Europa y los partidos de derecha, ¿dónde está el problema?

Europa se enfrenta a una transformación radical que amenaza con desdibujar su identidad histórica, cultural y espiritual. Las instituciones comunitarias, lejos de proteger los valores fundacionales del continente, parecen haber claudicado ante una agenda globalista que promueve la disolución de las soberanías nacionales, la imposición del islamismo y la erosión de las libertades individuales bajo el pretexto de la seguridad y la inclusión.

La inmigración irregular masiva, en gran parte procedente de regiones afectadas por conflictos y extremismo, ha desbordado los sistemas de acogida y ha generado tensiones sociales sin precedentes. Según el informe anual de Seguridad Nacional de España de 2024, el 72% de los migrantes llegados por mar eran subsaharianos de religión musulmana, provenientes de regiones fuertemente afectadas por el terrorismo yihadista. Esto plantea no solo un problema de gestión, sino también un riesgo real de atentados terroristas.

Paralelamente, la creciente influencia del islamismo radical en la vida pública europea ha suscitado debates sobre la incompatibilidad de ciertas prácticas religiosas con los valores laicos y democráticos que caracterizan a las sociedades europeas. Informes de Inteligencia franceses han señalado al islamismo radical —más específicamente a los Hermanos Musulmanes— como una amenaza directa a la cohesión social y a las instituciones republicanas. Esta infiltración en ámbitos como la educación o la cultura pone en duda la capacidad de las democracias europeas para preservar su identidad y valores fundamentales. Pero no se trata solo de Francia, el Reino Unido ha pasado de ser un gran imperio a convertirse en un esclavo del islamismo, con poderes regionales entregados a representantes musulmanes y tribunales de sharía. Alemania y otros países nórdicos viven procesos similares, mientras que España está siendo ocupada con la permisividad del Gobierno y del Partido Popular. Esta deriva pone en peligro derechos democráticos esenciales, en particular los derechos de las mujeres.

En el ámbito de la seguridad, las medidas restrictivas se han justificado por la necesidad de proteger a la población ante amenazas externas e internas. Sin embargo, estos mecanismos sirven para controlar a los ciudadanos, no para proteger sus libertades fundamentales.

La cesión de competencias nacionales a instituciones europeas ha generado una sensación de pérdida de control y una clara erosión de la soberanía nacional. Decisiones clave que afectan a la vida diaria de los ciudadanos se toman en órganos distantes y poco transparentes, lo que alimenta el euroescepticismo y el creciente descontento social. Este malestar ha sido canalizado por movimientos y partidos que promueven una visión nacionalista y conservadora, en defensa de la identidad cultural y religiosa tradicional de Europa. Según un análisis reciente, más de la mitad de los eurodiputados pertenecen ya al centroderecha o la extrema derecha, reflejando un giro sostenido hacia posiciones más firmes frente al colapso del modelo tradicional europeo. Y, ¿dónde está el problema?

En este contexto, es fundamental que las instituciones europeas y los gobiernos nacionales reconozcan y aborden las inquietudes legítimas de sus ciudadanos. Promover políticas que equilibren la seguridad con la protección de los derechos fundamentales, y fomentar una integración basada en el respeto mutuo y la cohesión social, es esencial para recuperar la confianza en el proyecto europeo. Y para evitar, sobre todo, la destrucción de nuestra civilización occidental.

La Europa actual dista mucho de aquella que defendía la libertad, la igualdad, la fraternidad y la civilización occidental.

• Elena Ramallo Miñán es doctora en Derecho e investigadora en Inteligencia Artificial Aplicada a la Justicia