Fachada de un edificio de viviendas
Economía El Gobierno consigue con su Ley de Vivienda que más de 100.000 inmuebles dejen de alquilarse
El límite a las rentas en las zonas tensionadas y la inseguridad jurídica supondrá la retirada de un gran número de viviendas en el mercado
Tras meses de negociaciones, el Gobierno consiguió sacar adelante la nueva Ley de Vivienda gracias al apoyo de los grupos de Esquerra Republicana y EH Bildu. La ley, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
Las principales medidas que se recogen en esta nueva ley socialista son:
- Se rebaja el concepto de gran tenedor (de 10 a 5 inmuebles).
- El propietario será el responsable de pagar los gastos y honorarios del alquiler.
- Eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos (tope de 3 % en las renovaciones anuales hasta 2024 y del 2 % a partir de 2025).
- Limitaciones a los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Para considerar una zona tensionada, debe cumplirse una de las siguientes condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30 % de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o de alquiler de la vivienda haya subido al menos 3 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.
- Modificación en la gestión de los desahucios. A partir de ahora deberán tener una fecha y una hora predeterminadas y se ampliarán las prórrogas.
Sin lugar a dudas, el Gobierno ha decidido abandonar a los propietarios y facilitar la okupación de los hogares de muchas familias en España. Esto supondrá que la oferta de los alquileres en España se reduzca en torno a un 11,7 %, lo que supone la desaparición de más de 100.00 viviendas del mercado inmobiliario.
El Grupo Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) han elaborado un estudio en el que explican que más de 100.000 viviendas dejarán de alquilarse por los efectos de esta desastrosa ley. El límite a las rentas en las zonas tensionadas (22 %) y la inseguridad jurídica (66,3 %) supondrá la retirada de un gran número de inmuebles en el mercado.
Ciudades más afectadas
Las localidades que se verán más perjudicadas serán Barcelona y Madrid, ambas consideradas como mercados de referencia en el sector inmobiliario. La oferta se hundirá más del 16 % en el distrito catalán de L'Eixample y en el caso del distrito Centro de la capital superará el 14 %.
Los propietarios también huirán de otros puntos de la capital como Ciudad Lineal (-13,4 %), Tetuán (-13,3 %), Chamberí-Argüelles-Moncloa (-12,9 %) o Prosperidad (-12 %).
En términos globales, la oferta bajará un 11,3 % en la capital española y lo hará un 12,6 % en la Ciudad Condal. No obstante, hay otras muchas zonas en nuestro país que sufrirán las consecuencias, como por ejemplo Toledo, con un 17 % menos de oferta o Guadalajara, con un 16, 4 %.
El 66 % de los propietarios afirma que el motivo principal para sacar sus inmuebles del mercado se debe a la inseguridad jurídica, mientras que el 22 % explica que lo hace por el límite de las rentas y el 11,8 % por la eliminación del IPC como referencia.
Además, es importante destacar que más de un 7 % de los propietarios está pensando en poner a la venta su vivienda y en torno a un 4 % el arrendamiento para uso distinto al de vivienda.
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