El Valle de los Caídos, blanco de algunos ataques
Los monumentos destrozados por el sanchismo con la excusa de la memoria democrática
En virtud de la Ley de Memoria Democrática el Gobierno anunció el proyecto para resignificar el Valle de los Caídos. Otros monumentos han sido víctimas de esta Ley y de su aplicación sectaria por parte de gobiernos de izquierda
Derribo de cruces, exhumaciones, desacralizaciones… La Ley de Memoria Democrática, y su predecesora la Ley de Memoria Histórica, recuerda cada vez más a aquellas oleadas de violencia iconoclasta anticlerical con las que la izquierda dio la bienvenida a la Segunda República en 1931 y con las que intentó derribarla en la revolución de octubre de 1934.
El anuncio del proyecto de resignificación del Valle de los Caídos (ahora Valle de Cuelgamuros en virtud de la mencionada ley) va en la misma línea: aprovechar el discurso antifranquista para atacar a la Iglesia y a los católicos donde más duele, en la cruz.
Desde la llegada de Sánchez al poder, varios han sido los casos de derribo de cruces cristianas con la excusa de la Ley de Memoria Democrática. En todos los casos se da la misma tónica: el desmantelamiento del mencionado monumento se hace con toda una parafernalia para representar la victoria de la izquierda sobre los católicos y cuando se resignifica el monumento se hace de una manera que transmita humillación.
Fue el caso de la exhumación de los restos tanto de Franco y Primo de Rivera de la basílica del Valle de los Caídos como de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena.
El caso más emblemático en los últimos años ha sido el del Monumento a los Caídos de Pamplona. El proyecto para su resignificación busca borrar todos los elementos cristianos del edificio y dejarlo en un vacío aséptico que recuerde más a una oficina de Silicon Valley que a su pasado religioso. En su interior se instalará un monumento a la memoria.
Monumento a los caídos de Pamplona
Sin embargo, difícilmente podrá igualar al impacto ocasionado por el derribo de la Cruz de los Llanitos, de la localidad de Aguilar de la Frontera, en Córdoba, en enero de 2021.
El ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida hizo traer un camión, con una grúa la arrancó de cuajo y, finalmente, la arrojo como un desperdicio en el vertedero de Motril. El ayuntamiento esgrimió la Ley de Memoria Histórica para justificar el derribo.
Unos años antes, en 2017, en los bosques del monte Gaztelumendi, en Vizcaya, Bildu y PNV participaron de forma conjunta en el derribo de la cruz del monumento a los caídos.
El acto de claros tintes antiespañoles y pretendidamente humillante para el símbolo de la cruz, buscaba el colapso del monumento forzándolo con una cuerda tirada por maquinaria.
Sin embargo, en el momento en que se derrumbó la alta cruz de piedra, el monumento cayó sobre los presentes, ocasionando cuatro heridos.
También fue paradigmático el derribo de la cruz de la Plaza de Las Palmas de la localidad de Arrecife, en Lanzarote.
La Plaza de Las Palmas de Arrecife antes de la eliminación de la cruz
Con la excusa de que el monumento se levantó durante el franquismo y que incumplía la Ley de Memoria Democrática, el Cabildo de la isla, gobernado por Coalición Canaria, ordenó desmantelar la cruz situada frente a la iglesia de San Ginés. Tras la actuación, allí donde estaba la cruz quedó un monolito, sin cruz ni placa, descontextualizado y sin sentido alguno.
Por último, en mayo de 2023, el gobierno socialista de Barrado (en Cáceres) tras perder las elecciones y antes de desalojar el ayuntamiento, ordenó destruir la cruz levantada en recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil.
La escaba de una excavadora mecánica arrancando con la pala la cruz por los brazos habla por sí sola y subraya el carácter anticatólico de estas iniciativas contra el patrimonio.
