Seis días con Sánchez: de la farsa de la quita, a las compras árabes y el ascenso de un amigo de 'tesis'

La farsa se desarrolló en varios actos. El 16 de febrero la Generalitat de Cataluña anunció que no regresaría a los mercados para financiar su deuda. Una buena noticia, pues aunque Salvador Illa sabe que su comunidad sigue acaparando casi la mitad de recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y depende en exclusiva de la financiación del Estado, aún no hay suficiente confianza en los inversores en sus ratings crediticios como para volver a colocar deuda. Y con razón. Cataluña supera con mucho el objetivo de déficit del 0,1 % recogido en los compromisos del Gobierno. Y si se cumplen los pronósticos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cerrará 2024 con un déficit del 0,7 %. Será la comunidad con más déficit, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (0,8 %) y Murcia (1,5 %).

Con este panorama resultaba muy difícil cumplir los compromisos de Sánchez con ERC para la investidura de Salvador Illa; compromisos que, entre otras cosas, implicaban 15.000 millones de euros para empezar a hablar. Tampoco las cosas estaban bien con Junts. El año pasado el Ministerio de Hacienda tuvo que retirar la votación sobre la senda fiscal en el Congreso tras haber perdido su apoyo en una primera votación en junio. Mientras el Gobierno proponía un gasto para las comunidades autónomas del 0,1 %, Junts defendía aumentarla hasta el 0,8 %. No hubo acuerdo posible y el Gobierno renunció a la senda y a los Presupuestos. Y así seguimos.

Todo empantanado hasta la ocurrencia de María Jesús Montero. O mejor dicho, hasta la amenaza de Carles Puigdemont, que fue unas horas antes. Efectivamente, el 9 de febrero, en su homilía dominical, el expresidente de la Generalitat anunció que el grupo parlamentario de Junts había registrado una iniciativa en el Congreso para pedir una cuestión de confianza a Pedro Sánchez. La reacción del Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero de negociador fue inmediata. El expresidente del Gobierno cerró un acuerdo para que los Mossos d’Esquadra trabajen junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil en el control de fronteras a imitación del modelo alemán. No se habló de la cesión integral de las competencias de inmigración a Cataluña, tal y como pedía Carles Puigdemont, pero este se sintió feliz de poder volver a sacar la cabeza tras su amenaza. Poco le iba a durar la alegría.

La siguiente puesta en escena tuvo lugar ese mismo lunes a las 11 de la mañana. Oriol Junqueras reapareció en todo su esplendor. El presidente de ERC anunció que su partido había llegado a un acuerdo con el Gobierno para condonar parte la deuda del FLA a la Generalitat: 17.103,95 millones de euros, 2.000 más de lo que pactaron en su día. «Es fácil constatar que hemos ido más allá de lo inicialmente previsto». Illa también se había salvado.

Esquerra, que puso esta condición a Sánchez para apoyar a Illa, ahora también exigía poder anunciarla para frenar los humos a Puigdemont

El líder republicano explicó también que la condonación de la deuda se aprobaría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebraría el siguiente miércoles y, después, debería ser ratificado por el Congreso de los Diputados. De nuevo los republicanos anunciaban los acuerdos del Gobierno central con la Generalitat. Esquerra, que puso esta condición a Sánchez para apoyar a Illa, ahora también exigía poder anunciarla para frenar los humos a Puigdemont. Todo salió redondo salvo que la que se quedó compuesta y sin novio fue María Jesús Montero.

La siguiente escena fue de la vicepresidenta primera del Gobierno con poco éxito. Horas después de que Junqueras desvelara el acuerdo, tuvo que salir Montero para anunciar que el Estado asumiría 83.252 millones euros de deuda de «todas» las comunidades autónomas y que llevaría esta propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ya saben, en el que participan Hacienda y las comunidades autónomas. Pero también aprovechó la rueda de prensa para desgranar un plan contable de «quitas» con cada comunidad que nada tenía que ver con la realidad de cada territorio. El disparate le duró hasta el mismo miércoles en el que todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP abandonaron en bloque el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que Hacienda, con mayoría, aprobó la propuesta de condonación. Ahora tendrá que aprobarse en el Congreso.

Lo peor de esta quita es que ni siquiera es quita; ni tampoco pretende beneficiar a todas las regiones

El mejor análisis sobre la 'propuesta Montero' lo he leído precisamente en este diario del profesor Mikel Buesa: «Lo peor de todo es que la quita de deuda es el inicio de un proceso que conducirá inevitablemente a un empeoramiento del nivel de bienestar de los españoles, de su nivel de renta». Y añado yo: lo peor de esta quita es que ni siquiera es quita; ni tampoco pretende beneficiar a todas las regiones. Lo único que busca es tranquilizar —no sabemos por cuanto tiempo— las pretensiones de los partidos nacionalistas para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa unos meses más. Lamentable.

Pero la semana nos ha dejado también algunas buenas noticias. ¿Recuerdan cuando les decía que España estaba muy barata? Pues seguimos en ello, salvo que al Gobierno Vasco se le ocurra de nuevo intervenir y quedarse otra empresa como Talgo. Multiply Group, el holding de la familia real de Abu Dabi acordó con CVC y PAI la compra del 68 % del grupo español textil Tendam, propietario de marcas como Cortefiel, Springfield, Women´Secret o Pedro del Hierro por unos 1.500 millones. Los árabes siguen comprando. Y barato. Buenas noticias también para los trabajadores del grupo.

También les contaba que la injerencia del Gobierno en las empresas prometía colocar a todos los amigos del Presidente en los Consejos de Administración. Pero nunca pensé que el lío de Pallete acabaría con el nombramiento de Carlos Ocaña, famoso por ser coautor de la tesis/plagio de Sánchez, como vicepresidente de Telefónica. Vivir para ver.

Menos mal que María Jesús Montero anunció el viernes que Hacienda está investigando si hubo irregularidades en la contratación de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, por dos empresas públicas: Ineco y Tragsatec. Dice que no la llamaron nunca para ir a trabajar. Deben ser cosas de las empresas públicas. Sí que va a tener que investigar.