Salud
Un año después de aprobar la eutanasia, el Gobierno sigue sin abordar los paliativos
La última estrategia de Sanidad data de 2010 y ha quedado desactualizada
No es ningún secreto que la Ley de Eutanasia comenzó con mal pie desde el primer momento. Sin un debate en profundidad de las implicaciones médicas y éticas, sin contar con la opinión de los profesionales de la salud, solo el sostén político resultaba insuficiente para abordar un asunto tan complejo. Un año después no se puede hablar de éxito o fracaso, solo de 172 condicionales de lo que podría haber sido si se hubiera producido una aproximación realista.
Durante la tramitación parlamentaria de esta ley, Podemos se vanaglorió de situar a España «en la vanguardia de los derechos fundamentales en el mundo». Este dechado de virtudes se concentra en Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y el Benelux; países que, a la hora de legislar la eutanasia, promulgaron leyes de cuidados paliativos que aseguraran una cobertura tanto hospitalaria como domiciliaria.
En España, sin embargo, este punto fue deliberadamente obviado. De hecho, en el último informe publicado en Journal of Pain and Sympton Management sobre calidad de la muerte en 2021, España se situaba en el puesto 28, por detrás de países como Bielorrusia, Hungría o Botsuana. En este estudio, además, ninguno de los países de «vanguardia» citados por Podemos se encontraba entre los diez primeros.
Actualmente, cada Comunidad Autónoma tiene su propia legislación siguiendo el marco común establecido en la Estrategia Nacional de cuidados paliativos del Ministerio, un texto que data de 2010 y que ha quedado totalmente desactualizado, especialmente tras la pandemia del coronavirus.
En 2019, el Gobierno estuvo cerca de aprobar una ley de cuidados paliativos, pero la coyuntura política lo impidió. Desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) llevan años exigiendo que el Gobierno promulgue una Ley de Garantías, Atención y Cuidados al final de la vida «que asegure la dignidad en el proceso de morir en nuestro país», pero Sanidad sigue sin mover ficha.
Según el Atlas de Cuidados Paliativos en Europa en 2019, España se encontraba en el puesto 31 de Europa en equipos de estos cuidados –entre Rumanía y Moldavia–, mientras que SECPAL calculó que, en 2017, el 60 % de los enfermos que necesitaban cuidados paliativos en 2017 no los recibió.
Registro de objetores
En lugar de abordar de forma paralela a la eutanasia una ley de cuidados paliativos, el Gobierno impulsó la creación de un registro de médicos objetores para controlar a los facultativos que se nieguen a realizar este proceso.
«Quizá habría que hacer un registro en el sentido contrario: de médicos a favor de la eutanasia o del aborto», comenta con sorna Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, que recuerda que la eutanasia «no se incluye como acto médico» en el código deontológico.
«Que la ley lo permita no quiere decir que sea aceptable. Dentro del Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, la eutanasia no es algo que deban realizar los médicos, que están para defender la vida en todos sus momentos», agrega.
El Colegio de Médicos de Madrid denunció el «hurto» del debate sobre la eutanasia
De hecho, el Colegio de Médicos de Madrid denunció en un durísimo comunicado que el debate sobre las consideraciones éticas y deontológicas «se hurtó a la sociedad en general como a la profesión médica, al abordarse el problema del deseo de anticipar la muerte por un sufrimiento refractario o insoportable desde la simplificación dicotómica del 'derecho a morir' frente a la penalización de la asistencia al suicidio».
En su lugar, la ley contempla la objeción de conciencia, pero establece la creación de un registro de profesionales sanitarios que se nieguen a realizar la eutanasia con el objetivo de «facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir».
«Pendientes deslizantes»
Otro de los asuntos preocupantes de esta ley son las llamadas «pendientes deslizantes». «Se empieza con enfermedades crónicas, invalidantes e incurables para pasar a enfermedades mentales y se acaba con personas sanas que, llegadas a una edad, consideran que se ha cumplido su ciclo vital», explica Chivato.
Esto último se ha podido observar en Colombia y Holanda. Además, el número de personas que se acoge a la eutanasia en los países donde se ha aprobado aumenta exponencialmente, como lo hacen las denuncias por irregularidades en los procesos.
«Hay personas mayores que les da miedo ir a un hospital por si le aplican esta ley, como ya ha ocurrido en Holanda. Es cierto que existe un comité de garantías y una autorización, pero hay personas que tienen miedo a ver qué médico les va a tocar», concluye este médico.
Un negocio redondo
En La Haya existe una clínica especializada en aplicar la eutanasia (Levenseindekliniek, «Clínica final de la vida»). Esta recibe de las compañías de seguros 3.000 euros por cada eutanasia. En 2019, se realizaron allí 900 de las 6.361 eutanasias notificadas en todo el país.
El Parlamento canadiense, por su parte, calculó que la aplicación de la ley de la eutanasia supondría una reducción del gasto sanitario de 149 millones de dólares canadienses (95 millones de euros).
El Parlamento canadiense, por su parte, calculó que la aplicación de la ley de la eutanasia supondría una reducción del gasto sanitario de 149 millones de dólares canadienses (95 millones de euros).
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