Cuando el cero no se explica solo

Trato a menudo con familias cuyos hijos acaban de hacer la PAU. Vienen de muy distintas comunidades autónomas. Es lo que tiene trabajar en una residencia universitaria...

A algunas de esas familias –y a sus hijos– las veo sufrir y manifestarse desconcertadas ante un sistema que, a mi entender, es bastante mejorable. Aunque no se le acabe de meter el diente del todo. No me es difícil empatizar con ellos.

Cualquier asunto educativo, por mi trayectoria personal y profesional, me interesa. Y hay algunos sobre los que creo que conviene manifestarse públicamente por estrictas razones de justicia; y de igualdad de oportunidades. Si la ciudadanía calla, deja todo sólo en manos de quienes actúan, mejor o peor.

Hoy, desde esa perspectiva, quiero aludir a algo concreto y actual, relativo a la PAU: la polémica por los ceros en el examen de Lengua Vasca y Literatura II de la PAU en el País Vasco. No es un incidente menor.

Parto de algo elemental: cuando una prueba decide el acceso a la universidad, cualquier sombra sobre la corrección es una pésima noticia que afecta al evaluado, al evaluador y a la confianza de todos.

Y conviene despejar las sombras que no se explican solas. Es también un deber de transparencia.

Según las informaciones publicadas, una parte relevante de los ceros asignados en esa prueba se concentró en alumnos del modelo A (con el castellano como lengua vehicular y el euskera como asignatura); en centros concertados.

También se ha conocido que, en un tribunal, casi todos los ceros fueron corregidos por una misma persona, asignada a un tramo concreto de alumnado.

Y hay otro dato que no quiero obviar: tras la revisión, los ceros de ese tribunal pasaron de 76 a 11. No hablamos, pues, de un pequeño ajuste.

Simplemente eso nos exige mirar con cuidado no sólo al resultado, sino al proceso. Si tantos ceros dejan de serlo en una segunda corrección, la pregunta ya no es sólo en qué fallaron los alumnos, sino qué falló en la primera corrección. Esto obliga a exigir explicaciones. Y a darlas adecuadamente.

La PAU en general, sin este episodio, ya nos da suficientes quebraderos de cabeza por sus diferencias entre comunidades autónomas. Si esa prueba ya plantea dudas de comparabilidad entre territorios, la corrección no puede añadir una incertidumbre más. Los estudiantes (y sus familias) se juegan mucho. Y merecen un respeto.

La Universidad del País Vasco sostiene que el procedimiento funcionó con garantías y ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares judiciales que han permitido dejar provisionalmente en suspenso la nota de euskera para los alumnos que acudieron a la Justicia. El Gobierno Vasco y la universidad han acordado habilitar plazas provisionales mientras se resuelve el asunto.

Bien está evitar daños irreparables. Pero el problema de fondo sigue ahí.

La PAU tiene que ser creíble. Qué menos… No basta con decir que existe anonimato, revisión y criterios de corrección. Hay que demostrar que todo funciona bien, de oficio, cuando aparece una anomalía relevante.

Si un corrector puede deducir de qué centro, modelo lingüístico o grupo procede un examen, el anonimato queda debilitado.

Si muchos ceros se concentran en un mismo tramo o tribunal, debe saltar una alarma antes de publicar las notas.

Si un cero puede cerrar la puerta de una carrera, quizás debería activarse incluso una doble corrección automática.

Y si la revisión llega cuando la matrícula ya aprieta, las garantías llegan tarde…

No estamos ante un asunto menor. Una décima puede decidir Medicina, Enfermería, Psicología o un doble grado. Un cero no es una simple mala nota: puede alterar el proyecto vital de un joven y de una familia.

Por eso conviene pedir cosas claras: anonimato real del estudiante y del centro; reparto aleatorio de exámenes; control estadístico de resultados anómalos antes de publicar las calificaciones; revisión rápida y anterior a la adjudicación definitiva de plazas. Seriedad y profesionalidad.

Espero que se tome buena nota por quienes tienen la obligación institucional de garantizar derechos, no de pedir confianza a ciegas.

Todo lo planteado va a favor de la credibilidad. En bien de todos; y hasta del prestigio de quienes evalúan. Que seguro que, en su gran mayoría, son profesionales más que acreditados.

Las lenguas cooficiales –como el resto de materias– deben evaluarse con seriedad, con profesionalidad. Se les puede causar un daño grave si algunas más que extrañas evaluaciones las meten en sospechas.

La mejor manera de proteger una prueba no es cerrar filas, sino abrir datos, corregir fallos y reforzar garantías. Y rendir cuentas.

No basta con proclamar la tan cacareada igualdad de oportunidades. Que, a veces, se pone en juego en cosas aparentemente sencillas de gestionar: en un criterio objetivo, en un tribunal, en una revisión, en un plazo o en una corrección.

Cuando tantos ceros no se explican solos, el sistema tiene la obligación de explicarlos. Por el bien de todos.