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29 de marzo de 2024

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', aplauden durante la III Conferencia Europea por la Paz

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam'Europa Press

Igualdad sugiere regar con dinero público a las empresas que usen lenguaje inclusivo

Una guía editada por el Instituto de las Mujeres propone favorecer a las compañías con subvenciones o contratos siempre y cuando trabajen para la igualdad de género

Una guía del Ministerio de Igualdad propone favorecer en los contratos con la Administración a aquellas empresas que hagan propio el lenguaje inclusivo.
«Resulta lógico, equitativo, racional e igualitario utilizar los contratos y las subvenciones públicas para reducir las desigualdades de género», reza el documento. Es decir, una forma de chantaje. Quienes quieran optar a ellos, que pasen por el aro. «Los poderes públicos tienen el deber de utilizar de forma eficiente sus fondos públicos, por lo que la contratación y las subvenciones deben considerarse un medio al servicio de los objetivos sociales prioritarios como la igualdad de género».
Captura de la guía editada por el Instituto de las Mujeres

Captura de la guía editada por el Instituto de las MujeresEl Debate

Así, se les pide a las compañías españolas que cumplan con una serie de objetivos de género para optar a «subvenciones y contratos públicos». Entre ellos, las metas pasan por incrementar el número de mujeres trabajadoras, emplear a mujeres en sectores masculinizados, eliminar las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, garantizar la paridad y, sobre todo, utilizar un lenguaje e imágenes no sexistas.

Cláusulas equitativas

El trabajo recomienda a las empresas introducir cláusulas adicionales como promover la sensibilización y la formación interna en materia de igualdad en las empresas contratistas e incorporar en la prestación contractual acciones de prevención de riesgos y salud laborales con perspectivas de género y adaptadas a las características diferenciadas de sexo.
Otros posibles requisitos a la hora de contratar con lo público son que se garantice que el 50 % de las personas beneficiarias sean mujeres o que se soliciten datos desagregados por sexo, así como evaluar la prestación con perspectiva de género.

Chantaje a la carta

El documento, patrocinado por Igualdad, entiende que los contenidos y los temas tratados en su guía vienen a contribuir «a la formación, apoyo y sensibilización» de las personas implicadas en los órganos de contratación, «proporcionándoles una herramienta útil que tiene en cuenta la inclusión de la perspectiva de género en las principales fases procedimentales de una licitación».
El Instituto de la Mujer entiende que la incorporación de estas cláusulas en la contratación pública «serán decisivas en la reducción de las desigualdades sociales y de género».
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