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Médicos con papeles

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Condenan a dos años de cárcel e inhabilitan seis meses a un médico por espiar el historial de otro

Además, deberá pagar una multa de 15 meses, con una cuota diaria de cuatro euros, así como una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a la médica de familia A.R.R. a dos años de prisión y seis de inhabilitación absoluta para ejercer su profesión por un delito de descubrimiento de secretos de especial trascendencia. La sentencia se debe a que accedió en tres ocasiones, sin consentimiento ni justificación, al historial clínico de su compañera O.E.G.J.

El fallo, hecho público este miércoles por el presidente del tribunal, Javier Encinar, se basa en un acuerdo de conformidad entre las partes. Dicho acuerdo establece que la condenada no ingresará en prisión, siempre que no cometa ningún delito durante los dos años de la condena.

Además, la médica deberá pagar una multa de 15 meses, con una cuota diaria de cuatro euros, así como una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil. De esta cantidad, se descontarán los 5.620 euros ya abonados, lo que ha permitido aplicar la atenuante muy cualificada de reparación del daño antes del juicio, según explicó el fiscal jefe de Ávila, Francisco Javier Rojo.

A.R.R. se ha comprometido a pagar el resto de la indemnización en un plazo de 10 días hábiles y ha manifestado su conformidad con el acuerdo, lo que ha reducido la duración del juicio a unos veinte minutos.

El pacto alcanzado rebaja la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía, que pedía dos años y siete meses de prisión y nueve años de inhabilitación. También es inferior a la petición de la acusación particular, que reclamaba cuatro años de cárcel y doce de inhabilitación absoluta, mientras que la defensa solicitaba la absolución.

La sentencia, ya firme, se basa en que A.R.R. accedió al historial de O.E.G.J. los días 22 de enero, 26 de julio y 21 de noviembre de 2020, a través del sistema «Medora». Ambas trabajaban en un centro de salud de Ávila, pero la acusada no era la médica asistencial de la denunciante, quien en ese momento se encontraba en situación de incapacidad temporal.

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