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Imagen de archivo del embalse de Bellus

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España recibe más agua por habitante que Alemania y Francia, pero gestiona peor sus recursos

El informe de CEU-CEFAS propone un Plan Nacional del Agua para triplicar la producción agroalimentaria

El último informe del Centro CEU de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), titulado 'El agua en España: una gran fuente de oportunidad', propone un Plan Nacional del Agua como herramienta estratégica para el desarrollo económico, agrícola y energético del país. Frente a la percepción de escasez crónica, el estudio argumenta que España dispone de agua dulce suficiente, una gran superficie y una orografía favorable que permitirían garantizar el abastecimiento doméstico, ampliar significativamente el regadío y multiplicar la generación hidroeléctrica. La precipitación media por habitante es similar a la de Francia y superior a la de Alemania, sin contar el potencial adicional que ofrece la desalación. El problema no es la falta de agua, sino su gestión ineficiente.

Un ejemplo de las consecuencias de esa falta de planificación fue la catástrofe provocada por la dana en octubre de 2024, que pudo haberse evitado o atenuado con infraestructuras de control de crecidas en zonas de riesgo conocido desde hace siglos. España, con 347.000 hectómetros cúbicos (hm³) de precipitación media anual –de los cuales 111.000 hm³ son escorrentía útil, casi cuatro veces el consumo total actual (unos 30.000 hm³/año)–, desaprovecha gran parte de sus caudales brutos. Además, alrededor del 50 % de su superficie agrícola está en barbecho, pese a que su productividad podría incrementarse notablemente si pasara a regadío, como ocurre en países mucho más eficientes como Países Bajos o Israel.

El informe propone multiplicar por tres la superficie regada y potenciar la generación hidroeléctrica de bombeo mediante la reconversión de presas fluyentes y el aprovechamiento de desniveles y embalses ya existentes. Esto permitiría: triplicar la producción agroalimentaria con mayor valor añadido por hectárea, reducir la dependencia de importaciones clave como cereales o soja, aumentar las exportaciones agrícolas, generar miles de empleos rurales y fijar población en estas zonas, y disminuir la dependencia energética del exterior gracias a una mayor producción de electricidad limpia y renovable. España, con más de 370 embalses y una capacidad de almacenamiento de 56.000 hm³, es el país más embalsado de Europa en proporción a su superficie.

Algunos datos refuerzan la urgencia de actuar: el consumo neto de agua representa solo el 6 % de lo que recibe el país por precipitaciones; sería viable garantizar 30.000 hm³ al año para usos domésticos y productivos, respetando los caudales ecológicos siempre que estos se definan con criterios científicos y no ideológicos. A esto se suma la desigualdad en los precios del agua urbana –que pueden triplicarse entre ciudades como Murcia o San Sebastián frente a Lugo o Palencia– sin justificación técnica clara, así como las restricciones de agua que aún se producen en años secos.

El informe subraya que el agua debe convertirse en un recurso estratégico frente a retos globales como la crisis ecológica, la seguridad alimentaria o el acceso a fuentes de energía seguras y limpias. No se trata de consumir más agua sin control, sino de administrarla con inteligencia, voluntad política, inversión tecnológica y sentido común, afirma Alejandro Macarrón Larumbe, autor del estudio.

La dana de octubre de 2024 en el Levante es un ejemplo trágico de los efectos de la falta de previsión. El desastre podría haberse evitado o minimizado con obras preventivas en zonas como el Barranco del Poyo, cuyo alto riesgo es conocido desde hace tiempo, igual que en su día se ejecutó con éxito el desvío del Turia. En este ámbito, el informe señala dos grandes obstáculos: la excesiva fragmentación de competencias entre distintos niveles de la administración (ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y de regantes) y el peso de la ideología y la demagogia ecologista sobre la gestión técnica y racional del agua, con posturas extremas como el rechazo sistemático a los trasvases (caso del Ebro) y la imposición de caudales ecológicos inflados. En octubre de 2024, la falta de infraestructuras como cauces de desvío o sistemas de contención agravó las inundaciones, al quedar obstruida la vegetación fluvial en los puentes, provocando represamientos y derrumbes.

Desde CEU-CEFAS se hace un llamamiento a las autoridades, expertos, universidades y ciudadanía para abrir un debate técnico, desideologizado y constructivo sobre una verdadera política nacional del agua al servicio del interés general.

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