El Gobierno ha enredado la concesión de los fondos europeos y ahora es imposible cambiar las ventanas de casa
Fondos NextGenEU
Hasta 24 documentos para cambiar una ventana: la burocracia infinita de los fondos europeos
Los fabricantes denuncian el bloqueo de las ayudas y los numerosos trámites que hay que cumplir
Estaba escrito que la burocracia a la que somete España a cualquier proceso que tenga relación con las administraciones iba a afectar al cambio de ventanas en las viviendas.
Esta ayuda lleva años tramitándose, pero ahora se nutre de los cuantiosos fondos europeos que el Gobierno es incapaz de repartir y sirve para cambiar instalaciones antiguas, donde se filtra el aire, por otras de rotura de puente térmico o oscilobatientes que facilitan el ahorro de energía.
Por comunidades
Las ayudas que gestionan las comunidades autónomas procedentes de los fondos europeos para cambiar fachadas y ventanas de viviendas están suspendidas temporalmente. Esta situación se da en Galicia, Cataluña, Navarra y Valencia y en el resto los beneficiarios todavía no las han cobrado por el «cuello de botella» que afecta a su tramitación.
La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (Asefave) ha denunciado esta semana que la tramitación de estas ayudas para la rehabilitación energética residencial está atascada, debido a su complejidad técnica y burocrática.
Según Asefave, en Galicia, Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana todavía no se han abierto las convocatorias de los programas 3, para las comunidades de vecinos y 4, para particulares correspondientes a 2023, una vez cerradas las de 2022, lo que supone que sus ciudadanos no pueden solicitarlas en pleno mes de marzo.
Tampoco en la provincia de Zaragoza se pueden pedir temporalmente las ayudas del programa 4 por «incapacidad de gestión» y el sector teme que ocurra lo mismo en otros lugares.
Sin técnicos ni formación
Eduardo Serradilla, miembro de la Junta Directiva de Asefave, ha asegurado que las comunidades están recibiendo un número de solicitudes importantes, porque «la gente quiere cambiar sus ventanas y rehabilitar los edificios», pero que faltan técnicos con formación para revisar los expedientes.
Como ejemplo ha puesto que la Comunidad de Madrid exige 24 documentos para un cambio de ventanas y ha explicado que la documentación que se solicita no es a aquello a lo que el sector estaba acostumbrado, por lo que tienen que intervenir técnicos especializados que lo gestionen y el solicitante tiene que adelantar el dinero para contratarlos.
El Debate ha podido conocer que todo lo referente a los nuevos modelos de tramitación forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que es el ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico el que fija las normas.
Por si estos problemas fueran pocos, en cada comunidad piden documentos distintos al mezclarse formas de tramitar solicitudes y no todos los técnicos tienen el mismo criterio, lo que «genera incertidumbre en el ciudadano».
Tarifa plana
Arquitectos y aparejadores son principalmente los profesionales que se están especializando en gestionar estas ayudas, con una tarifa plana cada vez más cara, aunque algunos fabricantes han creado también departamentos para ello.
Asefave cree que para agilizar la tramitación se necesitan «más efectivos» y «más formación» y se queja de que, aunque todas las administraciones tienen «buena disposición, ninguna da soluciones» para simplificar el procedimiento y agilizar la gestión.
Denuncia además que la mayoría de las administraciones autonómicas tampoco les informan de «cuánto dinero hay», por lo que no tienen garantía de cobrar las ayudas.
Líneas rojas
En sus reuniones con el Gobierno y con las comunidades autónomas, han hecho propuestas de simplificación de los trámites, pero no han sido aceptadas por las «líneas rojas» que impone Bruselas, entre ellas una cadena de justificaciones para evitar el fraude que retrasa aún más la resolución de los expedientes.
Para esta patronal, la administración está «fallando en todos los niveles» y la cercanía de las comicios autonómicos de mayo no ayuda, ya que creen que el «secretismo» que impera se debe al temor de los partidos que gobiernan a que sus adversarios utilicen este asunto en las campañas electorales.
Serradilla ha recordado que los fondos que no se hayan comprometido en noviembre de este año se tienen que devolver y, aunque ha confiado en que «se van a comprometer todos», ha apuntado que el riesgo es que no se ejecuten al cien por cien, si cuando se desatasque la tramitación se ve que los expedientes no cumplen los requisitos.
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