Pedro Sánchez para formar Gobierno con partidos situados a su izquierda –Podemos e IU–, cualquier observador de la política doméstica que fuera un templado conocedor de nuestro sistema constitucional, en particular del concepto del Estado social y democrático de Derecho, podía intuir que, en su devenir, este insólito y poco recomendable experimento no podría dar buenos resultados para la gobernanza y la posición de los ciudadanos. Sin embargo, la obstinación, el empecinamiento del líder socialista, forzó el alumbramiento de una criatura política que podemos calificar, en estricta justicia, de engendro. Es decir, una criatura política mal concebida ab initio.

Con esta coalición gubernamental socialcomunista, Sánchez ha desplazado el centro de la política nacional hacia terrenos de una izquierda ideológica radical, en cuya fórmula entran, a partes iguales, el populismo, el revanchismo adolescente y la radicalidad de Podemos, y un recalcitrante, fracasado y tardío comunismo del PCE-IU. Con esos mimbres los disparates y desaguisados en lo político y en lo económico están servidos. Si a la aludida fórmula constitutiva de la coalición gubernamental se añaden los apoyos que le prestan en el Parlamento, y sus Comisiones, fuerzas disolventes y corrosivas del sistema constitucional de 1978, como ERC, JxCat, EH Bildu y nacionalistas de todo pelaje, tendremos que convenir que los principios y valores y el modelo de Estado constitucional instaurado por la Transición, están sufriendo un serio deterioro y generando una profunda insatisfacción en el cuerpo electoral.

En el desarrollo de su plan de gobierno, Sánchez nos demuestra día tras día que no se detiene ante ningún límite (ahí están los pactos con Bildu, que a decir del presidente nunca se producirían) ni respeta la esfera de competencias del órgano público o constitucional del que se trate si, de esa manera, satisface su apetencia de poder, para lo que no duda en colonizar instituciones, públicas o privadas, si ello le permite concentrar en sus manos los resortes del Estado y así moldear la sociedad a su arbitrio.

A pesar de su ejército de asesores, entre los que se contará algún jurista acreditado, Sánchez fuerza batallas inauditas para conseguir el abatimiento de la independencia o la autonomía de los otros poderes del Estado, como ha hecho con las Cortes Generales, al frente de cuyas cámaras ha colocado a fieles sumisos cuya mente resulta nublada por un feroz partidismo, acorde con los intereses del Gobierno y su presidente.

Empero donde la lucha y tensión son más dramáticas es en el terreno del Poder Judicial, en el que Sánchez ha puesto todo su empeño en domeñar al órgano de gobierno de los jueces, al que, cuando le interesa, mutila en sus facultades o se las devuelve parcialmente con idéntica decisión arbitraria, con la indisimulada pretensión de hacerse de una composición ‘progresista’ del muy importante –para él, sobre todo– Tribunal Constitucional, en previsión de los presumibles recursos de inconstitucionalidad que puedan interponerse contra las polémicas Leyes ideológicas que esta anómala coalición está aprobando en cumplimiento de un calculado proyecto de ingeniería social (Educación, Universidades, eutanasia, blindaje al aborto, memoria democrática, género, libertad sexual, cambio climático, transición energética…).

La economía es otra parcela en la que el crudo intervencionismo del Gobierno se ha dejado sentir con toda intensidad. Al socaire de la lucha contra la pandemia, la coalición socialcomunista ha dictado una sorprendente regulación jurídica de urgencia que –en el fondo y en la forma– supone una seria restricción de las facultades de los propietarios de vivienda que pone en tela de juicio la constitucionalidad de su imposición, con el efecto añadido de suponer una increíble protección al fenómeno de la «okupación». Para este Gobierno resulta más legítimo y protegible la figura del ocupante ilegal de vivienda que los derechos del propietario.

En este terreno de la economía, en concreto en el ámbito de las relaciones arrendaticias, Sánchez no ha accionado ningún freno a las propuestas podemitas de limitar el quantum de la renta, así como congelar la actualización de la misma, sin importarle el perjuicio económico ocasionado a los arrendadores, desamparados y obligados a soportar íntegra y unilateralmente la inflación. Ambas medidas irritantes, de muy dudosa constitucionalidad, no están sirviendo, además, para alcanzar los objetivos que la coalición pretende. No han conseguido rebajar la cuantía del alquiler ni aumentar el parque de viviendas arrendables. Pero Podemos cree que ha ganado el cielo (de los votos), y Sánchez la continuidad en La Moncloa.

Sí, amable lector, este Gobierno descentrado, obnubilado por su ideología, manipulador de la verdad, poco respetuoso con la legalidad y la Constitución, afín al trilerismo, voraz en lo político y miope en lo económico, derrochador improductivo de fondos públicos (deuda y déficit), me sugiere desde el primer día la imagen de un tren descarrilado cuyo conductor, aun sabiendo que está fuera de la vía, se empeña en seguir arrastrándolo y quiere continuar la marcha por los sembrados como si no pasara nada.

Si nos atenemos a este símil ferroviario (tren fuera de la vía) se comprenderán mejor los tumbos de este infausto Gobierno, y cómo van a dejar, Sánchez y sus socios, este atribulado país (el convoy), que no es ingobernable, sino que está mal gobernado.