Asociaciones piden un 2024 sin listas de espera de la Dependencia: «Cada 12 minutos fallece una persona»

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales pide para este nuevo año 2024 que desaparezca la lista de espera de la Dependencia, en la que ya hay más de 350.000 personas. A pesar de este año de «claroscuros» celebran el incremento del presupuesto en más de 600 millones de euros, pero en el que lamentan que no se han hecho efectivos los objetivos del Plan de Choque en Dependencia.

En España hubo aproximadamente 310.000 personas en lista de espera al finalizar el año y en una media de 12 minutos falleció una persona. Tal y como explicó el pasado mes de diciembre a El Debate Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), en estos meses, antes de terminar 2023, «22.311 personas han fallecido esperando ser atendidas». Esto son 73 personas cada día.

A pesar del gran problema, en lugar de reducirse «de manera importante», revela José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ni siquiera amagan con disminuir. Con lo cual, argumenta, la desidia e impericia del desarrollo de la Ley de Dependencia por parte de las comunidades autónomas y la falta de liderazgo de un Gobierno que debería de obligar a cumplir esos objetivos hace que en este momento «no hayamos tenido buenas noticias a finalizar el año con respecto a los objetivos del Plan de Choque».

En este sentido, Ramírez señala que hay un «claroscuro» en el balance del año que termina en materia de Dependencia, ya que, por una parte, «se incrementó el presupuesto en más de 629 millones de euros» y, sobre todo, el decreto de julio «revirtió los recortes anteriores», incrementando las intensidades de la ayuda a domicilio e incrementando las cuantías económicas de las prestaciones de cuidadores familiares.

Al hilo, añade que «lo negativo» es que los objetivos del plan de choque, a pesar de los incrementos económicos por parte de la Administración General del Estado, «no se están haciendo efectivos». Y si no fuera, advierte, por «una depuración que ha hecho la Generalitat catalana», que ha quitado a más de 25.000 personas de la lista de espera en este mes, probablemente no solo la lista de espera no se hubiera reducido, sino que se hubiera incrementado, a pesar de ser «el principal objetivo del plan de choque de la dependencia».

En cuanto al nuevo modelo de residencias acordado durante la pasada legislatura por Gobierno y comunidades autónomas, que contemplaba el incremento de las ratios, con un profesional por cada dos residentes; la prohibición de construir residencias muy grandes (con un límite de entre 75 y 120 plazas, dependiendo de la densidad de población); la reestructuración de las residencias públicas y concertadas, de aquí a 2030, en unidades de convivencia de 15 personas o la eliminación de las sujeciones, Ramírez advierte de que con el dinero que se está invirtiendo no se pueden mantener los niveles de calidad y atención centrada a la persona.

«Es incompatible pagar 60 euros al día por una plaza residencial y pensar que con ese dinero se puede mantener una atención centrada en la persona, con unas ratios fenomenales», avisa, al tiempo que pide «una mayor inversión y voluntad de crear un servicio de calidad que atienda a las personas de mejor manera».

Ante esta situación, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales piden para el año 2024 «ni más ni menos, que se cumpla la ley y se gestione con pericia». «Es decir, que no haya listas de espera, que no fallezca la gente sin recibir las prestaciones y servicios a la que tiene derecho», subraya.

Por ejemplo, también reclama que la teleasistencia llegue a todas las personas en situación de dependencia, tal y como se prometió. «Que cuando se dice que va a haber una universalidad de la teleasistencia para todas las personas que viven en domicilio sea real y no que en este momento solamente lo tiene un 60 % de las personas que viven en domicilio, si es el 100 % es el 100 %, si es universal es para todo el mundo y debe ser gratuito», insiste.

Además, en cuanto a la inversión en Dependencia, pide que «al menos sea el mismo dinero que se ha invertido el año pasado, ex novo, 600 millones de euros más» porque «eso obliga a las comunidades autónomas a cumplir, a ser, diligentes y eficaces en el cumplimiento».