Los afectados del volcán de La Palma estallan por el retraso de las ayudas del Estado: «Se han olvidado de nosotros»

Cuatro años después de la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, la población de la isla sigue reclamando ayudas y atención por parte de todas las administraciones implicadas. Este pasado martes, el Gobierno de Pedro Sánchez debería haber aprobado el decreto ley destinado a financiar la reconstrucción de la isla, algo que se había acordado en la comisión mixta en la que participan el ejecutivo central, el autonómico y el cabildo.

El compromiso establecía que el Consejo de Ministros lo validaría el 11 de noviembre, pero la norma no llegó, lo que la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (ASEPALMA) considera un «incumplimiento inaceptable» que agrava la incertidumbre de centenares de familias que, cuatro años después, continúan sin recibir el auxilio económico prometido.

El decreto debía incluir los 100 millones para la recuperación de las fincas sepultadas por la lava y la prórroga de la bonificación del 60 % del IRPF. ASEPALMA recuerda que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había asegurado públicamente que el texto quedaría aprobado en la fecha prevista. Sin embargo, la medida sigue sin materializarse, lo que, a juicio de la asociación, pone en riesgo la reconstrucción agraria y genera un «sufrimiento añadido» a los damnificados.

«¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde está nuestra voz?»

Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la asociación de afectados Tierra Bonita, habla con El Debate y muestra una profunda preocupación por la gestión de la reconstrucción de La Palma. Critica especialmente este retraso del Estado en aprobar el decreto comprometido y señala que aún no se han completado las transferencias correspondientes a 2024, 2025 y 2026.

Reconoce que el Estado «es quien más ha aportado», pero subraya que el retraso es significativo y que la ausencia, un año más, de unos Presupuestos Generales del Estado ha obligado a recurrir a decretos, lo que complica aún más la gestión.

Rodríguez Pulido afirma que la situación habitacional sigue sin resolverse. La ausencia de un consorcio único ha provocado un proceso «burocratizado» en el que los principales perjudicados son los propios damnificados. «El volcán lleva tiempo apagado, pero la actuación administrativa está siendo más asfixiante», denuncia. La ansiedad y el cansancio se han extendido entre los afectados, muchos de los cuales llevan meses sin recibir respuesta.

Frente a la falta de alternativas públicas, muy pocos damnificados han conseguido una vivienda a través de la administración, y quienes lo han logrado ha sido principalmente por iniciativa propia. Algunas ayudas han llegado, pero «las más efectivas» siguen pendientes. Actualmente, 120 personas siguen viviendo en módulos temporales.

Tierra Bonita reclama al Estado claridad en el destino de los fondos: «Queremos que se desglosen exactamente esos 1.040 millones de los que tanto alardea, entre otros, el ministro canario Ángel Víctor Torres», señala. La asociación pide una auditoría completa del uso del dinero público destinado a la reconstrucción y cuestiona que cuatro años después no exista un desglose detallado.

Igualmente, lamenta la ausencia de reuniones con los afectados, tanto con los responsables autonómicos como con el propio presidente del Gobierno, que viajó en numerosas ocasiones tras la erupción, pero ahora declina encontrarse con los afectados pese a haberlo solicitado reiteradamente. «No está habiendo reuniones: hay un silencio», afirma.

La asociación mantiene cinco procedimientos contenciosos y uno penal abiertos debido a la falta de respuesta administrativa. Consideran que existe una «imagen de fachada» por parte del Gobierno de Canarias y que se priorizan intereses políticos sobre las necesidades reales de los damnificados.

Rodríguez Pulido señala un contraste especialmente doloroso para los afectados: la celebración la próxima semana de la llamada Tajogaite Conference, una cita científica internacional sobre vulcanología financiada por el Ministerio de Transición Ecológica. Mientras se organizan más de 60 ponencias y 14 mesas de debate científico, solo una aborda el impacto social. «Los afectados se preguntan: '¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde está nuestra voz?'», explica el presidente de la asociación.

A pesar de todo, Rodríguez Pulido destaca la fortaleza de la población local: «El palmero tiene resiliencia y aguante», afirma, aunque insiste en que la paciencia se agota ante la falta de soluciones reales.