Digitalización o ruina: cómo hemos dilapidado 88.000 millones
La mayoría de los contratos públicos no se realizan por la modalidad de oposiciones, ni siquiera de contratos laborales, sino por selección a «digital», a dedo, como se ha hecho con el hermano de Sánchez
El siglo XXI se ha caracterizado por los grandes avances tecnológicos que hemos tenido. Desde el nacimiento de Facebook en 2004, el anuncio de Amazon sobre la computación en la nube y su Amazon Web Services en 2006, al lanzamiento del primer iPhone en 2007, el primer anuncio sobre blockchain y la aparición del Bitcoin en 2008, la primera impresora 3D en 2010, el primer anuncio de un coche autónomo en 2012 por Google, las redes 5G en 2018 o la explosión de la Inteligencia Artificial Generativa en 2023.
En definitiva, la Digitalización que realmente fue anunciada por Claude Shannon en 1948, pero que empieza a convertirse en la palabra de moda en los 80 con Bill Gates, es hoy una realidad incuestionable.
La utilización de todas las capacidades que hoy tenemos en nuestras manos debería servir para reducir, de forma drástica, todos los procesos administrativos de una Administración Pública, que permitiese centrar los recursos en la seguridad, en la educación, en la sanidad y en los servicios de valor añadido que puede producir una administración moderna a sus ciudadanos, haciéndoles la vida más cómoda y sencilla, evitando duplicidades y cargas administrativas repetitivas, como tener que presentar el mismo documento en un Ayuntamiento, en una Comunidad, en la Seguridad Social o en cualquier ministerio.
Pero está claro que, para Pedro Sánchez, es preferible que haya más empleados públicos a los que tener sometidos, para así estar convencido de que obtendrá más votos. La compra de votos por incremento de empleados públicos está a la orden del día y se está ejecutando de forma metódica y sin freno. La mayoría de los contratos públicos no se realizan por la modalidad de oposiciones, ni siquiera de contratos laborales, sino por selección a «digital», a dedo, como se ha hecho con el hermano de Sánchez y así siempre entran votantes seleccionados por los partidos.
A nuestra Administración Pública le sobran 28.000 millones de salarios, si queremos ser una administración más eficiente y no una administración que paraliza, pone trabas y dificulta la vida de sus ciudadanos. Hay que modernizar, digitalizar y transformar nuestros procesos y aprovechar la jubilación de los empleados públicos para reducir la elefantiásica administración que tenemos hoy y que ya ha llegado a un coste de 172.350 millones de euros, creciendo un 35% desde que está Sánchez al frente del Gobierno Central.
Para que lo vean he hecho lo siguiente: he preparado un cuadro en el que la primera columna de la tabla está lo que hemos ido pagando a lo largo de estos últimos años en salarios públicos, en la siguiente lo que se ha incrementado en valor absoluto nuestro coste público, en la tercera columna lo que supone el incremento en porcentaje y en la cuarta lo que hemos subido los salarios a los empleados públicos oficialmente.
Si se hubiese acordado modernizar la Administración y no contratar a nadie, salvo para cubrir las jubilaciones, y hubiésemos fijado un techo de gasto igual a los gastos salariales del 2018 más el incremento de las subidas de salarios, nos da que hoy, en lugar de estar pagando 172.350 millones, estaríamos pagando 144.410 millones, equivalentes 27.940 millones menos y nos hubiéramos ahorrado en este período 88.381 millones:
Cómo pueden ver, medidas de este tipo producen sus efectos a medio y largo plazo. El primer año de su implantación sólo ahorras 3.192 millones, que sigue subiendo acumulativamente año a año, y al sexto año estamos ahorrando 27.940 millones anuales y lo que es mejor, que seguiríamos teniendo capacidad para reducir, hasta llegar al nivel de que los salarios dejasen de representar el 24 % del total del gasto y pasasen a representar un máximo del 18 % (con esta fórmula estaríamos en un 20,8 %).
Para hacer esto, lo que necesitaríamos es utilizar parte del dinero del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y coger a las consultoras de procesos y liarse la manta a la cabeza a digitalizar el máximo de procesos posibles, utilizar la computación en la nube y facilitar la vida al ciudadano además la implantación de una solución como está y con los mismos impuestos podríamos haber bajado la deuda en 88.000 millones, o haber mejorado la salud financiera de los ciudadanos bajando IRPF e IVA en esos importes, que hubiese tenido un poder dinamizador en el consumo privado y en la producción de bienes y servicios internos.
Esto se puede hacer y ya se ha hecho en países como Alemania, donde los salarios públicos representan un 17,7 % del total del gasto público.
Querer es poder y para ello solo hace falta la voluntad de los políticos y poner encima de la mesa que lo que hemos construido hay que ir desmontándolo a la voz de ya, porque no es eficiente, solo sirve para generar voto cautivo y eso no es la democracia.
