Un agricultor participa en una tractorada con una pancarta donde se puede leer "Sin arroz, la Albufera morirá", en 2021

Un agricultor participa en una tractorada con una pancarta donde se puede leer «Sin arroz, la Albufera morirá», en 2021Europa Press

Los arroceros valencianos se quedan por el camino: «Mucha gente abandonará este año»

Los agricultores alertan de una situación crítica, con pérdidas de producción que llegan al 80 % en algunos casos

La identidad productora de una de las zonas agrícolas con mayor popularidad de España está en peligro. Los arroceros de La Albufera, en la Comunidad Valenciana, denuncian una situación insostenible y que puede suponer el fin de su actividad.

Las condiciones meteorológicas del verano han dejado un escenario ideal para la expansión de la pyricularia, el gran temor de estos productores. El intenso calor de julio y junio, unido a una humedad en el ambiente cercana al 100 % durante los dos meses, ha convertido los arrozales en un ambiente ideal para este hongo, que ha devorado la cosecha en La Albufera.

«Hay bajadas generalizadas en la producción del 30 al 40 %, aunque incluso se llega al 80 % en algunas variedades. Es un desastre absoluto y, como no cambien las cosas, mucha gente abandonará este año», apunta en conversación con El Debate miembro de la Comisión Ejecutiva de La Unió Llauradora.

Durá señala que la problemática no es algo puntual consecuencia de un mal año con condiciones adversas para el campo, sino que es producto un goteo constante que ha diezmado a los arroceros año tras año hasta llegar a este punto: «La prohibición del triciclazol, y sobre todo que solo se permita emplear un fitosanitario y no haya alternativa, ha menguado la producción cada campaña hasta ahora, que con todo de cara para el hongo el resultado ha sido desproporcionado».

El agricultor destaca la necesidad de que la Unión Europea permita más de una materia activa para actuar contra la pyricularia, ya que al tener solo un fitosanitario autorizado la efectividad disminuye con el uso. «No pedimos utilizar productos que se aplican fuera como el triciclazol, que es lo que empleábamos antes para variar, sino que lo que exigimos son alternativas. Al contar únicamente con un fungicida, el hongo coge resistencia y de un año para otro no es efectivo. Es como si tomas un paracetamol todos los días y cuando enfermas te recetan lo mismo, no te hace nada. Cuando no ha habido un ataque fuerte de pyricularia hemos aguantado, pero cuando el hongo ha tenido una gran expansión nos ha pillado indefensos», lamenta Durá.

La debilidad de los productores de arroz pasa desapercibida para el público general; sin embargo, el pulso que transmite el sector –no solo desde la Comunidad Valenciana, también desde Extremadura y Andalucía– habla de un coqueteo constante con la desaparición. «El asunto llama poco la atención porque en los lineales siempre hay arroz y además a un precio contenido. Esto pasa porque el consumidor no es consciente de que cuando compra marcas como La Fallera, SOS, Brillante o La Cigala, que asocia con producto nacional, compra arroz de terceros países ajenos a la UE», asevera el portavoz de la delegación de Unión de Uniones en la Comunidad Valenciana.

La zona de La Albufera produce entre 100 y 120 millones de kilos de arroz al año. En 2024, España importó algo más de 109 millones de kilos de arroz de Birmania. La entrada masiva de arroz procedente de lugares como Birmania y Camboya tensiona a los arroceros españoles, que claman por un etiquetado con el origen del producto. Actualmente, la norma solo obliga a que los paquetes especifiquen el lugar en el que se ha procesado y envasado el arroz, por lo que únicamente las compañías que sí utilizan arroz de España mencionan su procedencia.

La avalancha de importaciones condiciona el mercado para los arroceros españoles, que demandan aranceles para obstaculizar la entrada de producto de fuera de la UE y reciprocidad en las normas de producción.

«Pese a caer la producción, los precios que han ofrecido los operadores al inicio de campaña son un 10 % inferiores a los de hace un año», indica Durá, que exige la intervención del Gobierno y de la UE para frenar esta sangría: «Los comercializadores lo tienen claro y mientras no haya una norma que penalice estas prácticas van a continuar porque son empresas. Su objetivo es obtener el máximo beneficio posible, no están pensando en la conciencia o en qué es mejor para los agricultores y los consumidores españoles», concluye.

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