El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello
«El fuerte sobre el débil»: Argüello carga contra el Parlamento Europeo por la iniciativa que pretende pagar los gastos del aborto
El también arzobispo de Valladolid tildaba esta propuesta como 'antinavidad'
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha lamentado la propuesta ciudadana europea del movimiento 'My Voice, My Choice' —Mi Voz, Mi Elección—, para financiar los gastos derivados de los abortos, que ha recogido 1,2 millones de firmas en la Unión Europea.
«Navidad es la alegría de un nacimiento», comentaba a través de su perfil de la red social X el también arzobispo de Valladolid, recordando las palabras de la Anunciación: «Concebirás y darás a luz un hijo». A la vez, calificaba la iniciativa como 'antinavidad' y arremetía contra Europa por hacer valer «el poder del fuerte sobre el débil». «Apoyemos a las madres en alianza social por la vida», sentenciaba.
En el mes de septiembre, el Parlamento Europeo aceptó a trámite la propuesta, aunque no será hasta inicios de 2026 si deciden seguir adelante con la iniciativa para crear un fondo europeo para financiar abortos en los países de la UE donde es legal.
Los miembros de la organización reconocieron que Bruselas no posee la autoridad para legalizar el aborto en toda Europa, ya que carece de competencias sanitarias, pero valoran que podría crear un fondo para las «más de 20 millones de mujeres» que salen de sus países para poder abortar.
Los países del continente que apoyasen la propuesta podrían adscribirse voluntariamente. Este no cubriría los gastos de los desplazamientos, sino el aborto, según explican los impulsores de la propuesta.
Este no es sino la constatación de la deriva ideológica del continente, constatada en Francia el pasado jueves. El Parlamento francés aprobaba una ley que, bajo el pretexto de «reparación histórica», exonera a todas las mujeres condenadas por abortar antes de la entrada en vigor de la Ley Veil de 1975 —texto que abrió la puerta a su despenalización en el país galo—.
Según datos oficiales, más de 11.000 personas fueron condenadas entre 1870 y 1975. La ley reinterpreta el marco legal de la época y lo presenta exclusivamente como una injusticia del Estado, sin reconocer la función de protección de la de la vida humana que dichas normas perseguían.
