El Gobierno regulará en las próximas semanas la publicidad de alimentos infantiles insanos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que su departamento hará pública en las próximas semanas una propuesta normativa para regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a menores. El objetivo, según ha explicado, es limitar el impacto de unos mensajes comerciales que «tienen un efecto nocivo» sobre la salud de niños y adolescentes.

El anuncio se produjo durante la presentación del Barómetro sobre la publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado por AECOC Shopperview para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). El estudio refleja un amplio respaldo social a este tipo de medidas: el 79 % de la población española se muestra partidaria de prohibir la publicidad de productos no saludables dirigida a menores de edad.

Bustinduy alertó de la magnitud de la exposición publicitaria. Según los datos aportados, cada niño en España recibe más de 4.000 impactos anuales de anuncios de comida insana, lo que equivale a casi 11 al día solo en televisión. Si se suman otros canales, como internet o redes sociales, la cifra puede alcanzar los 30 anuncios diarios.

Para el ministro, estas cifras evidencian que la sociedad es consciente del problema que supone la presión comercial sobre los menores y subrayan la necesidad de reforzar su protección. Recordó que en España el 80 % de niños y adolescentes consume alimentos y bebidas no saludables, y que el consumo es mayor entre quienes están más expuestos a su publicidad.

Además, advirtió de que los menores que viven en entornos más vulnerables sufren una exposición todavía más intensa a este «bombardeo constante» de mensajes comerciales, diseñados –según señaló– para generar patrones de conducta y fidelización desde edades tempranas, cuando aún no se dispone de herramientas suficientes para identificar el carácter persuasivo de los anuncios.

El titular de Consumo defendió que los poderes públicos deben garantizar un entorno seguro frente a prácticas comerciales que, a su juicio, priorizan el beneficio económico sobre el interés general. La futura regulación se enmarca en una estrategia más amplia que incluye el real decreto de comedores escolares saludables y sostenibles y otras iniciativas destinadas a elevar los estándares nutricionales en hospitales y residencias. «Es una cuestión de salud pública», concluyó.

Por su parte, la directora de la Aesan, Ana María López-Santacruz, explicó que el barómetro se elaboró a finales de 2025 a partir de mil encuestas online realizadas a personas de entre 18 y 70 años responsables de la compra en sus hogares. Además del apoyo mayoritario a la prohibición de la publicidad dirigida a menores, el estudio indica que el 50 % de los encuestados considera que la publicidad impulsa por igual la compra de productos saludables y no saludables, mientras que un 34 % reconoce que influye de forma notable en sus decisiones.

En relación con las bebidas energéticas, el consenso social es aún mayor: el 91 % cree que debería prohibirse su venta a menores de 16 años y el 54 % ampliaría la restricción a todos los menores de edad. El informe revela también que un 25% de la población consume este tipo de bebidas, con una media de 2,1 veces por semana. Entre ellos, casi la mitad afirma mezclarlas siempre o en ocasiones con alcohol.

López-Santacruz insistió en la necesidad de actuar frente a la presión publicitaria de productos ultraprocesados, ricos en grasas, azúcares o sal y de escaso valor nutricional, y recordó que países como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia ya han adoptado medidas similares.