Asturias se iba a llenar de parques de baterías, pero los vecinos lo han frenado: «Son una invasión»

La previsión del gobierno del Principado de Asturias, encabezado por el socialista Adrián Barbón, era construir unos 170 parques de baterías en su territorio. Se trata de un método de almacenamiento de energía en el que las baterías reciben electricidad, en forma de corriente, mediante fuentes de energía renovable o de las centrales para, a continuación, transformarla y liberarla.

Así, este tipo de instalaciones sirve para almacenar especialmente la energía que proviene de fuentes renovables y que, en condiciones normales, no se puede acumular. Por ello, y en pos de la ansiada transición energética, el ejecutivo asturiano ha querido apostar por los parques de baterías.

No obstante, el rechazo a su construcción ha ido en aumento, con asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y ganaderos, así como varios partidos políticos, manifestando su oposición firme a la colocación de estas infraestructuras tanto en zonas rurales como urbanas, ya que una decena de ellos estaban previstos para Oviedo, capital del Principado.

Muchos de esos proyectos se han ido retirando progresivamente, pero otros continúan su senda ante la oposición de los vecinos. Desde el Partido Popular denuncian que se han autorizado proyectos sobre terrenos agrícolas y advierten del riesgo de que Asturias se convierta «en un Tetris, una serie de almacenes de baterías de distintos tamaños repartidos por todo el territorio».

Venta alerta de que situar estas instalaciones cerca de viviendas, explotaciones ganaderas o masas forestales supondría «un daño irreparable para el medio rural», además de «incrementar el riesgo de incendios», devaluar las propiedades cercanas y generar «molestias y riesgos para la salud de los vecinos».

La oposición no se limita al PP. Asociaciones vecinales, ecologistas y ganaderas, como Asturias Ganadera, también se han posicionado en contra. Esta última respalda la plataforma Stop Baterías y reclama que los proyectos se ubiquen en zonas degradadas o industriales, y no sobre suelos rurales con vocación agraria.

Frente a estas críticas, el Gobierno asturiano ha intentado calmar el debate. Subraya que cada proyecto debe pasar por una evaluación ambiental y que todo está medido por el ejecutivo autonómico. Desde el PSOE, el concejal ovetense Juan Álvarez Areces defendió hace unos meses estos almacenes como «absolutamente prioritarios» para avanzar en la descarbonización, aunque matizó que su distribución debe estar planificada. Valoró positivamente que el Principado esté elaborando criterios para que los ayuntamientos ordenen su implantación.

En cambio, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies tildó los parques como una «invasión» y denunció falta de información por parte de las administraciones hacia los vecinos afectados y advirtió de que solo ocho de los 38 proyectos conocidos se ubican en suelo industrial. El resto se sitúan en áreas rurales, muchas veces próximas a viviendas. «La proximidad conlleva una fuerte contaminación electromagnética», alertaron, citando riesgos para la salud como leucemia, cáncer de mama o cerebral.

Por contra, desde el sindicato UGT recalcan que los parques de almacenamiento de energía con baterías son «una necesidad para todos» y que sería «absurdo» renunciar a su instalación en lugares que cumplen con la normativa. «Cuando hay que poner autopistas, todas queremos que pasen por el prado del vecino, no por el nuestro», ha indicado Javier Fernández, secretario general de UGT Asturias, en relación a la polémica que existe en Asturias en relación a la instalación de estos complejos.

«Lo que habrá que ver es dónde los ubicamos. Habrá que cumplir la normativa medioambiental y con los planes de ordenación que tenga cada territorio, para buscar el sitio idóneo», ha apuntado, pero siempre partiendo de la base de que esos parques son necesarios.

Piden que se pare «todo»

La plataforma Stop Baterías se concentró este mes ante la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio para pedir a la administración que «se pare todo» hasta que haya una ley regulatoria de los parques de baterías.

La portavoz del colectivo, Almudena González, lamentó la falta de información ante la posibilidad de que proliferen proyectos para la instalación de parques de baterías en Asturias y sus posibles efectos en el entorno y la población, poniendo como ejemplo el previsto en Granda, Siero.

«Hay una indefensión tan grande que nosotros lo único que podemos hacer es meter un recurso e ir hasta donde se llegue», ha dicho, sin descartar la vía judicial. Igualmente, continuarán organizando concentraciones ante el Ayuntamiento de Siero.