Un gigante agroalimentario marroquí reforzará con 20 millones de euros su apuesta por los cultivos del Sáhara

La votación del Consejo de Seguridad de la ONU que renueva la misión de paz de la organización en el Sáhara Occidental (Minurso) ha tenido una fuerte repercusión en el reino de Mohamed VI, que 50 años después de la Marcha Verde considera que su autonomía sobre el territorio saharaui está más cerca que nunca.

Marruecos ha recogido la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la región como una victoria de magnitud histórica, ya que Rusia y China dan el visto bueno con su abstención al texto impulsado por EE.UU. que toma como base la propuesta de autonomía marroquí.

La decisión ha espoleado aún más las ansias de Marruecos por convertir en parte del país la que en su día fue la provincia número 53 de España. La ocupación del vecino del sur en el Sáhara se prolonga desde 1975, pero la tendencia parece más favorable que nunca: en poco más de un mes, Marruecos suma el tanto mencionado y la modificación del acuerdo Euromediterráneo por parte de la Comisión Europea para incluir los cultivos del Sáhara en el trato y cumplir la sentencia del 4 de octubre del 2025 del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El motivo al que se agarró la Comisión para que sus intereses y los de Marruecos cupieran en la sentencia del TJUE es que, para un territorio no autónomo como el Sáhara Occidental, basta con obtener su consentimiento «de manera implícita», algo que la UE entiende que se da porque los saharauis obtienen un beneficio específico, tangible, sustancial y verificable de la explotación de los recursos naturales.

Este cúmulo de circunstancias ha servido de combustible para los gigantes del sector agroalimentario marroquí, que tienen importantes planes para el Sáhara que amenazan el poderío de España como proveedor hortofrutícola para el viejo continente. A la ya conocida estrategia de expansión del rey de Marruecos con la construcción de 5.000 hectáreas de invernaderos en la región costera de Dajla se ha sumado la poderosa inversión de Azura, la empresa francomarroquí cuyos tomates cherry comercializados en España con etiquetado marroquí están bajo la lupa de las organizaciones agrarias y –en teoría– del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Azura ha anunciado la inversión de 20 millones de euros (200 millones de dírhams) en nuevos proyectos agrícolas en Dajla como consecuencia inmediata a «la resolución de la ONU que respalda el Sáhara marroquí», ha indicado la compañía, que omite que el texto ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU –no por la ONU– y que por el momento se limita a prolongar un año la misión de paz.

«Con más de 20 años de presencia en Dajla y más de 1.500 millones de dírhams (150 millones de euros) ya invertidos, Azura ha creado más de 7.000 empleos directos y ha transformado la región en un importante centro agrícola que suministra productos frescos a toda Europa y el Reino Unido», reivindica el grupo, que ha sido acusado en numerosas ocasiones por los agricultores españoles de fraude en origen al etiquetar como marroquíes tomates cherry producidos en suelo saharaui.

La agricultura en el Sáhara Occidental ha sido una poderosa baza colonialista que ha jugado Marruecos durante los últimos 50 años, en los que ha desarrollado el potencial productivo en la zona a través de mano de obra marroquí mientras que los pueblos indígenas del Sáhara Occidental se han dispersado desde la Marcha Verde y la mitad de ellos viven en los campamentos de Tinduf (Argelia).