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Médicos critican la medida que obliga a la Red Sanitaria Pública a realizar abortos
Mónica García, aunque esté muy enfocada en querer acabar con la vida de los no nacidos, debe saber como médico que el Código Español de Deontología Médica es de obligado cumplimiento
Por mucho empeño que haya puesto la exministra de Igualdad, Irene Montero, el aborto no se podrá llevar a cabo de forma unánime en todos los hospitales de la Red Sanitaria Pública. Sin embargo, ahora que el panorama nacional ha cambiado, la izquierda seguirá intentándolo.
Según comenta Sumar, partido de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, su finalidad es garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para ello, defenderán y garantizarán, según su programa electoral, el acceso «efectivo al derecho al aborto» desde los servicios públicos de salud en todo el territorio y en condiciones de igualdad. Situación que rechazan muchos facultativos.
En los hospitales públicos, al menos en la Comunidad de Madrid –asegura Manuel Martínez-Sellés, cardiólogo y presidente del Colegio de Médicos de Madrid– no se practican abortos porque los ginecólogos, de forma unánime, «se acogen a su derecho a la objeción de conciencia».
En febrero de 2023, esta controvertida norma se aprobó por el Parlamento, por lo tanto, y como consecuencia de esto, añade un experto que no quiere ser identificado, esta práctica se ha incluido en la cartera del Sistema Nacional de Salud (SNS), y «se debe cumplir». Pero tiene un gran inconveniente, se haga lo que se haga, se viola «el derecho del paciente o el derecho del doctor», siempre prevaleciendo el del primero.
Reconodico en la Carta Europea de Derechos Fundamentales
A pesar de esto, apunta el doctor Martínez-Sellés, es cierto que una directriz sigue hablando del deseo de que se practiquen abortos en los hospitales públicos, pero «lógicamente» esto va «en contra del derecho a la objeción de conciencia que tienen todos los médicos». Con lo cual, recalca el cardiólogo, la única forma de conseguir eso sería o ir directamente «contra el derecho de la conciencia» o contratar a ginecólogos que no sean objetores, cosa que también iría contra la ella, ya que «nadie puede ser discriminado».
Algo que ha pasado por alto el Gobierno es que este derecho está garantizado en la Constitución y reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Con lo cual, independientemente de que esta propuesta la llevase Sumar en su programa electoral, es evidente que los doctores que no quieran realizar abortos «van a seguir estando protegidos por el derecho de objeción de conciencia», explica el presidente del Colegio Oficial de Médicos.
En Madrid, según apunta el presidente, ningún médico ha sido discriminado por acogerse a su derecho. Sin embargo, en el caso de que esto suceda, «nos movilizaremos para defender este derecho a la objeción de conciencia», adelanta Martínez-Sellés. A pesar de ello, cree que el hecho de que la ministra provenga de Sumar «no significa que las directrices que se vayan a seguir sean las del partido». Pero, lógicamente, «esto todavía es pronto para saberlo».
Al hilo, el doctor «ve positivo» que la ministra sea médico, puesto que debe conocer el Código Español de Deontología Médica y, por tanto, saber que, tal y como dice textualmente el documento: «El ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. Es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido».
Por lo que la ministra como médico, aunque esté muy enfocada en querer acabar con la vida de los no nacidos, debería saber que este es un código deontológico de obligado cumplimiento para todos los facultativos de España. Además, el Código aclara que el médico está al servicio de preservar la vida tan confiada en cualquiera de sus estados.
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