El Gobierno crea un ranking de odio pero se niega a enviar el informe obligatorio sobre conservación del lobo

La consecución de acciones orquestadas desde el Ejecutivo muestran cuál es el orden de prioridades que rige en el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

El dirigente socialista aprovechó la inauguración del primer Foro Contra el Odio celebrado el pasado 12 de marzo para anunciar la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio', un mecanismo para «medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales».

Según detalló posteriormente el departamento de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que encabeza Elma Saiz, «cada seis meses se elaborará un informe que incluirá un ranking» de odio, en el que se ordenarán las diferentes «plataformas» con el objetivo de «comparar la exposición a mensajes hostiles de los usuarios de cada plataforma».

Esta notificación ha generado una gran controversia entre los usuarios de redes sociales, que acusan al Gobierno de emplear recursos en una nueva campaña de victimización y no en mejorar la situación del país.

El esfuerzo por el lanzamiento de 'Hodio' choca con la falta de interés demostrada por Sánchez, y en este caso por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que lidera Sara Aagesen, por cumplir con las exigencias de la Unión Europea sobre el informe sexenal obligatorio sobre el estado de conservación del lobo.

La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España, después de ocho meses de retraso en el envío del documento. Ocho meses después de omitir un plazo que finalizaba el 31 de julio de 2025, el Gobierno escuda su retardo en la voluntad de cuantificar el posible impacto de los incendios de agosto de 2025 en la cifra de lobos, aunque la fecha de cierre del documento pendiente es el 31 de diciembre de 2024.

Fuentes del PP, grupo político que impulsó la enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario que abrió el camino para el cambio de estatus del lobo y la gestión cinegética del mismo, indican que la negativa del Ejecutivo tiene como objetivo evitar la aplicación de la disposición transitoria única que permite el cambio de realidad con el lobo.

La implementación de esta disposición es competencia del Miteco, al que la oposición acusa de recurrir a todas las maniobras posibles para no convocar la Conferencia Sectorial del lobo que daría lugar a la presentación y posterior envío del informe sexenal obligatorio sobre el estado de conservación del lobo.

Las evasivas del Gobierno han desembocado en que, prácticamente un año después de la modificación de la Directiva Hábitats que otorgaba autoridad a los Estados miembro en situación favorable para sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), los ganaderos al sur del río Duero siguen sin opción de defensa ante estos ataques. Provincias como Ávila, Salamanca o Segovia, todas ellas al sur del Duero, sufrieron en 2024 el 60 % de ataques mortales a reses en Castilla y León –2.387 de 3.973 en toda la región–.

El mismo 12 de marzo en el que el Gobierno reveló que publicará un informe sexenal con un listado con las plataformas en las que más se promulga el odio, misma periodicidad requerida por el documento sobre el lobo que niega a la Comisión Europea, El Debate destapó que el Ejecutivo trasladó 20 millones de euros presupuestados para las comunidades autónomas fijadas para «paliar daños producidos por el lobo ibérico a la ganadería extensiva» y para «medidas preventivas en la gestión del lobo ibérico» a engordar el programa de ayudas para la adquisición del coche eléctrico.