La ministra de Igualdad, Irene Montero
La polémica ley del aborto
El Consejo de Ministros aprobará la reforma de la ley del aborto a pesar de sus incongruencias
La norma, que permite el aborto de las menores de 16 años sin permiso paterno, incluye la baja laboral por regla dolorosa y un registro para señalar a los médicos objetores
El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el polémico anteproyecto de la ley del aborto. No obstante continúa la negociación, ya que las ideas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni siquiera cuentan con el apoyo de algunos miembros de su propio Gobierno.
Uno de los objetivos del Ministerio de Montero, según indicaron en el borrador, era reducir el IVA de los productos de higiene femenina –la conocida 'tasa rosa'– de un 10 % a un 4 %. Sin embargo, el pasado lunes, la ministra confirmó que no se iba a llevar a cabo esta medida, que había vendido reiteradamente.
La nueva ley del aborto permitirá a las niñas menores de 16 años abortar sin el consentimiento de los progenitores. Además, regulará la gestación subrogada, permitiendo a los tribunales perseguir a aquellas parejas que viajen al extranjero para continuar con el proceso, ya que Igualdad lo considera violencia contra las mujeres.
Otra medida será la realización de una lista de objetores para controlar a aquellos médicos que se niegan a realizar un aborto por principios morales. Con esto se asegurarán de que cada centro de salud pública cuente con un especialista que no tenga problemas morales ni éticos en ejecutar abortos a menores o a cualquier mujer que lo pida. Esta medida ha provocado las quejas de algunos colegios médicos, que la ven como un modo de señalar a los galenos que no están dispuestos a eliminar fetos y embriones humanos.
La nueva ley incluirá otras medidas, como el ya célebre «derecho a la salud menstrual». Se regularán las bajas por dolor menstrual, que podrá extenderse hasta los tres días. Fuentes del Gobierno han precisado que las bajas serán asumidas desde el primer día por la Seguridad Social y no por la empresa. No se exigirá un mínimo cotizado como en otras incapacidades temporales comunes. También este punto es polémico y de entrada contó con la oposición de los ministros Calviño y Escrivá.
Además, se planteará financiar públicamente tanto los anticonceptivos hormonales como la píldora del día después. Bajo nuevas órdenes de educación sexual, métodos anticonceptivos serían repartidos en institutos de manera completamente gratuita.
Por otro lado, se mantendrá el aborto libre a petición de la mujer hasta las 14 semanas de gestación (cuarto mes de embarazo).
Críticas de los políticos
La polémica medida impulsada por Montero de dar tres días por menstruación dolorosa no cuenta ni siquiera con el apoyo del sector económico del Gobierno. Sin embargo, la ministra de Igualdad ha decidido llevarlo al Consejo, abriendo una nueva grieta dentro de un Ejecutivo que suma una larga lista de desencuentros.
Desde el PSOE hay voces de peso que están en desacuerdo. Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno se pronunció el pasado 12 de mayo sobre la propuesta de Igualdad. «Permítanme que se lo repita con toda claridad, este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres», ha declarado Calviño.
La secretaria de Igualdad del partido, Andrea Fernández, ha opinado que «asumir que la regla exige por sí misma una consideración especial puede ser poco útil y perjudicial» para las mujeres. «Necesitamos investigación, diagnóstico y tratamientos adecuados para abordar los padecimientos asociados a nuestro aparato reproductivo», ha publicado en Twitter.
De igual modo, ha señalado que las reglas «no incapacitan por sí mismas, sino que generalmente esconden una enfermedad que hay que diagnosticar y tratar adecuadamente».
Los médicos, perseguidos y señalados
El Ministerio de Sanidad sostiene que el 84,15 % de los abortos se realizan en centros privados, a lo que Montero añadió en 2021 que el 87 % de ellos se realizaban fuera de los hospitales. Sea como fuere, ni Igualdad ni el Gobierno han proporcionado ninguna solución para tratar de paliar este problema. La única medida que han propuesto has ido la de la elaboración de un registro de objetores con la finalidad de marcar a los médicos que se opongan a practicar un aborto.
Montero pretende regular la objeción de conciencia de estos doctores para que «no estén por encima del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres» y que estas puedan ejecutar un aborto en «un hospital público, cercano a su domicilio, eligiendo el método y con todas las garantías para sus derechos».
«En cualquier país libre y democrático las listas negras no proceden y menos en un tema tan importante para un médico que lleve a obligarle o presionarle para que haga algo que él en conciencia cree que no debe hacer, es más, que le repugna hacer», denunciaba Chano Vidán, presidente del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña al medio.
La objeción de conciencia es un hecho constitucional, por lo tanto, según asegura el doctor de La Coruña «cualquier médico que considere una situación moralmente o éticamente por sus convicciones y cree que no debe hacer determinada acción, fruto de una opinión personal, debe ser respetado en todas las sociedades democráticas y libres».
La objeción de conciencia es una opinión individual. «El que haya listas o registros no nos gusta, porque todo el mundo tiene el temor de que ese tipo de registros, con la independencia y discreción que siempre dicen que tienen, trasciendan y que alguno de los médicos sea señalado o se le limite a ser nombrado o ascender», y apunta que «lo que tiene que ver con la conciencia es de uno y en una determinada decisión se objeta o no objeta», concluye Vidán.
El rechazo de las organizaciones provida
Las asociaciones provida también han alzado la voz ante la propuesta de ley que se aprobará este 17 de mayo. Marta Velarde, presidenta de los Rescatadores –quienes ofrecen ayuda e información en los alrededores de los abortorios– denuncia que es inherente que la ley contemple que una niña de 16 años pueda poner fin a su embarazo sin permiso de sus padres, ya que en realidad «no tienen ni idea de lo que es el aborto».
La consecuencia será, según detalla Amaya Azcona, directora de RedMadre, «que va a dejar desprotegidas a las menores, de sus padres que son quienes las cuidan y ante la ley, y las deja en manos de los padres de sus hijos que esperan y de otras presiones externas que dicen preocuparse por ellas». Lo que sucederá, según recalca, es que aumentará la violencia contra la embarazada, sobre todo la menor, porque ponga fin a su embarazo sin hablar con sus padres, informarse o pedir ayuda.
Mientras, el aborto retrocede en EE.UU.
Mientras en EE.UU. la Corte Suprema, de mayoría conservadora, pretende revocar cinco décadas de protección constitucional al aborto, el Gobierno de España tiene previsto reformar la ley del aborto para permitir blindar el derecho y garantizar el acceso en la sanidad pública, todo lo contrario al avance de EE.UU.
El anteproyecto, a pesar de ser aprobado este martes, aún tiene un largo recorrido antes de que se lleve a cabo. Después de ser aprobado los órganos consultivos tienen que revisarlo, una vez se haga, debe volver al Gobierno y de ahí a las Cortes.
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