16 de agosto de 2022

Pasaporte covid

De seis meses a tres años de prisión por falsificar el pasaporte covidEuropa Press

Coronavirus

Falsificar el pasaporte covid podría suponer una pena de seis meses a tres años de prisión

Falsificar el pasaporte covid o de vacunación podrá suponer una pena de entre seis meses y tres años de cárcel. Los tribunales españoles serán los encargados de equiparar la responsabilidad de su autor material y de la persona que lo encarga.
Para acceder a algunos establecimientos, algunas comunidades autónomas siguen pidiendo el certificado de vacunación.

Comunidades con pasaporte covid necesario

  • Andalucía. Hasta el martes 15 de febrero será obligatorio presentar el pasaporte covid para acceder a locales de ocio nocturno, restaurantes, centros de mayores y hospitales.
  • Murcia. Los trabajadores de la hostelería lo podrán pedir de forma voluntaria para poder llenar el interior con un 100 % de comensales, ya que si no lo piden se reducirá al 75 %.
  • Comunidad Valenciana. Estará vigente hasta el 28 de febrero.
  • Galicia. En esta comunidad autónoma el certificado covid seguirá siendo obligatorio hasta el 26 de febrero.
  • Aragón. El pasaporte covid es obligatorio para acceder a los hospitales y residencias. Además, es necesario presentar una autorización para acceder a grandes eventos.
  • La Rioja. El pasaporte covid será solo obligatorio para acceder a los hospitales y residencias a partir del día 14.
  • Navarra. A partir del martes 15 se eliminarán todas las restricciones menos el pasaporte covid para acceder a centros sociosanitarios y gimnasios.
En los países de la Unión Europea su uso seguirá vigente hasta el 30 de junio de 2023, con la finalidad de, según la Comisión Europea, detener las nuevas olas que vayan surgiendo.
La evolución de la pandemia sigue siendo positiva y los principales indicadores se mantienen a la baja, pero en Europa no se descarta que la propagación del virus siga activa en la segunda mitad de 2022, ni tampoco la aparición de nuevas variantes que puedan resultar más dañinas.
Por lo tanto, es previsible que este documento, que acredita que su titular se ha vacunado o se ha sometido recientemente a pruebas de detección, siga siendo requisito esencial para viajar y, en determinados caos, para acceder a lugares de ocio como restaurantes, teatros, cines o gimnasios.
«Pero en la misma medida en la que crece la exigencia de su uso, aumenta la oferta de certificados falsos, que son demandados por quienes buscan seguir con su ritmo de vida eludiendo la vacunación», explica a Efe el abogado Ignacio Castillo, del despacho Castillo Castrillón.
«Si hace unos meses se detectó un incremento en la falsificación de los resultados de pruebas PCR y test de antígenos, actualmente este negocio fraudulento se traslada a los certificados covid, que pueden costar entre 170 y 450 euros en el mercado ilícito», añade este penalista.

Omar Montes implicado en una red de falsificación

Además del cantante Omar Montes, uno de los artistas más escuchados de España, según la plataforma Spotify, figuran como supuestos clientes de esta organización conocidos delincuentes aluniceros o condenados por narcotráfico.
«Las personas que quieren obtener un pasaporte covid fraudulento no son conscientes de que la reproducción ilegal de los mismos no es sencilla para su correcto funcionamiento, ya que al contar con un código QR para su validación, deben acceder al sistema de la Administración emisora», añade Castillo.
La manipulación del código QR supone, en la práctica, la alteración de un elemento esencial de un documento expedido por la Administración.
El ilícito penal en cuestión en el que incurriría tanto la persona que falsifica materialmente el documento como quien lo encarga está tipificado en el artículo 392 y 390.1 del Código Penal, y contempla penas que van de los 6 meses a los 3 años de prisión, con multas de diverso importe, de entre 6 y 12 meses de duración.
«Quienes tengan la tentación de adquirir un pasaporte covid falso han de conocer que no se trata de un certificado de escasa transcendencia en el tráfico jurídico, dadas las connotaciones que trae consigo la actual pandemia y la necesidad de tutelar y proteger el interés general por parte de las Administraciones», advierte Ignacio Castillo.
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