El Proyecto de Ley de Gobernanza Democrática

La defensa de la verdad en una sociedad hipercomunicada, como son las democracias actuales en el mundo desarrollado, es esencial para su supervivencia. Por lo tanto, es de gran interés la propuesta de una nueva Ley promovida por el presidente Sánchez, una Ley de Gobernanza Democrática, que modificando la ley 2022/2065, permita a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la CNMC, supervisar publicaciones en las redes sociales y sancionar a los que infrinjan «Todos los derechos fundamentales, y los derechos específicos de los usuarios de esas redes. Porque lo que es ilegal offline, debo serlo online.»

Sin duda, uno de los derechos fundamentales del usuario de los medios de comunicación es el acceso a la información veraz, por lo que una ley dirigida a garantizar esa veracidad, y sancionar noticias falsas fake news, es de gran importancia. Pero poner la supervisión de su cumplimiento en manos del Gobierno a través de la CNMC, es como poner al zorro a pastorear las gallinas.

Sobre todo, con un gobierno como el actual, cuyo sectarismo, le ha llevado a promulgar la Ley de Memoria Democrática; así como a tergiversar nuestra historia, criminalizando a Franco y su régimen y ensalzando a sus oponentes, a los que considera, falazmente, defensores de la República. Franco fue un dictador, pero dejó un país reconciliado y próspero. Dos verdades de las que hoy solo se permite hablar de la primera.

Mientras sigan en vigor, esas leyes desvirtúan cualquier pretensión del gobierno de defender la verdad mediante una nueva ley, la de Gobernanza Democrática, que se convertirá en una herramienta más de control del pensamiento de los ciudadanos.

No, la defensa del derecho a información veraz del usuario de las redes sociales no puede estar en manos del gobierno, ni de este, ni de ningún otro. Si queremos defender nuestra frágil democracia, corresponde ejercer esa defensa a un órgano que dependa del poder judicial, no del poder ejecutivo, ni del poder legislativo.

Hoy tenemos un gobierno de mayoría socialista, que utiliza su relato de la «cruel dictadura» franquista, principalmente para deslegitimar a sus oponentes de derechas, y ocultar detrás de sus constantes proclamas antifranquistas, el protagonismo de sus partidos en los hechos que desarbolaron a la República. Con su relato, pretenden ser los herederos de la Republica, cuando fue el PSOE el que la dinamitó con su sangrienta revolución de 1934.

Si hay que buscar manchas de sangre, hay tantas en un lado como en otro, y repugna el uso maniqueo que el gobierno hace de esas leyes de supuesta defensa de la democracia. Si la nueva ley solo sirve para imponer la verdad del gobierno, nuestra democracia va a recibir otro clavo en su ataúd, por lo que los partidos de derechas deberían hacer lo posible por impedirlo, luchando por que la supervisión de esa ley no dependa del Ejecutivo.

Entretanto seguimos con la demonización de Franco, convirtiendo a su figura en el malo de la película, una especie de monstruo de Frankestein, imponiendo el gobierno la celebración oficial de los cincuenta años de su muerte, ofendiendo gratuitamente a los que valoramos su gestión. Es hora de impedir la utilización de su memoria como ariete político, y permitir su reposo en los archivos de la historia.

E incluso, ¿por qué no?, de permitir también que su busto, como el de Azaña, nos salude desde la entrada al Palacio del Congreso de los Diputados, pues, en definitiva, fue su Ley de Sucesión la que nos trajo esta Monarquía democrática.

Esa sí sería una señal al mundo de que la Guerra Civil ha terminado, incluso en el Parlamento.

• Ultano Kindelán es ingeniero