La Justicia de EE.UU. eleva en otros 35 millones los posibles embargos contra España por las renovables

España encaja una nueva decisión judicial adversa por los impagos retroactivos a las renovables. El Tribunal del Distrito de Columbia acaba de rechazar el intento del Estado de tumbar la jurisdicción de los tribunales americanos para juzgar sobre uno de los impagos pendientes por el recorte retroactivo de las primas a las renovables.

En cambio, la Justicia americana respalda el laudo arbitral del CIADI que condena a España en el caso de los impagos a Infrared, una de las decenas de compañías que pleiteó contra nuestro país. En su caso, afectó a proyectos instalados en Andalucía y Extremadura.

La deuda, hoy en manos del fondo Blasket Renewable Investment, asciende a unos 35 millones de euros; de los cuales 28,2 corresponden al principal y el resto a intereses. Una cuantía que es susceptible de ser embargada a España, de cuentas bancarias o de bienes españoles en territorio americano, después de una decisión judicial del pasado mes de diciembre.

Al caso de Infrared se suma el fallo judicial del pasado 14 de agosto por los casos RREEF y Antin, que suman otros 200 millones de euros. Además, los reclamantes esperan una decisión judicial en la reclamación de la empresa Eurus, vinculada al grupo empresarial japonés Toyota.

El CIADI, el pasado agosto, ya rechazó la anulación del laudo que pedía España, de unos cien millones de euros. Esta reclamación se ha trasladado también a EE.UU., «donde también ha sido registrada con éxito», afirman fuentes de los reclamantes. El resultado es que la factura potencial de los embargos a España en EE.UU. ronda los 360 millones de euros, siempre según los demandantes.

La situación se remonta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó jugosas compensaciones para los inversores que apostaran por instalar capacidad de generación renovable en España. Por entones, el coste del MW era diez veces mayor que en la actualidad, y los incentivos permitieron que España captara hasta 70.000 millones en inversiones. Sin embargo, la crisis financiera obligó a recortar posteriormente dichas ayudas de manera retroactiva, lo que dejó atrapadas a centenares de empresas.

España ha sufrido varapalos similares en otros países anglosajones. En Reino Unido, un juez ya ordenó el embargo de cuentas españolas y de la sede del Instituto Cervantes, así como de la sede del mismo y el usufructo de 26 % del aeropuerto de Luton que posee Aena –posteriormente dejándolo sin efecto, tras un acuerdo entre las partes–. Y en Australia, la justicia de aquel país acaba de avalar la ejecución de laudos contra nuestro país por valor de 469 millones de euros, abriendo la puerta a embargos en aquel país, con los buques de la española Navantia para la Armada australiana en el punto de mira.

Respaldo de Bruselas

Por el contrario, la estrategia de Teresa Ribera primero y Sara Aagesen después de no pagar los laudos condenatorios encontró un aval en Bruselas. En marzo, la Comisión dictaminó que pagar al fondo Antin la compensación fijada por un laudo arbitral se consideraría una ayuda de Estado ilegal, lo que desde Transición Ecológica se interpretó como un respaldo clave de la que, consideran, «es la única institución competente para decidir sobre ayudas de estado». Solo en un caso el Estado ha decidido pagar, en el de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation, el pasado junio.

Desde Transición Ecológica consideran, no obstante, que estos fallos en tribunales extracomunitarios no implican necesariamente que los reclamantes vayan a cobrar. «El pasado mes de febrero un tribunal holandés falló que dos sociedades holandesas, AES Solar y Ampere, que vendieron sus derechos de cobro, tendrán que indemnizar a España si la Comisión considera los laudos Ayuda de Estado y un tribunal de un tercer país ordena su pago y España se ve forzada a pagar», afirman.

Los inversores llegaron a presentar 51 arbitrajes contra España, por una cuantía total de 10.635 millones, que se ha ido diluyendo con el paso de los años. Pese a ello, según los reclamantes, España ya adeuda 1.874 millones por las condenas, mientras que el daño reputacional alcanza los 19.926 millones por la incertidumbre y la inseguridad jurídica causada.