(Foto de ARCHIVO) La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
El Gobierno cambia las pulseras antimaltrato por tobilleras e intenta exculparse de los fallos señalando a la Justicia
Entre las modificaciones del sistema, Redondo ha especificado que, asimismo, se incrementará el número de dispositivos en stock para poder cambiar aquellos que tengan alguna disfunción
El Ministerio de Igualdad, liderado por la socialista Ana Redondo, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el cambio del sistema de seguimiento de los maltratadores y agresores, que hasta ahora funcionaba a través de pulseras telemáticas, que serán sustituidas por tobilleras.
Este nuevo contrato, cuyo coste asciende a 71.369.269,41 de euros, surge después de que la Fiscalía General del Estado alertase en su memoria correspondiente al año 2024 de fallos en las pulseras telemáticas, que dejaron a las mujeres desprotegidas durante meses y provocaron el sobreseimiento y archivo de numerosas causas.
Entre las modificaciones del sistema, Redondo ha especificado que, asimismo, se incrementará el número de dispositivos en stock para poder cambiar aquellos que tengan alguna disfunción y se va a apostar por un dispositivo de tobillera, «porque es más fiable y menos manipulable», en palabras de la ministra.
En esta misma línea, la titular de Igualdad ha anunciado que se incorporará una tarjeta SIM a los móviles de las víctimas y agresores y ha explicado también las mejoras relativas a la sala cometa.
En otro orden de asuntos, Redondo se ha detenido para señalar directamente a la Justicia española, en concreto al Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, porque, según ha relatado, se les exigió un reporte de las sentencias absolutorias o de sobreseimiento y, según la ministra, «todavía estamos a la espera».
Cabe destacar que desde el Gobierno, en concreto desde el Ministerio de Igualdad, del que depende el sistema de seguimiento, se negaron en primera instancia los fallos en las pulseras, que posteriormente fueron reconocidos, pero aclarando que el problema estaba solventado. Según ha podido comprobar El Debate a través de usuarios del sistema, las pulseras, a día de hoy, siguen fallando.
El periodo de ejecución del contrato abarcará los ejercicios 2026 a 2029. El precio final se divide en tres partidas diferentes, correspondiendo 59.280.321,89 euros al servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación de sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos y los restantes 12.088.947,52 euros a la adquisición de nuevos dispositivos.
