El repunte de los concursos desmonta el triunfalismo del Gobierno: «Todavía no nos hemos recuperado de la crisis postpandemia»

El sistema de Segunda Oportunidad –creado para liberar a particulares y autónomos de deudas imposibles de pagar– está viviendo un auge inesperado. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los concursos presentados por personas físicas se han disparado un 44 % en el primer trimestre de 2025, un incremento que apunta a un récord histórico si la tendencia se mantiene. Este repunte contrasta con el discurso triunfalista del Gobierno y evidencia que la recuperación económica no termina de llegar a familias y pequeños empresarios.

Este repunte fue el tema central durante el II Congreso Nacional de Segunda Oportunidad organizado el pasado jueves por el Colegio de la Abogacía de Madrid (Icam). Durante el mismo, el diputado Javier Mata defendió que debe interpretarse no como un fracaso económico, sino como «un éxito de la ley». No obstante, también reconoció que esta evolución «merece un análisis sociológico», ya que está directamente relacionada con el desajuste entre los ingresos de muchas familias y el incremento del coste de vida, especialmente en el acceso a la vivienda.

La Ley de Segunda Oportunidad es el mecanismo legal que permite a personas físicas –tanto particulares como autónomos– cancelar total o parcialmente sus deudas cuando se encuentran en una situación de insolvencia insalvable. Para poder acogerse a este procedimiento, el afectado debe iniciar un concurso de acreedores, igual que una empresa en quiebra.

En los últimos meses, sobre todo entre mayo y junio, los expertos han observado un crecimiento notable en el número de procedimientos. Este auge coincide con el fin de los periodos de carencia de los créditos ICO concedidos durante la pandemia y con una presión económica creciente sobre hogares y autónomos. «Muchos de los afectados creyeron que el aval estatal del 80 % los protegía en caso de impago, pero las entidades financieras están reclamando el 100 % del importe», explica Emilio J. Sánchez, abogado y socio de Asoban Abogados, despacho especializado en esta materia.

Desde la pandemia, la mayoría de quienes acuden a este mecanismo son pequeños empresarios y autónomos que recurrieron a financiación para mantener sus negocios durante los meses más duros del confinamiento. Hoy, la exigencia actual de devolver el total de los préstamos ICO covid, pese al aval estatal, ha sido el detonante de su situación de insolvencia.

El perfil del concursado se ha ampliado a trabajadores de clase media y familias atrapadas en préstamos personales, tarjetas revolving o microcréditos

Pero no son los únicos. Sánchez advierte de que el perfil del concursado se ha ampliado a trabajadores de clase media y familias atrapadas en préstamos personales, tarjetas revolving o microcréditos. «Con la subida del coste de vida, estas deudas se han vuelto simplemente insostenibles», señala. En ambos casos, el concurso de acreedores se ha convertido en la única vía para evitar el colapso financiero.

Desde un punto de vista jurídico, el uso creciente de la ley es valorado de forma positiva por los expertos ya revela que cada vez más personas están accediendo a un mecanismo legal para liberarse de cargas inasumibles. Pero Sánchez subraya un matiz clave: «Este repunte refleja una fragilidad económica estructural entre trabajadores, autónomos y pequeños negocios que aún no se han recuperado de la crisis postpandemia».

Un sistema que castiga al emprendedor

El sistema, sin embargo, no está exento de críticas. Sebastián Sastre, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad CEU Abad Oliva, alertó recientemente en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña que el modelo actual «penaliza a los emprendedores» al aplicar criterios más severos que a los consumidores. «Mientras que estos últimos pueden acceder con mayor facilidad a la exoneración, incluso en casos de consumo impulsivo, los autónomos deben superar filtros más exigentes», advertía entonces.

Y es que, en la práctica, la Ley tiende a ser más exigente con autónomos y emprendedores, aplicando criterios más estrictos sobre requisitos como la buena fe, el historial de pagos o la inexistencia de culpa grave. En cambio, los consumidores acceden a la exoneración del pasivo insatisfecho con mayor facilidad, incluso en casos de consumo impulsivo o endeudamiento irresponsable. «Esto crea una desigualdad injusta y desincentiva el emprendimiento», añade Sánchez, que advierte de que no se puede penalizar a quien arriesga su patrimonio para generar actividad económica.

Falta de información e inseguridad jurídica

A esta problemática se suma la desinformación. Muchos ciudadanos desconocen que pueden acogerse a esta ley, ya sea para cancelar sus deudas por completo o para reestructurarlas de forma realista. «Creen erróneamente que no cumplen los requisitos, cuando en realidad muchas más personas de las que imaginan tienen derecho a solicitar esta vía legal», afirma Sánchez.

Además, persiste una preocupante inseguridad jurídica. Conceptos clave como el de «buena fe» o la evaluación del historial económico siguen siendo interpretados de forma dispar por los tribunales, lo que genera dudas y frena a muchos posibles solicitantes.

«La clave es actuar cuanto antes, informarse bien y ponerse en manos de especialistas que conocen el terreno jurídico y pueden abrir esa puerta hacia una segunda oportunidad económica real», concluye este abogado. De hecho, desde su despacho han logrado sentencias pioneras que limitan la responsabilidad de los deudores de préstamos ICO al 20 %, reconociendo la falta de transparencia bancaria. También se han conseguido numerosas exoneraciones de pasivo insatisfecho para familias endeudadas.