El Gobierno ha dado un millón de euros a una ONG señalada por alojar inmigrantes en pisos destrozados

El Gobierno que lidera Pedro Sánchez ha abanderado en los últimos tiempos la lucha a favor de la inmigración en nuestro país. Esta misma semana, el líder del Ejecutivo español ha viajado hasta Mauritania para reunirse con su homólogo y tratar, precisamente, la cuestión migratoria en España.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión entre dirigentes y en plena escalada de violencia en Torre Pacheco, Sánchez reivindicó la inmigración «segura y ordenada» como factor de progreso y desarrollo económico de España. «Hoy día, el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha ido a desarrollar un proyecto de vida», sostuvo durante su visita.

Este discurso contrasta radicalmente con la estrecha relación entre el Gobierno de Sánchez y la fundación Ibn Battuta, entidad señalada por meter a menores inmigrantes no acompañados en pisos que fueron calificados en 2018 por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) como lugares con «deficiencias importantes».

En primer lugar, el Ejecutivo Central, a través, principalmente, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha regado a esta fundación con un total de 1.073.530 euros desde el año 2021, fecha posterior al escándalo de Ibn Battuta con los pisos en los que acogía a los menores.

Según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, en total, esta asociación ha recibido 1.518.856,63 euros de las arcas públicas, de los cuales 248.352,99 emanan de la Generalitat de Cataluña, tanto en su etapa de Pere Aragonès como con el socialista Salvador Illa. Por otro lado, Ibn Battuta está liderada por Mohammed Chaib Akhdim, exdiputado del PSOE en el Parlamento de Cataluña y ciudadano español de origen marroquí.

Estado de los pisos

En el año 2018, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) denunció vulneraciones «flagrantes y sistemáticas» de los derechos de unos menores tutelados por la Generalitat que vivían en unos pisos de Barcelona situados en el barrio del Poblenou. Fue el propio Govern quien exigió a la entidad que gestionaba las viviendas, la Fundación Ibn Battuta, que tomase «medidas inmediatas» para mejorar la situación.

Según denunció el citado sindicato, los jóvenes que residían allí —menores extranjeros no acompañados— sufrían «una situación de precariedad inadmisible». Entre los desperfectos de los alojamientos donde residían los menores, se habló de infraestructuras inadecuadas, con mobiliario en mal estado, humedades y falta de higiene, así como de un proyecto educativo insuficiente.

Denuncia archivada a Silvia Orriols

El 5 de julio de 2024, la fundación Ibn Battuta presentó una denuncia contra la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, a quien acusaban de delito de odio contra la población musulmana de Ripoll. La denuncia afirmaba que Orriols les había negado el empadronamiento a musulmanes que vivían en la ciudad.

El 23 de octubre de ese mismo año, la Fiscalía archivó la denuncia, ya que el empadronamiento es un trámite administrativo regulado en España que comporta el cumplimiento de unos requisitos legales obligatorios por parte de los solicitantes y que se tienen que acreditar documentalmente, con datos como el nombre, la nacionalidad, el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia y un comprobante de un contrato de compraventa o de alquiler de la vivienda.

«El cumplimiento de estos requisitos legales por parte de los solicitantes es obligatorio, así como lo es que el consistorio correspondiente compruebe el cumplimiento y la realidad de estos», rezaba el escrito judicial, a lo que se añadía que la comprobación puede dar lugar a la dilación de los trámites. Además, el fiscal sostuvo que no se había aportado «ninguna prueba» de que las dilaciones denunciadas tengan como causa o motivo una actitud discriminatoria o xenófoba contra el colectivo de magrebíes inmigrantes.