Objeción de ciencia ante la llamada ley trans

Un millar de pacientes, encabezados por la joven Keira Bell, que empezó con bloqueadores de la pubertad a los 16 años, han demandado a las clínicas donde se efectuó el tratamiento, cuyos beneficios se disparaban al mismo ritmo que lo hacían los de los laboratorios farmacéuticos. Ideología e intereses económicos pasan por encima de la ciencia y del ser humano.

El problema se agrava cuando hay una legislación al servicio de esos intereses y un gobierno que quiere imponer de forma dictatorial una ideología. Es eso lo que vivimos en nuestro país con las leyes del aborto, eutanasia y la ley trans, en donde se ve involucrado en primera persona el personal sanitario.

Con la ley trans, cuestiones acientíficas entran a formar parte del ordenamiento jurídico con consecuencias muy graves para la infancia y la adolescencia. Es la persona de forma subjetiva la que realiza un autodiagnóstico de disforia y es ella la que decide libremente sus propios tratamientos sin respaldo científico: bloqueadores de la pubertad, hormonación cruzada y cirugía.

La despatologización de la transexualidad se identifica con favorecer una intervención médica, pero sin criterios médicos, simplemente con criterios subjetivos del paciente. Despatologizar significaría poder solicitar y aplicar tratamiento médico e incluso quirúrgico de forma arbitraria, obligando al personal sanitario a obedecer los deseos de los pacientes, aunque ello conlleve graves riesgos para la persona. Estamos ante un ejemplo claro del irracional dogmatismo ideológico. Se regula por ley que el transexual es fruto de una elección de la identidad de género, rechazando cualquier tipo de anomalía psicológica, evitando que la ciencia, a través de la medicina, estudie y determine el tratamiento más aconsejable.

Ante esta realidad, es necesario clarificar:

La medicina, junto a la debida formación científica, requiere una tensión ética constante, orientada a la humanización de los cuidados y a la búsqueda del bien del paciente. La profesión sanitaria tiene el deber de reconocer la dignidad de la persona más allá de su condición débil, teniendo en el corazón su bien y su recuperación.

Hay que respetar la libertad de pensamiento y de ciencia a todos los profesionales de los diversos ámbitos de la vida social sin condicionar el desempeño profesional, en libertad y en conciencia, dejando claro que el principio de autonomía del paciente no puede negar de forma absoluta el principio de beneficencia expresado como primun non nocere (lo primero es no hacer daño). Igualmente, en la relación médico enfermo, la libertad de este no puede anular la libertad del médico.

Nos preocupa que se quiera imponer un adoctrinamiento que condicione el desempeño profesional en los campos educativo, sanitario, función pública, judicatura, cultura y en medios de comunicación. No se quiere razonar y debatir sobre la situación de unas personas y buscar lo mejor para ellas desde el punto de vista médico, sino que se trata de imponer, con contundentes manotazos propagandísticos e incluso legales, una ideología y una postura cómo única, válida y moderna aun cuando la ciencia médica dice lo contrario. Un problema añadido es el sometimiento a la ideología de los menores, incluso por encima de los padres.

Médicamente no se puede decir que la reasignación de sexo hormonal y quirúrgico soluciona los trastornos de disforia. Son muchos los testimonios de personas que se han sometido a la reasignación y no han visto solucionada su situación. No se puede negar por ley la posibilidad de tratamiento psicosexual e incluso la necesidad de obtener un diagnóstico a las personas con trastorno de identidad de género, confundiendo el diagnóstico médico con un intento de anulación de la personalidad. Igualmente hay que valorar bien los tratamientos y explicar las secuelas, los efectos secundarios y las complicaciones de los mismos.

La gran mayoría de estudios científicos, entre ellos el Protocolo Holandés coinciden en que más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo, cuando pasan la adolescencia, no lo siguen pidiendo . No se entiende por qué un estado da por hecho acientíficamente que todo niño que manifieste su deseo de cambiar de sexo es algo inamovible y por tanto prohíbe todas las medidas de retorno. Esto es un atentado a la libertad de la que tanto se presume.

Hay que denunciar la aplicación de un tratamiento prematuro e irreversible, que hay que llevarlo de por vida cuando no se está seguro de la existencia de una auténtica Disforia de Género. A esto se une el derecho de los padres a buscar la mejor atención médica para sus hijos menores y a defenderse de una imposición dictatorial e ideológica de un tratamiento médico imprudente e irreversible.

La ideología, de cualquier signo, debe quedar fuera de la habitación del paciente. La medicina implica siempre una neutralidad científica, que no puede anular ninguna ley ideológica y acientífica, de ahí la necesidad de aplicar ante la llamada ley trans no sólo la objeción de conciencia, sino también de ciencia.

José Mazuelos es obispo de Canarias, médico y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española.