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Booking elimina 4.000 anuncios de pisos turísticos, la mayoría en Canarias, tras un requerimiento de Consumo
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Booking ha retirado un total de 4.093 anuncios de alojamientos turísticos en España, la mayoría de ellos situados en Canarias, tras un requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Según explicó el departamento encabezado por Pablo Bustinduy, la solicitud respondía a la detección de publicidad ilegal en la plataforma.
Además de en Canarias, la eliminación de anuncios afecta a otras comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. El ministerio ha valorado de forma positiva la cooperación prestada por la empresa estadounidense una vez recibido el requerimiento, al tiempo que ha recordado la importancia de adecuar todos los contenidos publicitarios a la normativa vigente.
En este contexto, el ministro Pablo Bustinduy advirtió que «la proliferación indiscriminada» de viviendas turísticas es uno de los factores que contribuyen a las «dificultades» para acceder a una vivienda digna, especialmente en aquellas zonas de mayor presión turística.
Esta intervención por parte del Ministerio de Consumo se produce apenas una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) respaldara la eliminación de 5.800 anuncios publicados en la plataforma Airbnb, al desestimar un recurso de reposición presentado por esta compañía. Airbnb respondió calificando esta resolución judicial como una «decisión preliminar» que «no entra en el fondo del caso». En declaraciones a Europa Press, la empresa argumentó que las actuaciones del Ministerio «van en contra» de la legislación española aplicable.
En mayo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 solicitó el bloqueo de casi 66.000 anuncios de viviendas turísticas presuntamente ilegales. La retirada de los 4.093 anuncios por parte de Booking corresponde únicamente al primero de tres requerimientos realizados por el ministerio.
Respecto a las infracciones detectadas, Consumo explicó que tanto en el caso de los anuncios retirados por Booking como en los denunciados a Airbnb, las prácticas ilícitas detectadas se agrupan en tres grandes categorías.
En primer lugar, se identificaron anuncios que no incluían el número de licencia o registro turístico, requisito obligatorio en diversas normativas autonómicas. Esta falta de información representa la irregularidad más común entre los casos analizados.
En segundo lugar, muchos anuncios no especificaban la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo que impide determinar si se trata de particulares o profesionales. Esta omisión resulta determinante, ya que condiciona el nivel de protección al que tiene derecho el consumidor.
Por último, se encontraron casos en los que los anuncios ofrecían licencias falsas o que no habían sido expedidas por las autoridades competentes, lo que, en palabras del Ministerio, «puede inducir a error o a engaño» a los consumidores.
