Oficina de Muface en la calle Pablo Iglesias de Madrid
La falta de acuerdo en la sanidad de militares y guardias civiles, antesala de lo que volverá a ocurrir con Muface
Mientras que los afiliados de Mugeju tienen garantizado su servicio, los de Isfas temen terminar en el servicio público y perder uno de sus derechos adquiridos
La noticia de que la licitación del servicio sanitario del Instituto de Fuerzas Armadas (Isfas) ha quedado desierta vuelve a generar incertidumbre entre militares y guardias civiles, afiliados de esta mutualidad. Tanto Adeslas como Asisa, compañías que prestaban el servicio sanitario a más del 90 % de los miembros de Isfas, han decidido no continuar en el próximo año debido a las condiciones económicas del contrato, que consideran insuficientes.
A la espera de las decisiones que tome el gobierno al respecto, las asociaciones de guardias civiles consideran este hecho un «desprecio a quienes se juegan la vida por este país», y no simplemente a una mala gestión. Más de medio millón de personas, entre beneficiarios y afiliados, podrían perder esa asistencia privada y se podrían ver obligados a pasar al sistema público, con el riesgo de que, en algunas zonas, este pueda llegar a saturarse por la absorción de más pacientes.
Este escenario, además de revivir lo ocurrido con la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) el año pasado, prevé también lo que pueda ocurrir el próximo año 2027, cuando el concierto del 'hermano mayor' de Isfas vuelva a vencer.
El caso de Muface, aunque similar, es diferente, y es que en ese caso son 1.568.298 mutualistas, entre titulares y beneficiarios, los que conforman la mutualidad. Si bien es cierto que la crisis del año pasado provocó un éxodo de personas hacia la sanidad pública, todavía una mayoría de funcionarios eligen la privada, en torno al 60 %. Solo en el último año, momento en el que ha tenido lugar esa sonada crisis, los mutualistas que acudían a la pública han pasado de 329.507 en 2023 a 436.593 al cierre de 2025.
No obstante, sigue tratándose de una buena cantidad de personas las que utilizan los servicios de Adeslas y Asisa, motivo por el que seguramente estas compañías pidan una mejora de las condiciones económicas, al igual que ha ocurrido con Isfas.
En qué consiste Muface
Recordemos que Muface es un régimen especial de carácter mutualista y distinto del Régimen General de la Seguridad Social al que los funcionarios tienen que adherirse por obligación y para lo cual deben de pagar una cuota. Una de las características más llamativas de este modelo es el hecho de que los trabajadores públicos puedan elegir entre ser atendidos en la sanidad pública o en la privada.
Pero, ¿qué funcionarios tienen derecho (y obligación) de estar en Muface? El 65 % de ellos son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria, mientras que el resto pertenece a los cuerpos de la Administración General del Estado, como inspectores de Hacienda y Trabajo o policías nacionales.
Además, existen las otras dos mutualidades ya mencionadas: Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), que agrupa a militares y guardias civiles y que cuenta con 559.887 personas, y Mugeju (Mutualidad General Judicial), con 91.834 afiliados.
Estas crisis recurrentes en los últimos años, más allá del descontento que genera dentro de los propios funcionarios y sus beneficiarios, también preocupa a médicos y pacientes. Y es que son muchas las voces dentro de la sanidad pública que advierten que el sistema podría colapsar al absorber ese millón y medio de personas extra.
Sobre todo en algunos territorios en los que hay un mayor número de funcionarios o en aquellos donde un gran porcentaje de estos tienen ya más de 65 años. Esto, según varios informes hechos al respecto, engrosaría de forma alarmante las listas de espera, tanto de atención primaria como quirúrgica, aunque desde el ministerio de Mónica García aseguran que no habría problema, ya que el dinero destinado a Muface se utilizaría para reforzar los sistemas de salud autonómicos.