Ángela Rodríguez y Victoria Rosell
Igualdad no computa como víctimas de violencia de género a los hijos no natos de las asesinadas
El Ministerio de Igualdad exige que las ayudas a las familias de una mujer asesinada por violencia machista se equiparen a las que reciben las de terrorismo
Para Igualdad los no nacidos no importan ni cuentan para las estadísticas con las que justifican sus políticas, ya se ha visto con la ley del aborto y ahora van un paso más allá. Según la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, los fetos de las asesinadas embarazadas «no cuentan como víctimas».
Estas han sido sus palabras tras la reunión del comité de crisis convocado por el departamento que dirige Irene Montero –que ha preferido no participar en la rueda de prensa–, donde la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', y Rosell han denunciado el asesinato de cinco mujeres el pasado mes de mayo –a pesar de los millones invertidos por el ministerio– por sus parejas o exparejas.
Según los datos que ha proporcionado Victoria Rosell, 1.204 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas desde que se comenzaron a contabilizar los casos, 20 de ellas de este año. En lo referido a los niños huérfanos, la delegada del Gobierno ha recordado que son 399 los menores de edad desde 2013 que han perdido a sus madres por este motivo. Además, asegura, el pasado 6 de mayo “dos de ellos presenciaron el asesinato de su madre".
En lo que llevamos de año se ha contabilizado una víctima mortal menor de edad, 49 desde 2013, ha recordado Rosell. Además, ha asegurado que pretenden que los menores víctimas de «esta lacra» tengan «una orden de protección generalizada». Pero nada para los no nacidos, ya que «no se cuentan como víctimas».
De las cinco mujeres asesinadas el pasado mes de mayo, dos de ellas estaban embarazadas –una de ellas esperaba gemelos–. Preguntada sobre si se incluyen los no natos en las estadísticas, Rosell ha respondido sin tapujos: «No».
Ante los dos casos de embarazadas asesinadas, desde el ministerio de Igualdad proponen que «se amplíe su protección como víctima más vulnerable». Para ello piden que se recoja la necesidad de que el embarazo llegue a término y que se dicte una orden de protección que incluya al bebé tras el nacimiento. Pero, de nuevo, ni rastro de protección ni la más mínima consideración hacia los fetos que murieron junto a sus madres.
Un aumento de 160.000 euros
El Ministerio de Igualdad exige que las ayudas a las familias de una mujer asesinada por violencia machista, que actualmente reciben 90.000 euros, se equiparen a las que reciben las de terrorismo –250.000 euros–. Esto supone una diferencia de 160.000 euros dentro de una política de reparación que «debe de asumir el Estado», ha apuntado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez ‘Pam’. Además, ha manifestado que el Estado debería asumir que «ha llegado tarde y no ha hecho lo que tenía que hacer».
También ven necesario mejorar el fondo de garantía de pago de alimento y las ayudas a la reparación. Por lo que, según 'Pam', uno de los análisis que ha realizado ha mostrado la necesidad de «aumentar el umbral de este fondo» que en la actualidad se encuentra en los 8.000 euros.
Del mismo modo, número dos de Montero ha visto la necesidad de aumentar el anticipo que recibe la víctima, que es de 100 euros, a los 500 para evitar «una situación de vulnerabilidad» de la madre que pueda llevarla a «situaciones más complejas».
Quinto mes más negro de la historia
En relación con uno de los crímenes del pasado mes de mayo donde una mujer fue presuntamente asesinada con un arma de fuego, el comité de crisis ha planteado a Interior «revisar el decreto que regula las aptitudes psico-físicas» que se exigen para tener armas y que si se produce una denuncia por violencia de género ésta sea retirada de manera inmediata.
Según ha señalado 'Pam' este mes es el quinto de la serie histórica más trágico. De hecho, según los últimos datos, las mujeres que sufrieron violencia aumentaron un 8,3 % con respecto al año 2021. Tal y como apuntas las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 32.644 mujeres tuvieron alguna medida cautelar u orden de protección por los malos tratos.
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