Isfas «garantiza» la sanidad a guardias civiles y militares y trabaja para firmar el convenio «lo antes posible»

La sanidad de medio millón de guardias civiles y militares continúa en estos momentos pendiente de un hilo. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), adscrito al Ministerio de Defensa, declaró desierta la licitación del concierto sanitario para el año 2027, que hasta este momento prestan Adeslas y Asisa.

Ambas aseguradoras han decidido no continuar en el próximo año debido a las condiciones económicas del contrato, que consideran insuficientes. A la espera de las decisiones que tome el gobierno al respecto, las asociaciones de guardias civiles consideran este hecho un «desprecio a quienes se juegan la vida por este país», y no simplemente a una mala gestión. Más de medio millón de personas, entre beneficiarios y afiliados, podrían perder esa asistencia privada y se podrían ver obligados a pasar al sistema público, con el riesgo de que, en algunas zonas, este pueda llegar a saturarse por la absorción de más pacientes.

Ante esta situación, y al igual que ocurrió con Muface el año pasado, los trabajadores afectados temen por el futuro próximo de su asistencia sanitaria, sobre todo aquellos que tienen ya programadas citas o intervenciones a partir del mes de enero, puesto que no saben si su aseguradora permanecerá, tendrán que cambiarse a otra o incluso a la Seguridad Social.

Ante esto, Isfas se ha apresurado a enviar un comunicado a sus adscritos explicando que «la continuidad del servicio está garantizada», según explican desde Redacción Médica. Así, avanza que trabaja para que «el nuevo convenio esté firmado lo antes posible».

Lo cierto es que este escenario ya se produjo con la mutualidad de funcionarios, en el que una licitación quedó desierta y una segunda se tuvo que modificar para que las compañías la aceptasen. Un acuerdo que llegó tras meses de incertidumbre que ya forman la que fue la peor crisis del mutualismo administrativo desde su creación en los años 70.

¿Qué pasará ahora?

Con este panorama, todo parece indicar que el Ejecutivo tendrá que recalcular estas primas si quiere que las aseguradoras se presten a continuar con este servicio. En cualquier caso, esto tendría que ocurrir antes de que acabe el año, ya que es entonces cuando finaliza el contrato actual con Adeslas y Asisa. Esta vía, no obstante, se vería obstaculizada por las elecciones y la posible formación de un nuevo Gobierno.

Otra vía pasa por que el Ejecutivo imponga una orden de continuidad, al igual que sucedió con Muface, a pesar de que este mecanismo legal, presente en la Ley de Contratos del Sector Público, se encuentra en este momento en manos de los tribunales.

El principal escollo, según apuntan fuentes sindicales a Redacción Médica, son las primas por tramos de edad, e indican que ha sido el principal freno para que las aseguradoras finalmente acudan al proceso licitador. Esta medida, que incluye una distribución precisa según el grupo etario, se traduce en que, a más edad, mayor dotación económica.

La Mutualidad General Judicial (Mugeju) también tiene que renovar su concierto sanitario para este 2027 pero, a diferencia de Isfas, en este caso Adeslas y Asisa sí que han acudido a la licitación y continuarán prestando servicio, junto a Nueva Mutua Sanitaria, a los funcionarios de Justicia. La diferencia sustancial radica en que de Mugeju dependen apenas 91.061 personas entre titulares y beneficiarios, muy lejos del medio millón que aglutina Isfas y del millón y medio que reúne Muface.

Toca, por tanto, esperar para ver cómo el Ejecutivo resuelve este problema para poder asegurar que los miembros de Isfas continúen recibiendo su asistencia médica –si así lo desean, como ocurre con el 90 % de los titulares– a través de las dos aseguradoras que hasta ahora y tradicionalmente prestaban este servicio.