Transición Ecológica, el Ministerio de la Letalidad
Teresa Ribera deja como legado 230 muertos y el gran apagón eléctrico de nuestro país, a pesar de haber gestionado 70.000 millones de euros
Pedro Sánchez empieza a dar muestras de ser un auténtico gafe. Desde que llegó a La Moncloa, hemos sufrido una pandemia que nos costó más de 140.000 muertos y provocó que nuestra economía fuera la que peor respondió de toda la Unión Europea. Hemos visto cómo unas lluvias torrenciales –avisadas, conocidas y anticipadas– provocaron el desbordamiento de ríos y ramblas (como el barranco del Poyo), y causaron casi 230 muertos. Y su última gran pifia ha sido el gran apagón que ha afectado a toda la Península, arrastrando incluso a Portugal.
Estas dos últimas desgracias tienen su origen claramente en un Ministerio que debería dejar de llamarse de Transición Ecológica y pasar a llamarse directamente Ministerio de la Letalidad.
El sectarismo es una de las principales señas de identidad de este Ministerio: se negó y sigue negándose a limpiar las ramblas, cauces normalmente secos la mayor parte del tiempo, pero susceptibles a crecidas repentinas durante episodios de lluvias intensas, como el barranco del Poyo, que deberían estar impolutos, aunque los sectores más radicales del ecologismo lo prohíben.
El Ministerio de la Letalidad también se comporta como un talibán respecto al modelo energético actual, pretendiendo cerrar las centrales nucleares, que en 2024 representaron el 19,6 % del total de nuestra producción energética.
Este Ministerio ha gestionado, desde la llegada de Sánchez, la impresionante cifra de 70.000 millones de euros
Lo más grave es que este Ministerio ha gestionado, desde que Sánchez llegó al Gobierno, la impresionante cifra de casi 70.000 millones de euros para desarrollar una auténtica política energética que nos hiciera ser la admiración de la Unión Europea.
De esos 70.000 millones disponibles para inversión, 22.000 millones provinieron de los Fondos Next Generation y estaban destinados a temas energéticos, uno de los tres pilares del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sin embargo, solo el 15,3 % de ese dinero –es decir, 10.700 millones de euros– se ha destinado al desarrollo energético y a la gestión del agua, como veremos a continuación.
Todo esto indica que el dinero se ha empleado en cuestiones ajenas a la mejora del equilibrio energético del país y al mantenimiento de nuestras cuencas hidrográficas, que deben garantizar el abastecimiento de agua para los sectores económicos y los ciudadanos.
Hemos tirado a la basura 70.000 millones de euros de los impuestos de los españoles, gastándolos en acciones que no han evitado ni el desbordamiento de ríos y ramblas ni un apagón energético.
Para que todos lo tengamos claro y podamos exigir al Gobierno las responsabilidades pertinentes, he preparado este cuadro. Todos los datos provienen de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE):
Como pueden ver, la suma exacta de los créditos definitivos del Ministerio que dirigió Teresa Ribera hasta finales de 2024 ha sido de 69.766 millones de euros, con un máximo de 18.791 millones en 2022.
En esta otra tabla se observa que, de esos 69.766 millones, 22.082 millones procedieron de la Unión Europea. Esto significa que un solo ministerio recibió el 46 % del total de los fondos enviados desde Bruselas.
Veamos cómo se ha distribuido el presupuesto para desarrollo energético en 2024. De los 1.782 millones de euros gestionados por Teresa Ribera, se destinaron:
- A normativa y desarrollo energético: 814,4 millones de euros
- Al capítulo C31.103, esquema para apoyar la cadena de valor en energías renovables: 600 millones de euros
- Al capítulo C31.104, infraestructuras eléctricas: 368,3 millones de euros
De los 5.431 millones de los Fondos Next Generation y de los 11.682 millones del presupuesto total, solo se asignaron a infraestructuras eléctricas 368 millones.
En cuanto a la gestión del agua, la ministra Ribera destinó en 2024 un total de 879 millones de euros, distribuidos así:
- Gestión e infraestructuras del agua: 281,4 millones
- Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos: 396,6 millones
- Calidad del agua: 201,6 millones
Como pueden ver, en 2024 nuestra vicepresidenta segunda y ministra de la Letalidad parecía tener una obsesión regulatoria, ya que entre energía y agua se destinaron 1.211 millones a normativas, lo que representa el 45,5 % del total invertido en estos dos ámbitos.
¿No les parece a ustedes un poco extraño que, teniendo un Congreso y un Senado como órganos legislativos de nuestro país, se dedicara en un solo año 1.211 millones de euros a normativas?
¿No les resulta también llamativo que a infraestructuras eléctricas solo se asignaran 368,3 millones de euros, un escaso 3,2 % del presupuesto total?
A mí todo esto me suena a una tomadura de pelo, mal uso de los caudales públicos, incompetencia, falta de sentido común... y prefiero no decir más, porque no tengo pruebas, pero si yo estuviera en el Tribunal de Cuentas pediría muchas explicaciones sobre adónde han ido esos 1.211 millones en normativas.
La realidad es que Teresa Ribera deja como legado 230 muertos y el gran apagón eléctrico de nuestro país, a pesar de haber gestionado 70.000 millones de euros. Y su jefe, que nunca asume responsabilidad alguna, es precisamente por eso un irresponsable.