Competencia enmienda al Gobierno por su decreto contra las universidades privadas: «Exige requisitos discriminatorios»

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha expresado su preocupación por el proyecto de real decreto que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades en España, al considerar que impone «requisitos injustificados y discriminatorios».

El texto legislativo plantea nuevas exigencias para los centros universitarios, centradas en aspectos como la cualificación del personal docente, el número de alumnos, la viabilidad financiera y los mecanismos internos de evaluación de la calidad.

A pesar de que la propia CNMC defiende la necesidad de elevar el nivel del sistema universitario español, Competencia sostiene que la normativa plantea obstáculos que dificultan la entrada de nuevos actores y no garantizan necesariamente una mejora en la calidad educativa. En palabras del organismo, los requerimientos introducidos «no maximizan la calidad del servicio y dificultan la entrada de nuevos competidores en el mercado».

El informe, de carácter preceptivo pero no vinculante, cuestiona la ausencia de indicadores precisos y medibles que permitan evaluar con objetividad el impacto de los criterios propuestos en la calidad del sistema.

En este sentido, aboga por establecer mecanismos que faciliten la identificación y corrección de deficiencias detectadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), recomendando que «el control debería centrarse en aspectos objetivos y medibles que permitan la evaluación ex post».

Número mínimo de alumnos y títulos

Entre sus recomendaciones, la CNMC plantea revisar la obligación de ofertar un mínimo de titulaciones de grado, máster y doctorado, o al menos, mantener las exigencias actuales sin endurecerlas. También cuestiona el umbral fijado de 4.500 estudiantes como requisito mínimo de matriculación, al considerar que este criterio «no garantiza un nivel de calidad ni la sostenibilidad del proyecto».

El organismo también propone eliminar la exigencia de experiencia previa en gestión universitaria para todos los miembros del equipo directivo, así como para la persona física o jurídica promotora de una universidad privada. En su opinión, esta condición restringe innecesariamente la participación de nuevos promotores en el ámbito universitario.

Otro aspecto destacado en el informe se refiere a la capacidad mínima de alojamiento estudiantil, fijada en un 10 % del total de plazas ofertadas. La CNMC considera necesario que, de mantenerse esta exigencia, los operadores estén obligados a justificar los costes económicos asociados y el porcentaje establecido.

Además, el organismo regulador pide reconsiderar la imposición de límites a los precios de matrícula de los centros adscritos, al considerar que dicha medida supone «una intervención de precios decidida por un tercero que limita la capacidad de autoorganización» de los centros. También sugiere revisar el tratamiento diferenciado que se otorga a las llamadas «universidades de características especiales», proponiendo suprimir el requisito que obliga a que el 75 % del personal docente e investigador resida en España. De mantenerse, la CNMC recomienda que se flexibilicen los plazos de adaptación para las universidades virtuales ya existentes.

Por último, la institución aboga por que las facultades, escuelas y centros que dependan de universidades y que se ubiquen en comunidades autónomas distintas estén sujetas a reserva de ley, con el objetivo de evitar regímenes de autorización adicionales que dificulten la implantación interterritorial.

En su recordatorio final, la CNMC subraya que tiene competencias para intervenir de oficio, según lo establecido en el artículo 5.1.h de la Ley 3/2013 de creación de la institución, y también a instancia de diversas entidades como las Cortes Generales, el Gobierno, las comunidades autónomas, corporaciones locales, colegios profesionales, cámaras de comercio u organizaciones empresariales y de consumidores.