Ideología de género: el nuevo valor europeo obligatorio

¿Está el Tribunal Europeo, sin tener competencia alguna, convirtiendo la UE en un club progresista donde la ideología LGBT, y la identidad de género en particular, son jurídicamente vinculantes, contradiciendo las constituciones nacionales?

La pregunta es retórica porque la jurisprudencia del Tribunal no deja lugar a dudas. Bulgaria está obligada a reconocer la filiación de un niño nacido de dos mujeres en España. Rumanía debe admitir la nueva identidad de uno de sus ciudadanos que se sometió a una transición de género en el Reino Unido después del Brexit. A Hungría se le impone registrar a un refugiado iraní según el sexo con el que se identifica. A la SNCF (la Renfe francesa) se le insta a dejar de usar «Monsieur/Madame» en sus formularios de compra de billetes. Polonia debe ignorar su propia constitución para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, y desde el 12 de marzo, Bulgaria debe modificar la identidad de una de sus ciudadanas que inició una terapia hormonal en Italia, a pesar de que el Tribunal Constitucional búlgaro solo reconoce el sexo biológico. Todo esto aplicable, por supuesto, a todos los estados de la Unión. ¿Y con qué bases jurídicas? De las más espurias: Luxemburgo considera que cualquier traba administrativa nacional constituye una violación a la libre circulación de personas, la ciudadanía europea y la Carta de los Derechos Fundamentales, y el derecho de cualquier ciudadano de circular sin obstáculos debe prevalecer sobre las constituciones nacionales.

No es nada nuevo que el Tribunal se extralimite y actúe como un legislador, es la marca de la casa desde su creación. La técnica está bien rodada: interpretaciones extensivas para acaparar competencias nacionales, razonamientos jurídicos creativos, primacía exorbitante del derecho europeo y un sesgo indiscutible a favor de la integración europea. Lo verdaderamente novedoso, en cambio, es el desacomplejado activismo ideológico de unos jueces para imponer la ideología woke hasta en sus aspectos más extremistas. En particular, la identidad de género, esa grotesca idiotez que niega la biología más evidente y no resiste la más sencilla de las preguntas: ¿qué es una mujer? El Tribunal, por su parte, ni se inmuta al afirmar que depende de la percepción individual y que los Estados miembros tienen la obligación de acatarlo en nombre de los valores europeos.

Luxemburgo ya ha elegido su bando, pero no va a detener su marcha hacia una unión radicalmente progresista por mandato legal. Al contrario, está a punto de lanzar el asalto final en la madre de todas las «batallas por la defensa de los derechos humanos», según ILGA, punta de lanza del culto arcoíris en Europa y organización generosamente regada con fondos europeos por la Comisión: el caso contra la ley de protección de menores de Hungría que prohíbe la pornografía, la promoción de la homosexualidad y la promoción de la ideología de género a los menores. Un ámbito en el que la Unión no tiene ni un milímetro de competencia, pero que ha provocado una indignación y una reacción sin precedentes. Tras su promulgación en junio de 2021, Von der Leyen la calificó de «vergüenza», inició de inmediato una infracción y confiscó cientos de millones de euros sin esperar la sentencia del Tribunal. Además, hecho inédito, 16 Estados miembros (todos de Europa Occidental además de Eslovenia) apoyaron a la Comisión contra Hungría, escenificando una especie de cisma woke entre el Oeste y el Este del viejo continente.

Tiene razón el lobby arcoíris; este caso marcará un antes y un después, ya que detrás de su dimensión ideológica se esconde un desarrollo jurídico crucial que ha pasado desapercibido: con toda probabilidad, el fallo va a otorgar efecto jurídico al artículo 2 del Tratado de la UE que consagra los valores de la Unión y va a convertir a Luxemburgo en garante de estos valores, convirtiéndose así en un segundo Tribunal de Derechos Humanos. De este modo, los jueces de la UE se autoproclaman guardianes de las esencias ideológicas y aumentan exponencialmente su poder sin mandato alguno. Un golpe de Estado de derecho ya anunciado en las conclusiones del Abogado General en junio, y que Bruselas y sus aliados esperan con... paciencia. Sí, con paciencia, porque debería haberse publicado hace meses, pero se ha pospuesto cuidadosamente hasta después de las elecciones húngaras de abril. De media, el tiempo entre la audiencia y el fallo es de 200 días, y en este caso, la audiencia tuvo lugar el 19 de noviembre de 2024, hace más de 450 días.

Un intervencionismo político obvio, ya que este fallo tendría un impacto evidente en un país donde la inmensa mayoría de los votantes tiene ideas muy claras sobre la biología y la protección de los niños frente a delirios que, en muchos casos, terminan en mutilaciones irreversibles y suicidios. La publicación del fallo habría puesto en un brete al candidato apoyado incondicionalmente por la UE, algo que el muy activista Tribunal de Justicia evitará, ensimismado en su justicia militante. Y lo hace en nombre de una unión cada vez más estrecha... y progresista y woke, en la que los conservadores ya no tienen su sitio, por mandato legal.