La ministra de Igualdad, Irene Montero
Montero elimina el periodo de reflexión obligatorio de la mujer en su ley del aborto
Además obligará a los hospitales públicos a contar con un profesional que pueda practicar la interrupción voluntaria del embarazo
Irene Montero sigue empeñada en que la ley del aborto que prepara el Ministerio de Igualdad ofrezca todo tipo de facilidades para la interrupción del embarazo a la vez que persigue a los profesionales provida.
La propia ministra ha anunciado, durante su comparecencia en el Congreso, que la nueva ley obligará a los servicios de ginecología y obstetricia de todos los hospitales públicos a contar con profesionales que puedan practicar un aborto, al tiempo que elimina el periodo de reflexión de la mujer, de tres días.
«Ahora obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días, como si sus decisiones no fuesen legítimas ¿Se imaginan, señorías, que esto sucediera con un hombre que acude al centro de salud para proteger el derecho a la salud?», ha asegurado la ministra.
Montero ha incidido en que todos los hospitales con servicio de ginecología y obstetricia «deberán tener profesionales que puedan garantizar la interrupción voluntaria del embarazo».
Sobre la objeción de conciencia, la ministra ha reconocido que se trata de un derecho constitucional que se respetará «escrupulosamente», pero ha insistido en que estos profesionales «no pueden suponer una barrera» para el aborto. Así, Igualdad tomará como referencia la ley de la eutanasia y el registro de profesionales objetores de conciencia.
Aborto de menores sin permiso paterno
Además, esta ley permitirá que las chicas de 16 y 17 años que se queden embarazadas puedan decidir si abortan o no sin la necesidad de contar con el consentimiento de los padres, tal y como recoge la ley actual. Según Montero, «del mismo modo que son responsables para trabajar o tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos».
La ministra también ha apostado también por avanzar en el reconocimiento de un permiso maternal preparto; prevenir y erradicar «la violencia ginecobstétrica e impulsar las buenas prácticas que muchos hospitales» ya desarrollan; garantizar la salud menstrual y ofrecer educación sexual en todos lo niveles educativos.
«Es responsabilidad del Estado ofrecer una educación que permita el acercamiento de los más pequeños a la sexualidad desde la igualdad y el respeto al otro, a la otra», ha manifestado la ministra.
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«Se usa el aborto como método anticonceptivo»
Para Isidro Lago, ginecólogo y presidente del Colexio de Médicos de Pontevedra, considera que «estamos sacando las cosas de quicio»: «Entiendo que tenga que haber lugares de referencia –como hay centros de referencia para tratar cierto tipo de enfermedades–, pero no hay demanda para implantarlo en todos los hospitales. Es una medida populista pero no hay necesidad».
«No puede ser que se utilice el aborto como un método anticonceptivo porque no hay un buen sistema de planificación familiar», señala este ginecólogo.
Sobre la eliminación del periodo de reflexión, Lago explica que «no es coherente». «Veo mujeres salir de mi consulta con una opinión y al cabo de unos días tienen otra, no creo que pase nada por dar un tiempo para sopesar una decisión como el aborto», concluye.
Equiparación de los provida con los maltratadores
Al mismo tiempo que Igualdad facilita el aborto, el Gobierno pretende castigar con penas de cárcel a aquellas personas que acudan a las inmediaciones de las clínicas abortivas para rezar u ofrecer información a las mujeres que piensan interrumpir su embarazado.
Según informó El Debate, el artículo 172 quater del Código Penal incluirá un apartado que elimina la necesidad de denuncia previa. Este artículo, que regula el delito de coacciones, está vinculado a la existencia de una denuncia previa por parte de la víctima o de su abogado, salvo en el caso de las víctimas de violencia doméstica y de género.
Así, este apartado especifica que «en la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal».
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