Regantes de las provincias de Alicante, Murcia y Almería, concentrados a las puertas del Palacio de La Moncloa.
Comunidad Valenciana Sánchez consuma la «muerte lenta» del Tajo-Segura y condena a los regantes del Levante
El Gobierno aprueba los caudales definitivos del trasvase frente a la indignación de los agricultores de Alicante, Murcia y Almería
No ha habido ningún tipo de sorpresa ni milagro de última hora y el Consejo de Ministros ha dado luz verde de manera definitiva al recorte del trasvase entre los ríos Tajo y Segura.
Mediante la aprobación de los nuevos caudales ecológicos y tras el visto bueno del Consejo de Estado, la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica sale adelante a pesar de contar con el rechazo frontal de los regantes del Levante.
Esperando un cambio de postura in extremis por parte del Ejecutivo central, varios colectivos de agricultores de las provincias de Alicante, Murcia y Almería se han concentrado a la desesperada a las puertas del Palacio de La Moncloa mientras en el interior del complejo se desarrollaba el Consejo de Ministros.
Sin embargo, Sánchez y sus ministros, especialmente la vicepresidenta Tercera y ministra a cargo de la competencias sobre el trasvase, Teresa Ribera, han ignorado las demandas del sector del campo y han tomado la decisión de recortar la infraestructura sin ningún criterio medioambiental, según denuncian los afectados.
Subida de los precios
Uno de ellos es el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Alicante, José Vicente Andreu, que ha acusado al Gobierno de provocar «la muerte lenta pero segura del trasvase».
Asimismo, el responsable del colectivo ha advertido que, con la posición del Gobierno, «no solo serán los agricultores los perjudicados», sino también «toda la sociedad española».
La razón que esgrime Andreu responde al «consecuente encarecimiento» que se va a producir por «la reducción de ventas de frutas y verduras» a raíz del encarecimiento a la hora de cultivarlas.
En el mismo sentido se ha expresado el presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Lucas Jiménez. A su juicio, tanto la concentración en La Moncloa como todas las protestas que han organizado hasta la fecha obedecen a reclamar «un acceso al agua en igualdad de condiciones que el resto de los españoles».
Los regantes del Levante, concentrados frente al Palacio de La Moncloa.
Según ha recordado, la del Segura es «una cuenca seca que necesita aportes de agua externos». Según ha explicado Jiménez, «no puede ser» que estos aportes «estén siempre en discusión cuando son mínimos» y tienen como objetivo revertir que la zona siga siendo «la región más desertificada de Europa».
Del mismo modo, los colectivos de regantes concentrados frente a la sede de la Presidencia del Gobierno han hecho hincapié en las consecuencias que se derivarán del recorte del trasvase Tajo-Segura.
Además del ya mencionado aumento de los precios en los mercados de los productos cultivados, calculan que se perderán «cerca de quince mil empleos y 27.000 hectáreas de regadío».
El Gobierno intenta justificarse
Por su parte, el Gobierno ha defendido a ultranza su decisión. Lo ha hecho la propia Teresa Ribera en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
En ella, la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica ha afirmado que la aprobación del recorte se basa en «saber cuáles son los volúmenes de agua de los que dispone» España para «priorizar su uso y distribución» siempre habiendo «seguido todos los criterios técnicos».
Igualmente, ha asegurado que el «compromiso del Gobierno» con los agricultores del Levante «es total»: «Alicante tendrá agua; Murcia tendrá agua. Almería tendrá agua», ha insistido Ribera.
Tal como vienen repitiendo los regantes y el propio Andreu señaló a El Debate horas antes de la concentración frente a La Moncloa, el porcentaje de agua desalada tendría que ser puntual y circunstancial, «nunca el eje» del trasvase.
Sin embargo, la intervención de la ministra ha contado con numerosas menciones a las supuestas virtudes de la desalación.
Sobre ello, Ribera ha respaldado su uso, a la vez que ha anunciado que «la semana que viene» se materializará el «compromiso» con los campesinos para «negociar al precio del agua desalada».
Igualmente, ha indicado a lo largo de la rueda de prensa que la decisión del Ejecutivo tiene en cuenta «por primera vez» los «efectos del cambio climático» y trata de actuar frente al «frágil equilibrio» entre el agua disponible y su distribución.
De manera poco sutil, la vicepresidenta Tercera ha mandado un mensaje a los colectivos que se han manifestado en diversas ocasiones frente al recorte en el Tajo-Segura y a quienes les han apoyado: «No se debería cuestionar el cumplimiento de la las legislaciones europea y nacional».
Por último, con tal de apaciguar la fuerte tensión existente desde finales de año a cuenta del trasvase entre el Gobierno y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ribera ha querido enviar un «reconocimiento expreso» a Ximo Puig.
Así, le ha querido agradecer a su compañero socialista que haya apostado por que el seguimiento del trasvase vaya a ser «transparente» y de forma bilateral con cada comunidad autónoma afectada.
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